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Asignatura: Àfrica i Àsia Contemporània, Profesor: Anaclet Pons, Carrera: Història, Universidad: UV
Tipo: Apuntes
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA FAC. GEOGRAFIA I HISTÒRIA Prof: ANACLET PONS ÁFRICA Y ASIA CONTEMPORÁENA
Jose A. Caballero Machí 2º AI
antiimperialistas y anticolonialistas de Lumumba, además de despertar los recelos del Occidente de la guerra fría, generaron tensiones con determinados sectores internos influenciados por las élites coloniales: el 30 de junio de 1960 el ejército nacional heredero de las “Forces Publiques” dio un golpe de Estado tras la declaración de independencia, se rebeló contra los oficiales belgas y atacó los intereses europeos en Leopoldville. Ante esto las fuerzas belgas, violando la soberanía del nuevo estado entraron nuevamente en el país para asegurar los intereses se las grandes empresas y apoyando la actividad de Tshombe. Todo ello propició la demanda de ayuda internacional por parte de Lumumba. En un contexto de guerra fría la ONU se apremió a intervenir, a instancias de su secretario general Dag Hammarskjöld , el padre del ONUC (Operación de las Naciones Unidas en el Congo) , quien murió en su cuarto viaje al Congo en un accidente aéreo, bajo unas causas según Kapuscinski controvertidas, llegando a afirmar éste un posible asesinato fruto de intereses encontrados al respecto (Hammarskjöld fue sustituido como Secretario General de la ONU por el birmano U Thant ). La URSS en cuya doctrina política se había criticado ampliamente al colonización, si bien desde una perspectiva netamente occidental, procedió al envío de varios centenares de asesores políticos y administrativos a Leopoldville para ayudar a Lumumba en la gestión del conflicto, hecho que fue interpretado por los países de la OTAN como unas pretensiones de satelización aprovechándose de la coyuntura de un África independiente. Así pues, la implicación de Khruschev en el conflicto desató sobre el Congo una lucha de poder internacional fusionada con las propias tensiones internas, cuyo exponente máximo fueron las declaraciones de independencia de Kasai del Sur y de Katanga, regiones de gran valor económico (minas de diamantes en la primera, de cobre y otros minerales en la segunda). En Katanga, bajo la presidencia nominal de Moise Tshombe , la Union Minaire consiguió controlar la región en beneficio de sus intereses económicos. Así entre junio y septiembre Lumumba se vio totalmente desbancado por la situación. El presidente Kasavubu revocó a Lumumba y a otros ministros nacionalistas. Al primero lo puso bajo un arresto domiciliario del que escapó para intentar dirigirse a Stanleyville (hoy Kizangani) donde contaba con un mayor número de partidarios, mas esta estrategia resultó ser infructuosa, pues acabó cayendo en manos del ejército de Tshombe. En un claro ataque al orden democrático por parte de Mobutu Sese Seko y Tshombe, en connivencia con militares belgas, fue torturado y fusilado en enero del 1961 junto a Mpolo y Okito. Paralelamente el Vice-Primer Ministro Antonie Gizenga estableció un gobierno paralelo pro-Lumumba en la ciudad de Stanleyville que propició la reacción del gobierno nombrado por Kasavubu, estallando así la guerra civil. Una de las consecuencias inmediatas de toda esta tensión fue la huída de la población belga, aquella que no encauzó el proceso de transición para beneficiarse posteriormente. Instigados por sus prejuicios raciales hacia la población negra, movidos por una explosión psicótica muchos de ellos se retiraron a Ruanda y Burundi, bajo mandato belga desde 1910, donde establecieron su pequeña plutocracia.
Como podemos observar la descolonización acabará afectando a los reinos de Ruanda y Burundi ya de por sí inmersos en un en un conflicto social en cuya gestación, si bien existían ciertos precedentes históricos, tuvo mucho que ver el proyecto civilizador de los distintos colonizadores, tanto en sus fluctuaciones políticas como en su función cristianizadora. Respecto a esta última cabe destacar el flagrante fracaso del proyecto misionero manifiesto en la Ruanda.
Los primeros en colonizar estos territorios fueron los alemanes a partir del 1897. Tras la primera guerra mundial la Sociedad de Naciones delegó a Bélgica la administración de Ruanda-Urundi en régimen de fideicomiso, quienes la administraron desde el Congo Belga. Tras la segunda guerra mundial, la monarquía de Ruanda-Urundi fue dividida de facto en dos monarquías con sus respectivos mwamis, siguiendo ambas bajo control de la ONU delegado en la administración belga: tal y como expone Kapuscinski se aplicará el modelo del indirect rule , apoyándose sobre las élites monárquicas nativas de los tutzis (y digo élites porque los tutzis no conformaban un grupo social cohesionado, pues social y económicamente se manifestaba en ellos una evidente gradación). Esto contribuyó a desestructurar la tradicional organización del poder basada en el equilibrio entre jefes locales y regionales, lo que sumado a la pérdida de rituales religiosos que creaban vínculos de sociabilidad y comunidad entre hutus y tutzis y a la incentivación que misioneros como Karl Roehl hicieron de la polarización social (exaltando la vocación evangélica de ayuda a “los empobrecidos y oprimidos hutus”), supuso en conjunto una segmentación artificial, pero empírica, de la sociedad de estos territorios: sobre la base de unas características sociales, se exaltaron hasta el extremo las diferencias entre una minoría tutzi a la que se entregó el poder (cargos políticos, administrativos y militares), y una mayoría hutu que quedó sin ningún tipo de capacidad política. A todo ello cabría añadir la propia manipulación tendenciosa que hicieron los
colonialistas de las identidades comunitarias, organizándolas doctrinalmente, polarizándolas socialmente 2 e influyendo en su capacidad política con la intención de obtener un sustento a su política colonial.
Sin embargo las pretensiones e intereses de las monarquías de estos pequeños estados influirán indefectiblemente en la política colonial que los belgas desarrollen en estos dos pequeños estados centroafricanos. En Burundi se asentarán las relaciones entre los belgas y la monarquía tutzi, principalmente por la fuerza militar de ésta última (elecciones 1993). En cambio en Ruanda , a partir de mitades del s.XX y coincidiendo con las presiones de la ONU para incentivar el proceso de independencia, los intereses independentistas de las élites tutzis (con un alto grado de formación intelectual al estilo europeo, por la formación académica recibida en París) respaldados por la enérgica monarquía del mwami Charles Mutara Rudahigwa frenaron la capacidad de acción belga. La reacción de éstos últimos en el marco de un pragmatismo impregnado de lascivia, será la utilización programática de los intereses hutus que desde antaño los padres blancos habían contribuido a formar. Los colonialistas belgas adoctrinarán en el fervor de una confrontación étnica^3 entre oprimidos y opresores, sustentando a los hutus en sus intentos de alcanzar cotas de poder. Por ello retiraron su apoyo a la minoría tutzi, impulsando movimientos democráticos en los que los hutus, principalmente desde el PARMEHUTU (Partido del Movimiento de Emancipación Hutu), pero también desde el APROSOMA (Asociación para la Promoción Social de la Masa, fundado por J. Habyarimana) veían un modo de mejorar su situación social. La represión que la cúpula gubernamental del mwami realizó sobre determinados líderes del Parmehutu supuso el estallido de los motines del noviembre de 1959, en cuya base se encontraba la crispación, resentimiento y odios mutuos acumulados desde el inicio de la intervención colonial. En 1960 se celebraron las elecciones municipales, que sirvieron también para conformar el gobierno provisional. La aplastante victoria del PARMEHUTU conllevó que fuese esta agrupación la que conformase el dicho gobierno, no obstante en enero de 1961, el PARMEHUTU y el APROSOMA se coaligaron en un golpe de Estado a la monarquía sustentado por los belgas, formaron el APROSOMA RWANDA UNION y proclamaron un nuevo gobierno. Tal efervescencia política y social conllevó, ya en 1959 la primera de las masacres y el consecuente desplazamiento de unos 120000 4 tutzis a los países limítrofes. No obstante la ONU no reconoció al nuevo gobierno colpista y procedió a convocar y supervisar las elecciones democráticas de septiembre del 1961 (si bien la presión de los extremistas hutu impidió a una considerable proporción de tutzis ejercer su derecho) en la que el PARMEHUTU obtuvo la victoria electoral: esta vez, fruto de la voluntad de la cámara parlamentaria se procedió a anular la monarquía del mwami Kigeli V, instaurando una República democrática y social bajo el gobierno presidencialista de Grégorie Kayibanda, y a la que se le otorgará formalmente la independencia y la separación respecto a Burundi el 1 de julio de 1962. El gobierno de Kayibanda además de organizar una estructura económica de carácter subsistencial y otorgar la propiedad de la tierra a los hutus, desarrolló un celo estrictamente represor contra la población tutzi, depurando a su vez las estructuras de gobierno de cualquier presencia e influencia de las anteriores élites, como puede desprenderse de la lectura del informe de la Comisión Fiduciaria de marzo de 1961, en la que poco antes de la independencia caracterizaba al gobierno de Kayibanda como una “dictadura racial de una de las partes, en la que un sistema opresor ha sido sustituido por otro” y en el que la represión era cotidiana.
