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5. LOS SERVICIOS SOCIALES FRENTE A LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
5.1. El debate sobre la pobreza y exclusión social en la actualidad.
El desarrollo del capitalismo ha dado lugar a distintas formas de pobreza y a la construcción del concepto de exclusión. La exclusión social supone la ruptura de la relación dinámica y equilibrada de contribuciones- retribuciones (individuo-sociedad/sociedad-individuo). Equilibrar este intercambio para convertirlo en una relación de reciprocidad positiva sigue siendo uno de los objetivos fundamentales del desarrollo de la protección y la solidaridad social. Protección que nace para terminar con el paternalismo y para el reconocimiento de la igualdad real de los ciudadanos.
Las estructuras jurídico-políticas que se crean, son las responsables de poner en marcha políticas públicas de carácter social. La nueva cuestión social (los llamados nuevos pobres debido a la precarización y el desempleo), conforma una nueva etapa de la sociedad industrial caracterizada por el incremento de la desigualdad social, la vulnerabilidad y la exclusión de un número cada vez mayor de personas, muchas de ellas jóvenes en el umbral de poder convertirse en población activa y dinámica.
Si antes las situaciones de desigualdad afectaban a colectivos específicos, que ya habían desarrollado sus propias pautas de defensa y de ayuda mutua, actualmente las situaciones de carencia de bienes y servicios son muchísimo más heterogéneas y se producen de manera más aleatoria debido a la crisis, el replanteamiento del Estado de bienestar y los efectos de la globalización económica. A esta reducción de la cobertura pública en las nuevas situaciones de desigualdad hay que añadir la creciente precariedad en el ámbito laboral.
Entre los colectivos afectados se acumulan a menudo situaciones de carencia económica junto con otras relativas a la soledad, la escasez de redes sociales o familiares, dificultades de acceso al mercado formal de trabajo, baja formación, mala salud, etc.
Por ello, la exclusión social no puede ser considerada como pobreza económica, sino que es una acumulación de barreras y límites que dejan fuera de la participación en la vida social mayoritaria a quienes la padecen. De este modo la pobreza se ha convertido en un término más restrictivo, referido específicamente a los aspectos económicos, mientras que el concepto de exclusión es más amplio y considera situaciones como: La pobreza económica extrema, grandes dificultades de acceso al empleo, acceso muy limitado a la educación, dificultades para hacer efectivo el acceso a la salud, falta de acceso a una vivienda digna y grandes dificultades en el ámbito de relaciones familiares y sociales.
Es importante el análisis de los recursos económicos en la determinación de la exclusión social; el volumen de recursos económicos de que dispone una familia es un indicador muy sólido de la posición social alcanzada. Hay dos aproximaciones que sirven de medida de la desigualdad socioeconómica: la pobreza relativa (riesgo de pobreza) y la pobreza extrema o absoluta (persistente).
Para poder evaluar la naturaleza multidimensional de la exclusión social se establecieron un numero de indicadores, diferenciándolos como primarios (ámbitos determinantes de la exclusión social) y secundarios (complementan a los primarios y describen otras dimensiones del problema), que fueron: tasa de renta baja, distribución de la renta, persistencia de renta baja, desfase de la renta baja mediana, cohesión regional, tasa de desempleo de larga duración, personas que viven en hogares en los que no trabaja ninguno de sus miembros, personas que abandonan prematuramente la enseñanza y no siguen ningún tipo de educación o formación, esperanza de vida al nacer, y percepción del propio estado de salud.
Las medidas económicas adoptadas, sobretodo en Europa a partir del 2010, han contribuido a que los recursos económicos recuperen el protagonismo en los procesos de exclusión. Tanto la pobreza como la exclusión social (pero sobretodo el aumento de las desigualdades) están poniendo en peligro la democracia y los procesos de participación ciudadana. Algunos sectores de la ciudadanía, ven que sus dificultades económicas van acompañadas de recortes en las prestaciones sociales, resquebrajando así un tejido social construido a lo largo de estos años y poniendo en peligro la cohesión social.
