1
El Consejo General del Poder Judicial
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está previsto en el art. 122 CE como órgano de
gobierno del Poder Judicial. Introducido por primera vez en la Constitución de 1978, se inspira
principalmente en el modelo italiano y tiene como finalidad esencial garantizar la independencia
judicial, sustrayendo al Poder Ejecutivo las decisiones que afectan al estatuto profesional de jueces y
magistrados, especialmente relevante en un sistema de juez de carrera. No se trata, sin embargo, de
una institución imprescindible en toda democracia constitucional, como demuestra el derecho
comparado, ni la Constitución contiene un diseño completo del mismo, dejando un amplio margen de
configuración al legislador orgánico.
El CGPJ es órgano de gobierno, pero no de dirección política ni administrativa de la función
jurisdiccional, que corresponde exclusivamente a juzgados y tribunales (art. 117.3 CE). Su “gobierno”
se refiere al estatuto de jueces y magistrados, pudiendo adoptar decisiones de oportunidad en
materias como productividad, organización judicial o bases de acceso, sin interferir en la potestad
jurisdiccional. Además, el CGPJ no forma parte del Poder Judicial, lo que implica que no ejerce
jurisdicción ni representa a los órganos judiciales, y que sus actos tienen naturaleza administrativa,
sometidos al control contencioso-administrativo.
Las atribuciones del CGPJ se fijan por ley orgánica, aunque el art. 122.2 CE reserva un núcleo
esencial en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario, directamente
vinculado a la independencia judicial. A ello se añaden funciones constitucionales específicas, como
ser oído en el nombramiento del Fiscal General del Estado y designar a dos magistrados del
Tribunal Constitucional. El legislador puede ampliar sus funciones, pero la tendencia ha sido
mantener la mayor parte de la gestión de la Administración de Justicia en el Poder Ejecutivo,
respetando ese núcleo intangible. Los actos del CGPJ están sujetos a control jurisdiccional intenso y
no existe responsabilidad política ante las Cortes, salvo la presentación de la memoria anual por su
Presidente.
Aunque suele calificarse al CGPJ como órgano constitucional, esta denominación no conlleva
consecuencias automáticas, sino las que resulten de su concreta regulación. Goza de autonomía
administrativa y presupuestaria por decisión legal, y la prórroga de sus funciones en caso de retraso
en la renovación se justifica por la necesidad de continuidad institucional, sin que exista una única
solución constitucionalmente impuesta.
La designación de sus miembros se regula en el art. 122.3 CE. El CGPJ se compone del Presidente
del Tribunal Supremo, que lo preside y es elegido por el propio Consejo, y de veinte vocales con
mandato de cinco años: doce jueces o magistrados de todas las categorías y ocho juristas de
reconocida competencia con más de quince años de ejercicio, elegidos estos últimos por las
Cámaras por mayoría de tres quintos. La mayor controversia ha recaído históricamente sobre la
designación de los doce vocales de origen judicial. Aunque inicialmente se concibió su elección por
la propia carrera judicial, el Tribunal Constitucional declaró conforme a la Constitución su
designación parlamentaria, advirtiendo del riesgo de reparto por cuotas. El sistema vigente,
confirmado por la STC 191/2016, prevé su elección por las Cámaras, entre jueces y magistrados
avalados por asociaciones judiciales o por compañeros. Desde un punto de vista constitucional, el
legislador dispone de un amplio margen para regular este aspecto.