La situación de los refugiados ruandeses sufrió desde la independencia graves tensiones y conflictos. En principio el gobierno de Kayibanda establecido en Kigali rehusó al regreso de los refugiados, pese a las presiones de la ONU, lo que complicó indirectamente la situación de éstos en Burundi, y conllevó, como veremos, determinantes consecuencias en la coyuntura política de este país. En junio de 1962, un mes antes de la independencia el Director de Operaciones del ACNUR^5 , Thomas Jamieson entabló negociaciones con los gobiernos de los estados limítrofes de Ruanda con la (^2) El paradigma de ello fue la introducción de las tarjetas de identidad en 1926, con una clasificación étnica establecida a partir de criterios totalmente arbitrarios, pues quien tuviese una cabaña de más de quince vacas sería considerado tutzi, siendo todos los demás considerados como hutus (^3) Como reconoce Buch, el conflicto y confrontación étnica ha sido acrecentado por influencia occidental. Si bien la base de una realidad étnica es existente, Europa construyó una representación artificial, que si bien parte de estereotipos y parcialismos arbitrarios, ha contribuido por su intensidad y su introducción en mensajes de adoctrinamiento a configurar parte del problema existente: el fanatismo étnico de los extremistas derivará en parte del imaginario occidental, pues éste habrá contribuido a su gestación (sistemas de identificación belga, instigación a percibir un conflicto racial) (^4) Los datos proporcionados por el Alto Comisionado a la Asamblea General de la ONU («Report on the Situation of Refugees from Rwanda», 13 de febrero de 1963, documento de la ONU A/AC .96/190) muestran la distribución de los refugiados ruandeses, cuyo número alcanzará los 150000 entre el 1959-62. Se distribuirán por Burundi (40000), el Kivu (60000), Uganda (35000) y Tanganika (25000). El desplazamiento de tal volumen de población tuvo una influencia directa y determinante en el desarrollo de los conflictos en los Grandes Lagos durante las décadas siguientes. (^5) ACNUR "La situación de los refugiados en el mundo: Cincuenta años de acción humanitaria", Icaria Editorial, Barcelona, 2000 www.acnur.org/publicaciones/SRM/cap22.htm#tit
acaecerán posteriormente (especialmente los de 1994) han sido analizados, concretamente desde los medios de comunicación, mediante un ejercicio desgraciadamente tópico que simplifica los acontecimientos a una disyuntiva entre dos elementos opuestos sin observar que en la gestación de aquellos, y en el interior de éstos pueden existir múltiples y diversas circunstancias y variables. Es lo que ocurre al presentar el conflicto ruandés como una mera oposición entre tutzis y hutus, sin apreciar la profunda disgregación socioeconómica existente en el interior de ambos grupos étnicos. Como alude Buch en su texto, también las diferentes posturas ideológicas (moderación o extremismo) serán en ocasiones más determinantes que la pertenencia a un grupo étnico. Las diferencias económicas, y en consecuencia el choque de intereses entre los clanes del sur (entre los que se encontraba Kayibanda), mayoritariamente pobres a consecuencia de la baja productividad de los territorios meridionales, y los clanes hutus del norte (entre los que figuraba Juvénal Habyarimana), que gozaban predominantemente de una mayor riqueza, influirán indefectiblemente en unos conflictos interclánicos por el control del poder.
Entre finales de los 60 y los inicios de los 70 se produjeron varias tentativas de golpistas. En el golpe de Estado del 5 de julio de 1973 los militares encabezados por el coronel Habyarimana, anterior ministro de defensa, consiguieron disolver la estructura gubernamental, el Parmehutu y desplazar a Kayibanda del poder (fue encarcelado y murió posteriormente). Con ello Habyarimana conseguirá instaurar un régimen dictatorial que, sobre la base del partido “Movimiento Revolucionario Nacional para el Desarrollo” (MRND), se prolongará hasta el 1993 (si bien se legalizará el multipartidismo), siendo fruto indirecto del proceder político del colonialismo belga.
Diferentes elementos favorecieron la estabilización de la dictadura de Habyarimana. El aislamiento geográfico, los intereses de Occidente, y el metodismo, pragmatismo, prudencia y reflexión calculada en el proceder político y represivo de Habyarimana facilitaron el desconocimiento de sus acciones por parte de la comunidad internacional. Además la dictadura de Habyarimana se insertaba en la propia coyuntura política que se respiraba en un África en la que se afirmaban regímenes dictatoriales impuestos por nuevas generaciones de líderes militares, en detrimento de la clase política de intelectuales formados en Europa a los que se les acusaba de corrupción
La dictadura de Habyarimana , si bien consiguió mediante relaciones diplomáticas^7 dar solución a los conflictos políticos entablados con los países limítrofes durante el régimen anterior fue un modelo exponente de la cleptocracia 8 y del nepotismo de un clan que monopolizaba el poder, y en el Ágata Habyarimana, esposa de Juvénal poseyó un poder fáctico no oficial, siendo cabeza reconocida del clan organizaba la corrupción, integraba a sus familiares en las estructuras de poder y controlaba las conexiones internacionales. Según Kapuscinski ésta es una tendencia política que ha suscitado importantes cambios políticos en algunos estados africanos, rompiendo la estructura que venía siendo tradicional en el ejercicio gubernamental (fundándose en un consenso entre el gobierno, tribus, clanes y otros grupos sociales) y consolidando un poder de clan monopolizador del tejido político y militar. La dictadura de Habyarimana, institucionalizando la corrupción, construyó toda una estructura política que mediatizó las tradiciones sociales para controlar férreamente desde los recursos, pasando por los asuntos socioeconómicos, hasta las relaciones internacionales. Así aprovechando la estructura clánica se fueron introduciendo a los familiares en los diferentes ámbitos de la economía (plantaciones, fábricas, bancos, grandes fincas, industria del oro...) y de la administración política, policial y militar. Si bien es totalmente censurable la corrupción, ha de entenderse que en un clima de inestabilidad política y confrontación social, imbricar en las estructuras administrativas y políticas a individuos de confianza, independientemente de su formación o profesionalidad, constituye una práctica acertada para estabilizar y dotar de cohesión al sistema gubernativo, por lo que desgraciadamente esta práctica puede considerarse un acierto de la familia Habyarimana en la estructuración del poder. Un ejemplo importante del nivel de corrupción alcanzado gira en torno al asesinato de la cinematografiada Dian Fossey cuyo trabajo científico se oponía radicalmente a los negocios subversivos de los Habyarimana en el mercado negro internacional en cuyo ámbito los gorilas alcanzaban lucrativos beneficios económicos.
