CSJN, “Elena Fernández Arias y otros c/ José Poggio s/ sucesión”, 19/09/1960, Fallos 247:646.
Tema: bases históricas del derecho adm.
El caso se origina por un conflicto entre Fernández Arias y Poggio en el cual la Cámara Regional de
Trenque Lauquen, condena a Poggio a entregar un predio. Contra esta decisión, el condenado
interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
Poggio cuestionó la constitucionalidad de las normas citadas, mediante las cuales se sacaba de la
esfera judicial ciertos conflictos para que sean resueltos exclusivamente por tribunales
administrativos. Planteó que tales organismos administrativos trasgredían lo establecido en el artículo
95 (hoy 109), 67 (hoy 75) inciso 11 (hoy 12), 16 y 18 de la Constitución Nacional.
Sobre el fondo de la cuestión, el Tribunal entendió que es compatible con la Constitución el
reconocimiento de facultades cuasi jurisdiccionales a órganos administrativos, destinados a hacer más
efectiva y expedita la protección de derechos e intereses públicos.
Sin embargo, estableció que tales facultades están condicionadas por limitaciones de jerarquía
constitucional, ante todo, “la que obliga a que el pronunciamiento jurisdiccional emanado de órganos
administrativos quede sujeto a control judicial suficiente…”. Sino se estaría violando el principio de la
división de poderes.
En esta línea, el Tribunal sostuvo que el control judicial suficiente no se satisface con la mera
posibilidad de interponer recurso extraordinario por arbitrariedad o inconstitucionalidad ante el
Máximo Tribunal. Sino que dicho control implica; por un lado, el reconocimiento a los particulares del
derecho a interponer recurso ante los jueces ordinarios; y por el otro, la negación a tribunales
administrativos de la facultad de dictar resoluciones finales sobre hechos y derecho controvertidos.
Se revoca la sentencia apelada y la corte declara la inconstitucionalidad de las normas impugnadas.
Dejando sentando que, resulta compatible con la Constitución Nacional la creación de órganos
administrativos con facultades jurisdiccionales, teniendo en cuenta que se han ampliado las funciones
de la administración, como medida necesaria para la ágil tutela de los intereses públicos. Si bien
nuestra Constitución recepta la doctrina de separación de poderes, por lo que la función de juzgar le
correspondería sólo al Poder Judicial, este precepto debe interpretarse dinámicamente según las
cambiantes necesidades sociales.
Las decisiones de los órganos en discusión deben quedar sujetas a revisión judicial, de lo contrario se
violaría el Art. 18 de la Constitución Nacional, que reconoce a todos los habitantes del país el derecho a
acudir a un órgano judicial. Hay que diferenciar la adecuación del principio de división de poderes en la
vida contemporánea, y la violación de su esencia, lo que sucedería si se privara totalmente al Poder
Judicial de sus atribuciones.
- CSJN, “Ángel Estrada y Cía. S.A. c/ Secretaría de Energía y Puertos”, 05/04/200, Fallos: 328:651.
En el caso "Estrada" la Corte afirmó la responsabilidad de las empresas de servicios públicos y aseguró
el derecho de los usuarios a exigir una reparación de los daños sufridos por la falta de servicio.
Hechos
A fines de 1993 y comienzos de 1994, la empresa EDESUR interrumpió el servicio eléctrico durante un
mes y medio. El ENRE (organismo de contralor de las empresas que prestan el servicio público de
electricidad) sancionó a EDESUR por este incumplimiento y le impuso una multa de casi 4 millones de
