LISTADO DE PREGUNTAS EXAMEN PENAL I
1 Las teorías sobre los fines de las penas son tres, pero el debate se polariza habitualmente
entre dos extremos. De un lado, las llamadas teorías absolutas, que entienden que la pena
es un fin en sí mismo, se sanciona porque se ha delinquido (punnitur, quia peccatum est); su
función es reparar el daño causado. De otro lado, las llamadas teorías relativas, que
entienden que la pena se justifica por satisfacer determinados fines, se sanciona para que no
se delinca (punnitur, ne peccetur). Esta teoría se divide a su vez en dos tipos: la Teoría
preventiva general, que apunta a la generalidad de los individuos de una sociedad y, en su
versión negativa se dice que el conjunto de normas jurídicas está respaldado por la coacción
o amenaza de sanción que conllevaría el incumplimiento de tales normas, y en su versión
positiva propugna reafirmar las expectativas de cumplimiento de las normas jurídicas que
cualquier persona tiene, y que se ven quebrantadas cuando terceras personas cometen un
delito. Y por otro lado la Teoría preventiva especial, que trata los efectos que tiene la
aplicación de una pena en el individuo a la que va dirigida. El principal objetivo de esta
clase de prevención será evitar que aquel que ya haya cometido un acto ilícito vuelva a tener
tal actitud en el futuro. Y por ultimo, otro tipo de teoría sobre los fines de la pena son las
teorías mixtas, que sostienen que no es posible adoptar una fundamentación desde las
formas teóricas antes mencionadas, y proponen teorías multidisciplinarias que suponen una
combinación de fines preventivos y retributivos e intentan configurar un sistema que recoja
los efectos más positivos de cada una de las concepciones previas.
2 A) En este caso me parece correcta la postura del Ministerio Fiscal, ya que según el artículo
80 del CP, será condición necesaria para dejar en suspenso la ejecución de la pena que ésta,
o la suma de las impuestas, no sea superior a dos años, y en este caso el Fiscal pidió para
Antonio Fuentes una pena de prisión de 2 años y 3 meses.
B) En cuanto a las teorías absolutas sobre los fines de la pena, al ser su función la de reparar
el daño causado, en este caso el que sufre el daño llega a un acuerdo con el que lo produce
por unos motivos que él cree suficientes y lo único que pide es un carta en la que le pide
disculpas. En relación a esta teoría, el daño causado se repara de una forma sentimental,
pero en el sentido de un daño material, ya que le rompe los cristales del coche y le pincha
las ruedas del mismo, además del robo del aparato de música, no se repara. Y con relación a
las teorías relativas, éstas dicen que se sanciona para que no se delinca más, y en este caso
no queda claro que el susodicho no vaya a delinquir más, porque se arrepiente por la
situación del otro, no porque haya delinquido, por lo que no queda claro si volverá a
delinquir. En cuanto al fin del Derecho Penal, que es el de proteger a la sociedad frente a las
conductas que más gravemente atenten contra los intereses sociales, tampoco cabría afirmar
que con el acuerdo establecido entre ambas partes se hayan reparado los intereses sociales
del dañado.
3 El principio de legalidad suele calificarse de “principio formal” porque no limita qué
conductas pueden castigarse ni qué sanciones pueden imponerse. Tan sólo establece cómo
han de proceder el legislador y el juez en el uso del Derecho penal. El principio de legalidad
se puede considerar como un Derecho fundamental, ya que está constitucionalizado, es
decir, en el art.25.1 de la CE dice “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u
omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción
administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”. También nuestra
Constitución cita en el art. 9.1 que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la
CE y al resto del ordenamiento”, además, en el art. 9.3 se dice que “la CE garantiza el
principio de legalidad”, entre otros.
Un ejemplo de una resolución judicial que pudiera ser recurrida en amparo por vulneración
del principio de legalidad penal es la sentencia número 4/2010 del TC (17 de marzo del
2010), contra la que se propuso un recurso de amparo por parte de la presidenta doña María
Emilia Casas Baaamonde, alegando vulneración de los derechos a la legalidad penal.
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