Contrariamente a los planteamientos utilizados en lo medios de comunicación, los hutus del sur fueron la oposición más acérrima de la dictadura y sobre los que se desencadenó una mayor represión. Desde la represión hacia las élites tutztis desatada por Kayibanda, pasando por las represiones de la dictadura Habyarimana hacia los sectores de oposición, tanto hutus como tutzis, se observó la emigración de los grupos reprimidos hacia los países limítrofes,
(^7) La actividad diplomática y la ayuda para el desarrollo en Ruanda tras la descolonización siguió los mismos patrones que en la mayor parte de los nuevos estados africanos. En el marco del enfrentamiento de la guerra fría, tanto las potencias del capitalismo como del comunismo entraron en un marco de competencias por mantener su influencia y ejercer cierta satelización de los estado africanos, por lo que aplicaron un modelo diplomático basado en el soborno y el silencio. El ejemplo anecdótico lo expone Kapuscinski: “Cuando Idi Amin era presidente (de Uganda), la principal ayuda [...] provenía de la Unión Soviética. Una tarde el embajador ruso [...] dijo algo desfavorable sobre Amin. Éste le hizo llamar en la noche y le dijo: -Usted tomará el primer avión, si no lo hace, no podré garantizar su vida-. Y el embajador ruso tomó el próximo avión porque sabía que no era broma, que sería asesinado”. Otro ejemplo lo encontramos en la propia dictadura de Habyarimana, cuando la embajada americana desestimó investigar el caso Fossey por no dañar las relaciones con el régimen dictatorial. Las inversiones alemanas, belgas y francesas para el desarrollo de Ruanda fueron cuantiosas económicamente, pero lejos de contribuir a la cobertura de las necesidades socioeconómicas de la población, estuvieron catalizadas por intereses políticos y lucrativos: tanto las metrópolis y posteriormente Francia, como las estructuras gubernamentales ruandesas, especialmente la dictadura de Habyarimana, utilizaron tales recursos los unos buscando posibles recompensas geoestratégicas para sus estados y empresas, los otros haciendo gala de la cleptocracia más soez: “la ayuda le llega al presidente –no hay otros receptores- y éste, entonces, reparte el 80% entre su familia y el 20% restante [...] tampoco va en beneficio de la población, sino que se usa para cosas que a él le parecen importantes”. Así la nominal ayuda para el desarrollo por parte de los citados estados occidentales, no fueron más que sobornos efectivos para mantener la presencia e influencia sobre el territorio, buscando contentar y potenciar la base política autóctona sobre la que sustentasen su influencia satelizadora. Es pues una relación simbiótica en la que a cambio de no cuestionar la política del gobierno ruandés y “simpatizar” con éste (hecho que contribuye a consolidar su control político y socioeconómico) se consigue una estabilidad para el fomento de los intereses económicos multinacionales de “casas comerciales, compañías de transporte terrestre y aéreo, fabricantes de zapatos para niños [...] que buscan proteger sus intereses” (^8) La cleptocracia y la compleja adaptación a las estructuras sociales tradicionales, y los diferentes intereses enfrentados, han propiciado la inestabilidad de las estructuras gubernamentales en diversos estados africanos (Chad, Somalia, Liberia) e incluso la desestructuración del aparato estatal. Este fenómeno ha sido acuñado por analistas políticos estadounidense vinculados a tal administración gubernamental con el muy controvertido término de “Estado fallido”, y sus detractores lo critican especialmente por su función legitimadora del intervencionismo de EE.UU. en la política internacional. Lo cierto es que la cartografía política trazada a golpe de cartabón, sangre y talonario no se adapta a las pautas tradicionales de los movimientos económicos y demográficos, y que éstas tienden a recuperarse en un marco de inestabilidad política estatal, buscando dar salida a la crisis recuperando mercados y centros tradicionales de intercambios que actúan como verdaderos ejes económicos más allá de las fronteras nacionales
En octubre de 1990 el FPR desde la frontera ugandesa inició la intervención armada, avanzando rápidamente hacia el sur, hacia Kigali. Habyarimana intentó sacar partido de las ansías de un intervencionismo francés que no había abandonado sus intereses coloniales, y pese a maquillarlos, eso sí, con bases de carácter cultural como la Comunidad Francófona, siguió manteniendo instituciones relacionadas con la administración de sus antiguas colonias, así como presencia militar en el continente. Concretamente los graves problemas financieros que atravesaba la dictadura de Mobutu en el Zaire (denominado de este modo entre el 71 y el 96), acompañados de una efervescencia social que propició en mayo del 90 el levantamiento de la prohibición de partidos políticos, fueron signos de la existencia de un aparato gubernamental e institucional desestructurado, cuya aceptación por parte de la sociedad dependía de un ejército mercenario de unos 2000 hombres. Todo ello, unido a la presencia de intereses económicos occidentales, favoreció la presencia militar de Francia en el entonces Zaire, consiguiendo así perpetuar en cierto modo su dominio sobre la zona. Por ello la demanda de ayuda de Habyarimana no hizo más que posibilitar el acrecentamiento de las opciones francesas para ejercer una influencia mayor y sacar tajada geopolítica en su proyecto de francofonía expresado en la cartografía como representación artificial y asociada a un objetivo e intereses concretos en su proyección desde Mauritania, pasando por los Grandes Lagos hacia las islas del Índico occidental.
Así pues y desde este momento Francia estuvo presente en el devenir político de Ruanda, primero en la paralización del avance del FPR hacia Kigali, forzando un alto al fuego (en el que también intervino el primer ministro belga Wilfried Martens) y estableciendo una zona gris que separaba los territorios liberados del norte de los controlados por el régimen dictatorial. Posteriormente, junto a otras presiones internacionales, Francia también intervino en el acuerdo de Arusha (Tanzania) de agosto del 1993, firmado entre la delegación del gobierno ruandés (dirigida por el primer ministro Dismas Nsengiyaremye, del MDR) y la del FPR (representada por Alex Kanyarengue). Este acuerdo pretendía poner las bases para un nuevo gobierno bajo la presidencia de Habyarimana: de carácter constituyente se entregarían 4 carteras ministeriales para el FPR y se le encomendaría la preparación de una convocatoria de elecciones para el 1995, se procedería a la incorporación de los soldados del FPR en el ejército regular, y se repatriarían a los refugiados asentados en Ruanda y Tanzania, todo ello seguido por un despliegue de tropas de la ONU en la capital. El acuerdo de Arusha no fue más que una solución artificial a un conflicto político congelado desde la intervención francesa en el 90, desde el principio estuvo condenado al fracaso y no pudo llevarse a la práctica. Habyarimana no tardó en rechazarlo, y pronto el FPR continuó ejerciendo presiones sobre la zona gris.