5.2. La actuación europea en la lucha contra la pobreza y la exclusión social
En Europa, la crisis del año 1973 rompió las expectativas del crecimiento económico e hizo resurgir el tema de la restructuración del modelo económico europeo para incrementar la productividad. A la vez que se planteaba la necesidad de adoptar una política social comunitaria que comprometiera a todos los Estados miembros en la lucha contra la pobreza, se apoyaban las iniciativas y experiencias dirigidas a aquel objetivo productivo, para garantizar así la cohesión social. Este ha sido el detonante que ha marcado un mayor desarrollo de las políticas de intervención social a escala nacional.
En 1975 se puso en marcha el I Programa Europeo de Lucha contra la Pobreza , que estaba marcado por la preocupación por su extensión y el intento de diagnosticarla y cuantificarla. En 1985 se inició el II Programa de Lucha contra la pobreza , que insistía en intervenciones dirigidas a determinados colectivos vulnerables. En 1989 se aprobó el III Programa Europeo de Lucha contra la pobreza , que proponía una intervención integral apoyada en tres dimensiones: la pluridimensionalidad de la pobreza, la participación de los menos favorecidos y el partenariado (la participación de agentes sociales, políticos y económicos).
En 1992 se adoptó una recomendación del Consejo Europeo sobre las rentas mínimas que convertía la garantía de ingresos para todos los ciudadanos en un elemento para incorporar en la política social europea. En 1993, el Libro Verde y el Libro Blanco de la Política Social Europea reafirmaron que la pobreza no significaba únicamente ingresos insuficientes, sino que se define por la participación en el mundo del trabajo, el acceso a la vivienda, la educación, la salud y todos los servicios. Además se entendía que no sólo concernía a los individuos con graves dificultades, sino también a los grupos sometidos a discriminación, a segregación o debilitamiento de las formas tradicionales de las relaciones sociales.
El Consejo Europeo de Lisboa de 2000 incorporó la integración social como indispensable y consideraba necesaria la adopción de medidas que tuvieran un impacto decisivo en la erradicación de la pobreza, ya que veía inaceptable el número de personas que vivían por debajo del umbral de la pobreza y que estaban excluidas socialmente en la Unión Europea.
De acuerdo con el art. 13 del Tratado de Ámsterdam, a finales de 2000 se aprobó un nuevo Programa de acción comunitaria de lucha contra la discriminación en el que se formulaba una estrategia para combatirla. En la Cumbre de Niza de ese mismo año se aprobó una nueva Agenda de Política Social, para transformar los compromisos políticos acordados en Lisboa en acciones concretas.
En 2001 se pusieron en marcha el IV Programa Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión y los planes anuales de Lucha contra la Exclusión.
La estrategia de Lisboa renovada, señalaba la relevancia de combinar crecimiento económico y bienestar social, sin olvidar la reducción de las desigualdades y la prevención de la exclusión social. Estos objetivos se concretaban en: reforzar el acceso al mercado laboral centrándose específicamente en las mujeres y otros grupos vulnerables; garantizar recursos económicos mínimos, haciendo especial hincapié en los grupos vulnerables como personas con salarios y pensiones bajos; asegurar la equidad en la educación; conseguir la integración de los inmigrantes; y garantizar los derechos y los servicios y prestaciones de apoyo social a las personas en situación de dependencia. Estos cinco objetivos resumen la larga trayectoria europea de la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
5.3. Programas nacionales de lucha contra la pobreza y la exclusión social y planes para la inclusión social
Las actuaciones europeas de lucha contra la pobreza y la exclusión social han constituido una forma de impulsar y trasponer diferentes medidas y programas a los distintos países con el objetivo de reducir las situaciones de exclusión social. En el caso español, la acción europea tuvo su expresión inicial en la puesta en marcha, en 1987, del denominado Programa para situaciones de necesidad. Se daba así cabida al II Programa Europeo de la lucha contra la pobreza, planteado como aplicación de proyectos de “acción-investigación”, de naturaleza
tiempos de expansión económica en los que el desempleo era una situación transitoria y corta, propia de los ajustes del mercado.