La paralización de la guerra civil (en ciertos aspectos un proceso revolucionario contra el régimen de Habyarimana), forzada como ya hemos dicho por un sujeto externo y ajeno al conflicto, tendría graves consecuencias en el acontecer sociopolítico, pues no sólo impidió el libre desarrollo de la voluntad general de los reprimidos por la dictadura, sino que hizo aumentar el celo represor y totalitarista del gobierno dictatorial, extremamente preocupado ante una amenaza poderosa y firme que se había hecho con el control de un 30% del territorio. La intervención francesa posterior al propio tratado evidenció su parcialidad e interés tendencioso al fortalecer militarmente a una dictadura en ese momento camuflada y propicia a sus intereses. Un ejército, las fuerzas armadas ruandesas (FAR) incrementado en un 600% (de 5000 a 30000 hombres), una guardia presidencial (integrada por miembros del clan Habyarimana) y el “Red- Cero” (unas fuerzas especiales) fueron instruidas y financiadas por el ejército francés. Junto a estas fuerzas militares cabría destacar el desarrollo de las milicias extremistas hutu interahamwe, que serán un factor añadido de conflictividad en el periodo subsiguiente. Con la introducción del multipartidismo (que no hacía más que revestir de tintes democráticos a una férrea dictadura) se fundó el Centro para la Defensa de la Revolución (CDR) (MDR???), una facción política prodictatorial y firme defensora de posturas racistas e instigadora del enfrentamiento étnico, y su acción se complementó con la creación de la estatal “Radio des Mille Collines”, un medio de información destinada a instigar una socialización y un adoctrinamiento racista que estimulaba el sentimiento anti-tutzi a nivel nacional. Como se puede observar se estaban poniendo las bases para el fortalecimiento de un proyecto ideológico de tintes racistas, represores y totalitarios que podía estallar ante el estímulo más inminente.
En octubre de 1993, a raíz del asesinato del entonces presidente de Burundi, el hutu Melchior Ndadaye, los extremistas procedieron a una recíproca masacre que influyó en la coyuntura sociopolítica de Ruanda. No obstante el estímulo trascendental acaeció el 6 de abril de 1994 con el atentado contra el avión francés en el que viajaban tres pilotos franceses, tres representantes del ministerio francés para la cooperación con África, Juvénal Habyarimana y el electo presidente de Burundi Cyprien Ntaryamira. El avión se dirigía a aterrizar cuando fue alcanzado por dos cohetes disparados desde las inmediaciones del aeropuerto en las que la frondosidad dificulta sustancialmente la visibilidad. Inmediatamente se derivaron culpabilizaciones recíprocas entre el FPR y el CDR y las investigaciones y aspectos relacionados con el atentado no hacen más que enturbiar el análisis de un suceso cuya evidencia parece ocultar múltiples cuestiones. La desaparición de la caja negra, que se cree comprada por los franceses, la ausencia de una investigación oficial por parte de Francia, el silencio de la presa gala, y el suicidio del presidente del Comité de asuntos
presidenciales François de Groussouvre, importante miembro del equipo gubernamental de François Mitterrand, y encargado de los asuntos africanos.
Estos conflictos bélicos, como se habrá podido observar a partir de todos los datos aquí aportados, derivó de las complejas pretensiones políticas de los diversos actores implicados, y manifestaron la utilización del componente étnico como un instrumento de legitimación. Los intereses de las antiguas potencias coloniales instrumentalizaron las formas de organización político-estatal de los diversos regímenes, así como los preceptos doctrinarios y las bases teoréticas sobre las que se sustentaban (restando eso sí los países donantes occidentales su ayuda, y alejando su influencia en el momento más necesario, a partir de la efervescencia genocida y durante los conflictos políticos subsiguientes, solamente Francia con la Operación Turquesa interesada en mantener su presencia, y la Alta Comisionada del ACNUR quien demandará fervientemente una coherente intervención internacional para garantizar la seguridad de los refugiados se implicarán directamente en los conflictos, buscando conseguir soluciones efectivas). A su vez los sujetos políticos (individuales y colectivos) autóctonos buscaron materializar sus intereses también mediante esta instrumentalización utilitarista de regímenes opresivos y democráticos. Esta interpretación, a partir de la cual Kapuscinski concibe que la guerra fue programáticamente planificada desde criterios técnicos e ideológicos, se sustenta sobre la misma línea argumental mediante la que hemos analizado el conflicto en la asignatura. No obstante en el ensayo de Buch encontramos posturas antagónicas que defienden el carácter puramente étnico del genocidio (cuyo desarrollo observaré a continuación). Estos criterios, mantenidos entre otros por Hummel, embajador de Alemania en Ruanda en 1995, fallan en un aspecto: no observar que el móvil fue resultado del adoctrinamiento y la instigación llevada a cabo por el régimen de los Habyarimana. No obstante el propio embajador está acertado al referir los móviles de las masacres llevadas a cabo por los ejércitos: motivaciones políticas, encauzamiento del terror y motivos aleccionadores serán los principales objetivos de su realización.
Una de las primeras reacciones del régimen de los Habyarimana fue el ataque planificado a la estructura gubernamental, así como una advertencia a Bélgica teñida de sangre: la primera ministra Uwilingiyimana fue fusilada junto a su escolta compuesta por 10 paracaidistas belgas.
Bajo el genocidio trasluce la planificación política de la dictadura Habyarimana: el nepotismo permitía una organización jerarquizada de la cadena de mando entre los diferentes figuras de poder. Los sistemas de espionaje y los informantes se beneficiaban de la convivencia diaria de sus convecinos en un marco de amplia sociabilidad, lo que les permitía registrar fácilmente las opiniones políticas de los ciudadanos. La propaganda y el adoctrinamiento, aprovechando la pésima coyuntura socioeconómica en la población pudo intensificar el ambiente de crispación e introducir en el esquema existencial y en los patrones de actuación de muchos individuos una noción en exceso estereotipada de diferencia tribal: el régimen dictatorial aprovechó e instrumentalizó las penas de la sociedad (30 años de guerra civil conllevaron pérdidas familiares, inaccesibilidad a los recursos, pobreza, crispación que perfectamente pueden impulsar a la violencia) para sacar beneficio político en su lucha armada contra el FPR. El conflicto fue ante todo fruto de un enfrentamiento sociopolítico “entre un clan político corrupto y un frente nacional democrático que se esforzó por crear algo así como una sociedad democrática” en el que se instrumentalizó utilitariamente a la población. Todo ello sumado a lo ya comentado anteriormente permitió una actuación sistemática siguiendo un proceso fasificado y organizado previamente, en el que rápidamente se transmitió desde la cúpula dictatorial por la cadena de mando la orden de masacrar a los grupos de oposición, tanto tutzis como hutus moderados. La noción de la autoridad y el extremo respeto hacia los jefes de poblado facilitó la activación de la orden en una sociedad en la que las órdenes son cumplidas de un modo un tanto irreflexivo pero muy disciplinado (los cabecillas son jefes absolutos y las personas que asesinan a otros les transfieren a aquellos la responsabilidad moral del acto). Sistemáticamente en cada núcleo de población, habitación o reunión, por parte de civiles, militares y paramilitares se procedió a la masacre, simultáneamente a la evacuación forzosa bajo amenazas de asesinato perpetradas por el ejército ruandés y los Interahamwe.
Cabe señalar un aspecto indirecto que permitió el descontrol genocida y que restó posibilidades de poderlo contener rápidamente: la propia ONU 12 reconoce que las tropas del UNAMIR (Misión para la Asistencia de las Naciones Unidas a Ruanda) establecidas a raíz de los acuerdos de Arusha se retiraron tras iniciarse los actos genocidas, quedando solamente 217 efectivos. Este acto fue la constatación empírica de la falta de implicación internacional para impedir el genocidio. Por otra parte Kapuscinski estima, tomando como fuentes las estimaciones de la ONU y los sistemas de (^12) «Report of the Independent Inquiry into the Actions of the United Nations during the 1994 Genocide in Rwanda»,
Nueva York, 15 de diciembre de 1999, http://www.un.org/News/dh/latest/rwanda.htm
las garantías de derechos de los presos, se sumaba la retención sin que se les abra proceso judicial, y la permisividad de los funcionarios de prisiones, que no impedían que la estructura de la organización paramilitar y su jerarquía de mando se mantuviese dentro de la propia prisión. Así la prisión, lejos de convertirse en un recinto donde se trabajase por la reinserción social se convertía en un tugurio generador de más odio y crispación.
Simultáneamente en los campamentos de refugiados situados en el Kivu se procederá a reestructurar los anteriores patrones de ordenación social, así como el tejido policial, funcionarial y administrativo de la dictadura Habyarimana, hecho facilitado por el control sobre los recursos expoliados del Banco de Ruanda, así como sobre los transportes y vehículos que utilizaron en su huída. Las estructuras militares utilizaron los campos de refugiados como zonas de entrenamiento, y junto al reestructurado sistema de poder en el exilio organizarán la ofensiva contra el FPR, una vez más pretendiendo instrumentalizar a la población ruandesa ahora refugiada: esta vez planifican el utilizar la población refugiada como escudo humano para culpabilizar de genocidas a los miembros del FPR ante la comunidad internacional. Ha de señalarse brevemente que si bien la atención de los medios de comunicación se centró especialmente en mostrar a la opinión pública occidental tal coyuntura, no fue en ningún momento un aspecto novedoso, pues en otros conflictos internacionales 13 en diversas partes del globo, la población refugiada ha sido instrumentalizada militar y políticamente para fortalecer y sustentar las posiciones de las diversas facciones en litigo armado.
No es pues una coyuntura aislada lo acaecido en los campamentos de Goma, donde miembros de las FAR y de las Interahamwe, los desde entonces llamados génocidaires , pudieron contar una recurrente simpatía de ciertos sectores administrativos regionales, así como con la de Mobutu, que veía en ellos posibilidades de reforzar el debilitado control del gobierno central en estas provincias orientales. Es más el propio Mobutu abogó por su rearme y reciclaje, facilitándoles armas baratas y ligeras procedentes de la Europa Oriental. Así pues en la línea de lo comentado en el párrafo anterior, la cúpula de las FAR y de los líderes políticos del anterior régimen ruandés organizó las cabañas de Goma por sectores, comunas, subprefecturas y prefecturas, e impulsaron cargas impositivas sobre la población con una clara intención de controlar estrechamente a la población refugiada. Si bien se pudo finalmente trasladar a otros campamentos a los altos mandos y los contingentes militares fueron privados de sus uniformes, las Interahamwe seguirán detentando altas cotas de influencia, hecho que marcará indefectiblemente el control inicial que realizarán sobre las organizaciones humanitarias y la distribución de los alimentos en una clara intención de reforzar aún más la dependencia de la población refugiada respecto a ellos y asegurar sus cotas de poder. Pese a las demandas que Sadako Ogata, Alta Comisionada en 1994 hizo al Secretario General de la ONU, el egipcio Boutros-Ghali, pretendiendo establecer unas medidas destinadas a desarticular tales estructuras de poder comentadas mediante el desarme, la neutralización de la cúpula política, un sistema judicial especial, un despliegue de polícia militar internacional destinada a mantener el orden público, así como ayuda logística y económica internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU no estimó su aprobación (¿quizás por estar más interesado en las consecuencias de la caída del bloque soviético en 1991?), lo que contribuyó indirectamente al aumento de las tensiones políticas en la región de los Grandes Lagos y al acrecentamiento de un sentimiento en los refugiados de abandono y culpabilidad occidental en lo acaecido.
Sentimiento éste último compartido por el nuevo gobierno en Ruanda (proclamado por el FPR el 19 de julio), que exigía actuar frente a la reestructuración del poder del régimen anterior en los campamentos refugiados, exigiendo bien la repatriación de los refugiados, bien el traslado de estos a regiones interiores del Congo, en una clara intención de limitar posibles amenazas, amenazas que pronto se vieron evidenciadas, pues a principios de 1995 excombatientes de las FAR iniciaron actividades de carácter bélico sobre la frontera de Ruanda. Mientras en el Zaire, coadyuvando con la oposición de ciertos sectores políticos al régimen de Seseseko, crecía la animadversión a la presencia de los refugiados, sentándose por ambas causas las bases para la gestación de un nuevo conflicto
La respuesta bélica por parte del nuevo gobierno ruandés no se hizo esperar: el FPR realizó una serie de incursiones sobre el Zaire y atacó en abril de 1995 los campamentos de desplazados internos (DI) de Birava, Mugunga y Kibeho, en los que la presencia de brazos armados del anterior régimen también era manifiesta. Concretamente el campamento de Kibeho, formaba parte de la Zona de Protección Humanitaria, mas la Operación Turquesa finalizó el 21 de agosto del 94. Durante tal periodo las organizaciones militares, así como las diversas entidades políticas y militares insuflaron a los desplazados esperanzas de garantías de seguridad y cierta estabilidad en el país, haciendo desestimar la posibilidad de huir a los países limítrofes a unos 390000 DI distribuidos en 33 campos. Simultáneamente la ONU, a través del UNREO (Departamento de Asuntos Humanitarios en Ruanda) promovió la creación de un Centro de Operaciones Integradas (COI) para coordinar la acción inter-agencias (las de la ONU y las ONG’s), las de los países (^13) www.acnur.org\publicaciones\SRM\tabla101.htm
donantes y las del Gobierno ruandés. Este organismo impulsaría a finales de 1994 la Operación Retorno , que buscaba facilitar el retorno voluntario de los DI a sus lugares de origen, y si bien en principio mostró ciertos resultados favorables al objetivo propuesto (40000 DI retornaron a sus comunidades de origen), la difusión de las noticias acerca de represalias, arrestos, superpoblación en las prisiones, ocupación ilegal (cuando no destrucción) de las estructuras de hábitat, y parcialidad en los procedimientos judiciales locales invirtió la tendencia, lo que propició un estancamiento del proceso de retorno (220000 DI se mantenían en los campos en febrero del 95), y en concreto un aumento de la ocupación en Kibeho, de 70000 a 115000 personas.
El campamento de Kibeho fue atacado por el EPR (Ejército Patriótico Ruandés, el ejército regular establecido por el nuevo gobierno del FPR) el 22 de abril del 1995. Buch, testigo presencial de la masacre nos describe la crudeza de los hechos, incidiendo especialmente en la degradación de la condición humana manifiesta en estos sucesos y en la actuación programática del ejército. Stephanie T.E. Kleine-Ahlbrandt , en su artículo “ La crisis de Kibeho: hacia un sistema más efectivo de protección internacional de los desplazados internos ” 14 , analiza todos los factores decisivos en la gestación de la crisis de Kibeho, a la vez que lanza una serie de críticas a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias acerca del modo en el que se debe de gestionar los campos de DI, así como los esfuerzos a realizar para garantizar de un modo efectivo la seguridad de los individuos con tal condición.