Desde mediados de la década de los 60, se empieza a cuestionar la eficacia de las modernas políticas de protección social como un instrumento para atajar las situaciones de pobreza. Las condiciones laborales han provocado el desarrollo de un fenómeno social nuevo: el desempleo masivo, que aboca a una parte importante de la población a la exclusión del mercado de trabajo. Se van consolidando unas relaciones laborales marcadas por la precariedad, el paro recurrente y el de larga duración (nueva cuestión social). Se produce, en definitiva, una profunda trasformación en la relación de las personas con el trabajo en el ámbito de una sociedad de consumo en la que ser pobre no significa sólo encontrarse sin trabajo, sino fundamentalmente quedar excluido de los beneficios de mercado y, por lo tanto, ser expulsado del mismo como consumidor.
En España entre finales de los años 80 y principios de los 90, las organizaciones sindicales incluyeron en la Propuesta Sindical Prioritaria (instrumento para la negociación sindicatos-gobierno) que se implantaran los dispositivos de garantía de ingresos mínimos que se debían desarrollar en el ámbito estatal. Las presiones para que la Administración General del Estado los estableciera resultaron infructuosas y fueron las comunidades autónomas las que acordaron incorporar acciones en este sentido. La estructuración y desarrollo del denominado entonces “salario social” fue de carácter muy desigual en el ámbito regional español.
Entre 1989 y 2001 se implantó en España el sistema de rentas mínimas adoptados por las distintas comunidades autonómicas (la primera la vasca) que, a pesar de contar con elementos comunes en aspectos normativos y de concesión, han dado lugar a un complejo mosaico de denominaciones, contenidos, estrategias, recursos y resultados. Después del País Vasco, todas las comunidades han establecido un modelo que reconoce por ley el derecho a unos ingresos mínimos.
Las características de los programas se asemejan a los existentes en otros países europeos, cuyos elementos más importantes son: la existencia de una cuantía económica que garantiza unos ingresos mínimos como derecho subjetivo, sometido a prueba de necesidad y relacionada/condicionada a la participación por parte del perceptor en acciones de integración social o de empleo.
A partir del 2008, el empeoramiento de la situación social de las personas necesitadas de estas ayudas y la inadecuación de las leyes a las nuevas situaciones de pobreza y exclusión (al elegir durante la crisis el equilibrio presupuestario por encima de la satisfacción de las necesidades y derechos de las personas en situación de vulnerabilidad), ha supuesto un incremento de nuevos perfiles de pobreza y exclusión. La incapacidad del sistema para abordar esta situación ha favorecido la intervención de entidades privadas de acción social, como Cruz Roja o Cáritas, que han atendido un número importante de las demandas de estos colectivos y han reducido el impacto de la espera en la obtención de prestaciones económicas y otros servicios solicitados al sistema público. Aceptar el repliegue del sistema público y admitir que sean otras solidaridades las que ocupen su lugar, puede derivar en la pérdida de unos derechos apenas adquiridos, en una vuelta a un sistema benéfico-asistencial y a la consagración de grupos aislados por completo del régimen común de los intercambios sociales.
Entre 1997 y 2007, algunas comunidades emprendieron reformas mientras que otras no le prestaron atención alguna, por lo que no se puede hablar de rasgos comunes de cambio entre las CCAA; por el contrario, ha aumentado la brecha de protección entre éstas, destacando como más protectoras País Vasco, Asturias, Navarra y Cataluña. Parece obvia la necesidad de armonizar la cobertura y la calidad de las prestaciones a escala nacional. Se debería extender el reconocimiento de derechos vinculados a las rentas mínimas como avance en la lucha contra la pobreza y exclusión.
TEMA 6: LOS SERVICIOS SOCIALES BAJO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
El pensamiento feminista ha incidido en la institucionalización de la perspectiva de género y ha aportado muchos elementos ideológicos y analíticos, fruto de lo cual se han incorporado las estrategias políticas necesarias para combatir las desigualdades de género; asimismo también han influido las políticas de igualdad de oportunidades, desarrolladas en Europa primero y luego en España. Como consecuencia de todo ello ha habido una mayor presencia y visibilidad de las mujeres en el ámbito de lo público, pero este apoyo institucional apenas ha calado al ámbito de lo privado.