Los acontecimientos de Kibeho estuvieron precedidos, pese a la creación del COI, de una serie de desacuerdos políticos entre la comunidad internacional y el gobierno ruandés, acerca de las condiciones de retorno de los DI a sus regiones de origen. En la base de estos desacuerdos estuvo la no inclusión de un proceso de desarme sobre las FAR y los interahamwe en los objetivos marcados por la ONU para la Operación Turquesa (en cambio si que establecía un embargo a un comercio armamentístico, que como hemos visto que careció de efectos sustanciales), así como la falta de implicación del ejército francés en tal cuestión, lo que propició que los perpetradores del genocidio pudiesen, como ya hemos observado, adquirir fortaleza tanto en los campos de refugiados como en los de DI, donde empezaba a gestarse una milicia antigubernamental cuya manifestación evidente la encontramos en las incursiones transfronterizas perpetradas por estos elementos. Estos hechos llevaron al gobierno ruandés a recelar de las propuestas planteadas por la comunidad internacional a través del COI, así como a considerar la existencia de los campos de DI como una amenaza a la integridad territorial y a la seguridad gubernamental. Por ello, mientras las agencias internacionales consideraban que los DI debían mantenerse en los campamentos mientras durase la inseguridad dentro del territorio ruandés, el Gobierno concebía una necesaria disolución de tales campamentos para suprimir amenazas y en consecuencia garantizar la seguridad nacional. El COI intentó hacer compatibles estos intereses desarrollando unos principios rectores en relación a los desplazamientos internos: de forma pacífica, sin ningún tipo de intervención armada, dictaminaba el cierre de los campos, el fin de la ayuda y la transferencia de los DI a sus comunidades de origen, lo que de algún modo significaba transgredir el significado del retorno voluntario defendido por la comunidad internacional. Según Stephanie T.E. Kleine-Ahlbrandt estas pautas elaboradas unilateralmente por el COI, al carecer de un refrendo legislativo de carácter internacional pudieron ser fácilmente cuestionadas por el gobierno ruandés, un hecho que tuvo su manifestación efectiva en los sucesos de Kibeho.
La situación en el campamento, según expone Buch, era ya de por sí conflictiva, pues las propias milicias Interahamwe 15 , con sus coacciones y extorsiones sobre los DI impulsaban a parte de éstos a abandonar los campos para retornar a unas comunidades de origen donde les esperaban otro tipo de agresiones fundadas en el rencor. A su vez las carencias alimenticias, de recursos e infraestructuras eran evidentes en un campo poblado en esos momentos por 80000 individuos. Pero fue a partir del 18 de abril de 1995 cuando la situación de los pobladores del campo se hizo aún más ardua. El EPR cercó el campamento e impidió el suministro de alimentos y recursos hídricos, lo que supuso un desabastecimiento, la necesidad a recurrir al uso de aguas contaminadas donde flotaban excrementos, con la consiguiente multiplicación de diarreas, hedores y enfermedades. Por ello la tensión, el pánico y el malestar generado aumentó la crispación y la sensación de inseguridad en los DI: el 22 de abril un grupo intentó romper el cerco y
(^14) http://www.migracionesforzadas.org/pdf/RMF2/RMF2_8.pdf (^15) Buch también refiere que la violencia de las milicias reacerá sobre elementos, sujetos y organizaciones implicadas indirectamente en los conflictos, principalmente sobre voluntarios de ayuda humanitaria, periodistas y extranjeros. Así pone el ejemplo de Benno Schulten, quien organizando el transporte de refugiados en representación de la Organización de Cooperación Técnica fue atacado en otoño de 1994 cuando dirigía un convoy de 30 camiones transportando refugiados. La prensa también se ve afectada por la violencia de los paramilitares y ejércitos: un equipo de la televisión sudafricana, cuyo reportero Francis Victor había filmado fosas comunes de asesinados durante unos disturbios, fue baleado sobreviviendo únicamente el camarógrafo. A su vez los ciudadanos extranjeros también son atacados, y en este caso Buch expone el ejemplo de un ciudadano belga, baleado el 19 de marzo de 1995 en Bujumbura sin previo aviso y sin motivo conocido
marco el gobierno del FPR para actuar frente a tales amenazas, tanto en Kibeho, como en relación a la coyuntura que se atravesaba en el Kivu. Como ya había comentado la falta de implicación de la comunidad internacional a través del Consejo de Seguridad de la ONU, conllevó indirectamente un acrecentamiento de la inestabilidad. Mientras el gobierno ruandés forzó la dimisión de ciertos ministros independientes para asegurar la contundencia respecto a la política a aplicar en relación al Kivu, el ACNUR, sin contar con la ayuda demandada al Consejo de Seguridad tuvo que apoyarse en los recursos proporcionados por el gobierno del Zaire, para poder garantizar la naturaleza civil y humanitaria de los campamentos de refugiados, y eliminar la vertiente política y militar que éstos estaban tomando. A principios de 1995 se creó el Contingente Zaireño para la Seguridad de los Campamentos, una fuerza especial compuesta por 1500 hombres de la División Especial Presidencial de Mobutu y que contaba con asesores internacionales belgas y de países del África Occidental, y si bien debilito relativamente el poder de las estructuras políticas que se habían conformado, manifestó problemas de corrupción e incompatibilidad en el mando, pues al quedar vinculadas directamente a Mobutu a través de su ministro Defensa, las medidas adoptadas por el Primer Ministro Kengo Wa Dondo para imponer el orden público en los campamentos fueron de difícil aplicación, todo en un contexto de maquiavelismo político del Presidente, quien apoyando públicamente al ACNUR en su misión de desarme, incentivaba directa e indirectamente la militarización en la zona fronteriza del Kivu. Del mismo modo ya desde verano de 1995 el ACNUR incentivó la repatriación. Esta fue especialmente intensa en los campamentos de Goma (regresaron a Ruanda más de 200000) principalmente buscando evitar la militarización así como las coacciones de jefes políticos y de las interahamwe, aunque también se dio con especial intensidad desde el Kivu Sur, Burundi y Tanzania. No obstante la repatriación fue disminuyendo a medida que el Gobierno ruandés radicalizaba su política respecto al Kivu y a los campamentos de DI, quedando totalmente paralizada a partir de los sucesos de Kibeho. Así los refugiados quedaban como un eje instrumentalizado por diversos intereses políticos que manipulaban a su favor el estatuto de refugiado y el concepto de retorno voluntario, impidiendo pues su aplicación efectiva en relación a los criterios teóricos establecidos. Así, si bien el ACNUR inició campañas para favorecer el retorno voluntario a partir de decisiones individuales informadas y libres (campañas de información, visitas familiares, negociaciones con las autoridades ruandesas para abrir pasos fronterizos adicionales que facilitasen los movimientos de los refugiados en su viaje de retorno, cierre de los comercios en los campamentos por parte del Contingente Zaireño para debilitar la influencia de las élites políticas, organización de caravanas escoltadas...), la falta de implicación de las principales potencias donantes, y los intereses de los gobiernos del Zaire y de Ruanda (que chocaban frontalmente) dificultaron ostensiblemente las voluntades del ACNUR.