6.1 La perspectiva de género y algunas cuestiones conceptuales
La incorporación del pensamiento feminista a la acción política propiamente dicha ha tenido como consecuencia el desarrollo y la aplicación de nuevos conceptos (como Empowerment y Mainstreaming) y miradas sobre la realidad circunstante. La Conferencia de Nairobi (1985) representó un momento clave del proceso de difusión de estos conceptos, cuando el Grupo DAWN (activistas e investigadoras de una red feminista del sur de la India formada en
- presentó el documento Development Alternatives with Women for a New Era , y difundió el término
empoderamiento a escala internacional. Después de Nairobi, el concepto lo han incorporado agente dispares y con fines diversos, lo que confirma su éxito, pero ha supuesto una atenuación de su significado original.
La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (1995) recuperó éste y otros términos y en sus conclusiones reafirma el hecho de que las mujeres emergían como una nueva fuerza transcultural que reclamaba un cambio radical en la política y en las relaciones internacionales.
Género: En la década de los 70, el feminismo académico anglosajón utilizó la categoría gender para diferenciar las construcciones sociales y culturales de las biológicas. Estas académicas tenían un objetivo científico: comprender mejor la realidad social; y un objetivo político: distinguir que las características humanas consideradas “femeninas” las adquieren las mujeres en un complejo proceso individual y social, y no derivan “naturalmente” de su sexo. Con esta distinción entre género y sexo, se rebate el determinismo biológico y se tiene una base teórica argumentativa de la igualdad de las mujeres. Además, el concepto de género decodifica el significado que las culturas otorgan a la diferencia de sexos, y ayuda a comprender las complejas conexiones entre la variedad de formas de interacción humana. Scott establece que el género es una “conexión integral” entre dos ideas: que el género es una construcción social, y que el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. La primera idea implica que el término género es la acción simbólica colectiva y alude a las formas históricas y socioculturales en que mujeres y hombres han interactuado y dividido sus funciones; estas formas varían de una cultura a otra y se transforman a través del tiempo (por lo que no tienen un origen biológico). La segunda idea, según plantea Bourdieu, consiste en que la lógica de género es la del poder y la dominación (violencia simbólica) que se ejerce sobre un agente social con su consentimiento; el orden social masculino está tan arraigado que no requiere justificación: se impone como evidente y se toma como natural gracias al acuerdo que obtiene, por un lado de estructuras sociales (como la organización social de espacio y tiempo y la división sexual del trabajo) y por otro de estructuras cognitivas inscritas en los cuerpos y en las mentes.
Empoderamiento: La perspectiva de empoderamiento se centra fundamentalmente en una “visión multifocal”, que incorpora elementos ecológicos, étnicos, clasistas, culturales, feministas y críticos, así como un análisis de la situación de opresión de las personas o grupos en situación de subalternidad (marginación). La adopción del término por el feminismo comenzó a mediados de los 70, bajo la influencia de los planteamientos sobre el poder y las relaciones de poder realizados por la filosofía postmoderna. Su incorporación se dio en la Conferencia de Pekín en 1995. Se define como un proceso del ámbito subjetivo que supone cambios individuales de toma de conciencia, mayor autoestima y capacidad de decisión sobre la propia vida, así como cambios colectivos dirigidos a transformaciones sociales y políticas. También es la redistribución de las formas de poder y de la toma de decisiones, que incluye el proceso que lleva a las personas a sentirse capaces y legitimadas para tomar decisiones. Young lo considera un proyecto de reconocimiento de las voces y perspectivas de los grupos sociales oprimidos, que consiste en constituir mecanismos y reivindicar recursos públicos. Este proceso de empoderamiento pasa por diferentes fases: primero, tomar conciencia de que existen relaciones desiguales de poder de las que deriva la subordinación de la mujer; segundo, aumentar la confianza en las capacidades propias para facilitar la toma de decisiones que cambien la situación desigualitaria; tercero, organizarse para articular los interés propios con los de otras personas; y, así, la toma de conciencia y la capacidad de acción promoverán acciones transformadoras hacia sociedades más igualitarias. Transversalidad: El concepto de mainstreaming procede de una idea amplia de la igualdad entre los géneros, que engloba a mujeres, a hombres y a las relaciones que se dan entre ellos. La transversalidad de género es una estrategia o proceso de integración abierta, activa, sistemática, y constante de la perspectiva de igualdad entre géneros en los procesos políticos generales. Busca que los puntos de vista y los intereses de mujeres y hombres queden incluidos a todos los niveles y en todas las etapas de los procesos políticos. Para lograr el objetivo a largo plazo de la igualdad de género, esta estrategia requiere una inversión en recursos humanos y financieros y un proceso de presión política insistente sobre gobiernos, sector privado, medios de comunicación, etc. La transversalidad surge como respuesta a distintas necesidades: incorporar la igualdad de género en el ámbito político institucional e involucrar a los varones en la búsqueda de la igualdad entre los géneros. Es necesaria también la cooperación interinstitucional y el apoyo institucional a organizaciones que fomenten la participación asociativa. Al ser un proceso complejo, la transversalidad debe reforzar la legitimación de la igualdad de género como valor fundamental, para lo cual se deben visibilizar y tomar conciencia de las desigualdades existentes.