Ya comenté anteriormente la llegada al Kivu Norte de banyaruandeses durante el periodo colonial, fue motivo de una acelerada crispación. En el 72 el Presidente Mobutu, pretendiendo instrumentalizarlos políticamente para contrarrestar la influencia de otras comunidades otorgará la nacionalidad a los banyaruandeses asentados en el Congo desde antes del 1950. Estas medidas contribuirán a acrecentar el rechazo de las comunidades autóctonas de generaciones ancestrales respecto a aquellos: durante 9 años se producirán conflictos derivados de tales medidas, y ya en el 81 las tensiones aumentarán indefectiblemente al promulgar el parlamento zaireño una nueva ley por la que retiraba la ciudadanía, y en consecuencia las propiedades, a la comunidad banyaruandesa. Los conflictos se exacerbaron y llegaron a su apogeo en 1993, cuando se produjeron combates entre banyaruandas y otros grupos como consecuencia de la voluntad gubernamental de establecer un censo de extranjeros. A ello se sumará toda la coyuntura exportada desde Ruanda a partir de 1994, pues los prejuicios étnicos de las interahamwe y de los políticos extremistas hutus, incentivarán aún más la efervescencia de confrontación: a principios del siguiente año Bizimungu, jefe mayor de las antiguas FAR, reclutará a miembros de las FAZ (Forces armées zaïroises), pretendiendo controlar una región del Kivu desde la cual atacar a banyamulengues, banyaruandeses y proceder a incursiones transfronterizas sobre Ruanda. Pronto todos esos grupos humanos se vieron enfrentados: los excombatientes de las FAR, los interahamwe y los mai-mai (milicias locales antigubernamentales) se enfrentaron directamente a los banyamulengues y a banyaruandeses, propagando una ola de muerte y de nuevos éxodos: entre finales del 95 e inicios del 96 cerca de 37000 personas pertenecientes a los dos últimos grupos huirán hacia Ruanda, cuyo gobierno demandará al ACNUR la apertura de campos de refugiados en las inmediaciones de la frontera ruandesa, hecho al que esta última accederá con reticencias pues buscaba lograr una repatriación de la población exiliada, acto no pretendido por el Gobierno ruandés. El establecimiento de estos campamentos, dada la proximidad a los campamentos de Goma, constituirá un factor añadido de inestabilidad.
En el Kivu Sur los conflictos también tomaban un mayor matiz de violencia: Desde los años 60 los banyamulengues se enfrentaron con la etnia mulele a causa de unos criterios diferentes respecto a las estructuras de propiedad y de los modelos de organización económica. Este enfrentmiento fue aprovechado por el gobierno congoleño para reprimir las demandas de los mulele, dando apoyo militar a los banyamulengues y exacerbando aún más las tensiones entre ambas comunidades. Mas en 1981, al retirarles la nacionalidad a los banyamulengues, se demostrará el doble juego del
gobierno zaireño, utilizando las rencillas y fomentando los problemas entre comunidades y grupos humanos en su propio beneficio. Ya en 1996 e instigados por los políticos locales, los banyamulengues fueron atacados por grupos armados muleles y por miembros de las FAZ, y pronto aquellos empezaron a dirigirse a la frontera con Ruanda en busca de protección (Cyangugu). Las milicias banyamulengues apoyada por grupos armados de oposición a Mobutu y por contingentes del EPR dirigieron en respuesta unos ataques cargados de resentimiento sobre militares y civiles congoleños, e impregnados de intereses políticos del gobierno ruandés, que buscaba con ellos debilitar las estructuras militares de los interahamwe y los ex-FAR.
De ese modo los conflictos políticos que se habían generado en Ruanda desde la muerte de Habyarimana coadyuvaron indefectiblemente, por el juego de intereses, con los ya existentes en el Congo, siendo los primeros fermento de la aceleración de los segundos. Los interahamwe y el gobierno de Mobutu por una parte, así como los grupos de oposición al gobierno zaireño y el gobierno ruandés por otra conformaron unos sólidos bloques enfrentados. Los campos de refugiados se convirtieron en una de las condiciones sine qua non de la discordia, y por ello la crítica desde ambos bloques hacia las organizaciones humanitarias no se hicieron esperar. El gobierno ruandés y las milicias de Kabila acusaban al ACNUR de fortalecer a los génocidaires al gobierno zaireño, no tanto por mantener los campos refugiados, sino por financiar al Contingente Zaireño, el cual quedaba bajo estricta dependencia de Mobutu y participaba directamente en los enfrentamientos bélicos, pese a tener como única misión el garantizar el orden público en los campamentos. El gobierno de Zaire y los extremistas hutus hicieron lo propio aludiendo a la participación del ACNUR en pro del gobierno ruandés, alegando que con las exhortaciones dirigidas a los refugiados para que volviesen a los lugares de origen no hacían más que facilitar la invasión en el Kivu Sur. Ante estos hechos cobra una clara evidencia el hecho de que la acción humanitaria, cuando no se acompaña de medidas políticas puede llegar, no sólo a ser instrumentalizada por las diferentes facciones en litigio armado, sino contribuir a generar mayores riesgos de enfrentamiento político: así se puede deducir del fortalecimiento de los interahamwe en los campamentos de refugiados del Kivu, de la organización del Contingente Zaireño apoyándose en los recursos de uno de los contendientes, de la propia gestión de los campos de refugiados a partir de unos criterios estrictamente humanitarios que se enajenaban y alienaban de la realidad política en la que realmente quedaban imbricados, y por la que acababan siendo absrobidos, tal y como reconocía la Alta Comisionada Sadako Ogata 16.
Así pues los campamentos de refugiados situados en el Kivu Sur se vieron constantemente amenazados por las acciones de los grupos armados banyamulengues y de la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Zaire/ Congo. La propia denominación daba a entender la amplia participación de zaireños en un proyecto revolucionario que tendría como objetivo ulterior la implantación de un régimen democrático (nombre que daba a entender la participación de zaireños en la nueva guerra y una agenda política más amplia). Pero su estrategia inicial se centró en atacar a las Fuerzas para la Defensa de la Democracia, que se habían infiltrado en los campamentos de refugiados hutus burundeses ubicados en zona de Ulvira. Las FDD, que estaban integradas en su mayoría por hutus desafectos al gobierno de Pierre Buyoya, fueron notoriamente afectadas y deterioradas, lo que benefició ampliamente a Buyoya pues la capacidad de acción de la oposición armada se debilitó. Este ataque sobre los campamentos de Ulvira así como los llevados a cabo en Bukavu, ambos en octubre del 96, configuraron una situación de guerra abierta que generó la suspensión de las actividades del ACNUR, la evacuación del personal de las organizaciones humanitarias (de ayuda de emergencia), y la huída de los refugiados (burundeses y ruandeses) hacia el norte y el oeste, en un claro fracaso de la gestión y la planificación de la ayuda humanitaria. La situación en el Kivu Norte se reprodujo del mismo modo, pues los campamentos de Kibumba y Goma también fueron atacados por las fuerzas rebeldes, sucediéndose las mismas derivaciones. Así cientos de miles de refugiados quedaron inmersos en una situación de flagrante conflictividad bélica y bajo el control de los grupos armados. A mitades de noviembre la AFDL controlaba la mayor parte de la zona oriental de las provincias del Kivu, y su líder Laurent-Désiré Kabila permitió el acceso de las organizaciones humanitarias a los refugiados, pero siempre en los territorios bajo su control, lo que le resultaba especialmente beneficioso a nivel estratégico y actuar con cierta impunidad sobre los que quedaban fuera de tales zonas. El 12 y el 13 de noviembre el EPR bombardeó el campamento de Mugunga lo que provocó un nuevo éxodo de refugiados: esta vez intentaron huir hacia los bosques tropicales del oeste, pero el bloqueo al que les sometió el AFDL les obligó a regresar a una Ruanda de la que habían sido forzados a huir con anterioridad.