Acción positiva: Surge en EEUU en la década de los 60, como parte de las estrategias de los gobiernos para luchar contra las desigualdades (fundamentalmente de carácter laboral) que soportan distintos colectivos por razón de su sexo, raza, origen, religión, etc y establecer igualdad de oportunidades. La discriminación positiva o inversa es una forma de diferenciación para la igualdad; “iguales pero diferentes”. La acción positiva se refiere a medidas menos drásticas y radicales que la discriminación positiva (cuyo carácter es discriminatorio). La acción positiva tiene como finalidad acabar con la discriminación, estableciendo determinados porcentajes de presencia en el mundo
público-privado subraya las diferencias entre ambos planes. El I Plan de Igualdad de Oportunidades estaba orientado hacia el ámbito del trabajo. El II Plan de Igualdad de Oportunidades mencionaba la necesidad de nuevos balances entre las esferas pública y privada. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades refuerza la perspectiva relacional en el sentido de que mujeres y hombres puedan conciliar porque comparten la responsabilidad de los espacios y tiempos. El III y IV Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres pertenece al enfoque de lo que se ‘’debe ser’’, aunque queda el temor de que ‘’el ser’’ replantee la vuelta a la invisibilidad de las mujeres de la que apenas se acaba de salir.
Lectura nº9. El feminismo ante el sistema de SSSS, la atención a la dependencia y la violencia de género. Conclusiones:
- El sistema de servicios sociales representa la doble discriminación por motivo de género, en cuanto a las trabajadoras del sistema y las personas usuarias. - Los sectores laborales más feminizados han tenido un mayor impacto de la crisis y son los peor retribuidos, mantienen perores condiciones salariales y representan en una tasa mayor la brecha salarial. - Las organizaciones profesionales del trabajo social avanzan hacia la alianza con el feminismo. - El trabajo social necesita la mirada del feminismo para analizar las realidades sociales personales y las realidades donde se ejerce. - El trabajo social es una profesión joven y feminizada que ejerce de manera mayoritaria en los servicios sociales desde servicios de proximidad y que los trabajadores sociales varones son minoría, pero tienen una posición privilegiada si la comparamos con la de las mujeres. - Las mujeres multiplican su vulnerabilidad en cuanto van cumpliendo años, tienen hijos e hijas a cargo o personas en situación de dependencia y baja cualificación. - Las medidas de austeridad aplicadas en las políticas sociales en la crisis han afectado más negativamente a las mujeres que a los hombres, llevando a una involución de los avances conseguidos en los últimos años en materia de género. - La crisis y las medidas de austeridad pueden poner en riesgo muchos de los avances en derechos sociales conseguidos desde los años 80 y esto puede afectar a las mujeres de manera más intensa que a los hombres. - Los datos de los informes analizados denotan que el hundimiento de la clase media a consecuencia de la crisis, así como la pobreza afecta en mayor medida a las mujeres y a la infancia pudiéndose convertir en las grandes perdedoras de esta crisis. - Los recortes sociales y cambios de normativa aplicadas en servicios sociales, en las rentas mínimas de inserción, emergencias sociales, ley de la dependencia y aplicación de la reforma local afecta de manera más negativa a las mujeres que a los hombres. - El sistema público de servicios sociales es un sistema de protección que puede propiciar la igualdad de oportunidades de una manera transversal y su desmantelamiento puede suponer un ataque directo a la consecución de la misma.
TEMA 7: LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
7.1. Aproximación conceptual: generación, relaciones intergeneracionales y familia.
El concepto de generación es una construcción social que varía en función de los diferentes momentos históricos y culturales. El aspecto principal de una generación es la semejanza en una serie de actitudes, sentimientos y conductas que permiten identificar a sus miembros como sujetos de una misma generación (edad, infancia, juventud…).
Desde mediados del siglo XX se ha comenzado a afirmar la importancia de la juventud y la irrelevancia de la vejez para la nueva sociedad, lo que da lugar a una discriminación por edad. Las relaciones entre generaciones tendrán un resultado que será positivo o negativo, entre ellas la colaboración en la familia: asistencia en las necesidades primarias, educación social y transmisión de valores familiares y culturales, ayuda económica, apoyo emocional.
Actualmente, en la sociedad tecnológica, los conocimientos los poseen los jóvenes en lugar de los mayores.
La familia presta unos servicios- sociales sanitarios y de ayuda económica que en muchos casos la administración no puede dar. En el tema de la dependencia, es otro problema en los países mediterráneos, puesto que son las mujeres quienes asumen los cuidados de larga duración.
7.2. El contexto familiar en España
La familia española ha experimentado transformaciones radicales a lo largo del s. XX por los cambios demográficos y por las transformaciones en la estructura socioeconómica. La familia se fundaba y se funda en la institución del matrimonio, pero en los últimos años ha disminuido el número de matrimonios, coincidiendo con la caída de nacimientos y con la práctica de convivencia no formalizada. La edad media de maternidad ha aumentado en las últimas décadas.
Los valores de libertad e igualdad se han impuesto a los tradicionales de autoridad y obediencia, en las bases de la familia patriarcal y patrimonial para dar paso a una nueva familia democrática. Además, el ideal de familia
igualitaria ha aumentado, aunque en las familias españolas aún se produce un reparto desigual de tareas y responsabilidades entre el hombre y la mujer.
Desde la aprobación de la legislación reguladora de la separación, se ha producido un incremento gradual y progresivo de rupturas matrimoniales en nuestro país. El hecho de apoyar a las familias significa además atajar la violencia familiar en sus distintas vertientes: violencia entre parejas, maltrato a menores en el seno familiar, maltrato a ancianos, violencia de hijos a padres. Por lo tanto, es necesario potenciar las actuaciones contra la violencia familiar, así como los recursos sociales para abordarla.
7.3. La infancia y el reconocimiento de sus derechos.
La infancia es un periodo particular del ciclo vital humano que ha ido variando. Este es un producto de la historia social. EN el reconocimiento y en la adquisición de derechos ha influido de forma esencial dos aspectos:
- La influencia del derecho y de las legislaciones específicas sobre menores (educación obligatoria, leyes que regulan las condiciones de trabajo, normas de derecho penal, regulaciones sobre sexualidad y matrimonio que recogen limitaciones de edad, protección frente al maltrato).
- Cambios en las relaciones familiares como consecuencia de la ruptura de las estructuras patriarcales (principios de igualdad de derechos del padre y madre, suprimir el interés del menor en litigios familiares, igualdad de hijos e hijas, protección de la autonomía e integridad de los menores).
Se aprueba la Convención de los derechos de los niños de naciones unidas en 1989, es el primer tratado universal con carácter obligatorio que tiene cuatro principios fundamentales:
- Se atiende el interés superior del niño
- Se representarán las responsabilidades y derechos de los padres según establezca la cumbre local.
- El principio de protección se justifica en razón de sus condiciones de inferioridad, falta de madurez y física que les impide actuar en igualdad de condicione que los adultos.