(^16) “Probablemente nunca hasta ahora ha encontrado mi Oficina sus preocupaciones humanitarias en medio de un
lodazal tan letal de intereses políticos y de seguridad. Aunque nuestra asistencia humanitaria y nuestra protección sirven a una mayoría inocente y silenciosa de refugiados ansiosos, también sirven a los militantes interesados en mantener el statu quo”. Alta Comisionada Ogata, discurso inaugural pronunciado ante el 47º periodo de sesiones del Comité Ejecutivo del ACNUR, Ginebra, 7 de octubre de 1996, ExCom 1 de agosto de 1994-diciembre de 1997, F/HCR 19/7 o documento de la ONU A/AC.96/878, Anexo II
seguridad de los refugiados. En este debate entre los países occidentales se entreveía el implícito interés o desinterés por la cuestión: Francia, por los intereses geoestratégicos ya mencionados abogaba por la intervención, mientras Gran Bretaña, EE. UU. la desestimaban ostensiblemente. Así mientras en Francia los medios de comunicación daban cifras de hasta 800000 refugiados que vagaban desorientados por los bosques zaireños en medio de una confrontación bélica, el embajador de EE UU en Ruanda seguía manifestando su interés en relativizar las cifras hasta la nimiedad. Finalmente el Consejo de Seguridad de la ONU accedió a aprobar mediante la resolución 1080 de 15 de noviembre de 1996 el despliegue de fuerzas multinacionales, medida a la que se opondrá el AFDL, y a partir de la que se evidenciaría con prontitud la dejadez del mundo político occidental respecto a unos conflictos de extremada inestabilidad, y que además eran lejanos a sus propios intereses. Así pues los encargados de la planificación de la fuerza multinacional establecida en el sur de Uganda y la provincia Oriental del Zaire pronto mostraron una actitud ambigua al respecto (Maurice Baril, teniente general nombrado jefe de la fuerza multinacional mostró una relativa lejanía respecto al desarrollo de una intervención efectiva) y ésta acabó por retirase a finales de año, aún sin haberse conformado totalmente.
Coetáneamente el conflicto persistía en las regiones situadas entre el Kivu y Kisangani: Masisi y Tingi-Tingi se convirtieron en plazas de fuerte resistencia de las FAR, y en Shabunda empezaron a concentrarse masas importantes de refugiados. Pronto el ACNUR pudo establecer, tras negociaciones con el AFDL puntos de reunión de refugiados, a los que empezaron a acudir colectivos que escondidos en los bosques habían estado sometidos a unas condiciones de vida precarias. Pese a ello las organizaciones humanitarias no pudieron actuar hasta la finalización de los combates en la zona, momento en el que el AFDL les concedió la autorización para acceder a la población refugiada. Entre estos combates cabe destacar el de Tingi-Tingi, en marzo de 1997, que abrió el paso de los rebeldes hacia Kisangani, a la que llegaron en abril. En ambas localidades se perpetró por parte del AFDL ataques armados sobre la población refugiada, matando a todo aquel sospechoso de pertenecer a la oposición armada. Desde Kisangani el AFDL avanzó sin tregua hacia Kinshasa, a la que accedieron el 17 de mayo de 1997, derrocando a Mobutu y tomando el poder.
Desde el momento en que recibieron la autorización las organizaciones humanitarias empezaron a gestionar el retorno de los refugiados a Ruanda. Mediante camiones y puentes aéreos se consiguió trasladar hasta Ruanda a unos 320000 refugiados, pero aún así grandes multitudes acabaron llegando, tras su marcha hacia el oeste, a Angola y al Congo Brazzaville. Entre ellas permanecían aún infiltrados miembros de las FAR y de las interahamwe que se implicarían en los conflictos de los citados países, y que mantendrían una intensa actividad bélica durante los conflictos acaecidos en 1998 en la ya República Democrática del Congo
Los sucesos posteriores evidenciaron un verdadero conflicto internacional entre los países del África Central por el control de recursos y áreas geoestratégicas. La crisis que desde Ruanda y Burundi había sido trasladada al Congo se amplió indefectiblemente durante la guerra civil congoleña y se convirtió en una marcada crisis de los Grandes Lagos en la que llegaron a intervenir diversos grupos paramilitares y hasta seis ejércitos nacionales, provocando entre otros hechos graves efectos sobre la población civil, pues la devastación y el terror acabó generando a finales del 99 más de un millón de desplazados. El presidente Laurent Désiré Kabila pronto vio como la coalición que le había apoyado durante la guerra civil se desarticulaba en función de los intereses respectivos y propios de cada país. En Uganda, presidida por Yoweri Museveni (quien en estos días ha ganado las elecciones democráticas), se apreciaba como la inestabilidad, la presencia de grupos armados de oposición en el Kivu (West Nile Band Front y la Alianza de Fuerzas Democráticas) y en el Sudán meridional (Lords Resistance Army), y la financiación del gobierno sudanés a estas guerrillas afectaba negativamente a la soberanía del gobierno ugandés, por lo que se decidió a actuar militarmente contra el Congo controlando sus aeropuertos para evitar una guerra aérea y atacando a los dichos grupos. Ruanda, a su vez se coaligó con Uganda en esta ofensiva contra el Congo buscando debilitar a las milicias interahamwe aún asentadas en las regiones del Kivu y no será hasta 2002 cuando Joseph Kabila (hijo de Laurent y Presidente del Congo desde 1999) y Paul Kagame firmen los acuerdos de paz en la que el Congo se comprometía a desarmar a los restos de las FAR y a las interahamwe, a la vez que Ruanda se comprometía a retirarse de las zonas del Kivu que controlaba. Contrariamente a estos dos países, Zwimbawe y Angola concedieron su apoyo al gobierno de la República Democrática del Congo, dados sus intereses políticos y económicos. Ha de decirse que los acuerdos de 2002 no supusieron la finalización de las hostilidades, pues la pervivencia de grupos armados paramilitares sigue generando continuos altercados.
La situación política de Burundi a partir de la descolonización también estuvo marcada por conflictos de cierta intensidad, si bien el hecho de que existiese una mayor mezcla entre los grupos étnicos y la relevancia social de los
ganwa (una aristocracia de tipo nobiliario que ejercía una amplia inlfuencia política, económica y social bajo el amparo de la monarquía) hizo que la transición se desarrollase de modo más pacífico. El primer aspecto que pudo observarse fue la multiplicidad de partidos políticos que se organizaron, cada uno de ellos controlado por un ganwa y reflejo de su influencia. La mayor parte de estos partidos defendían una organización gubernamental de carácter monárquico: el UPRONA (Unión Progresista Nacional, emparentado con la familia real), la coalición PDR-PDC (Partido Demócrata Rural y Partido Demócrata Cristiano, abogan por un reformismo monárquico y demandan un proceso de independencia a largo plazo) y la UPP (Unión de Partidos Populares) fueron los más importantes, y los que se repartieron las carteras del gobierno provisional. En septiembre del 61 se realizaron las primeras elecciones, en las que el UPRONA, con 58 escaños, ganó por amplia mayoría, quedando los otros 6 escaños para el frente conformado por los otros tres partidos mayoritarios. Entre 1963 y 1965 el mwami Mwambutsa IV buscó establecer la paridad numérica en la representación parlamentaria y gubernamental entre ambas comunidades, una pretensión que fue truncada ya desde 1962 por serie de manifestaciones violentas que influyeron negativa e indefectiblemente en la transición hacia la democracia y generó una serie de gobiernos militares: se asistió a la llegada de refugiados ruandeses tutzi y los problemas vividos en Ruanda desde la instauración del gobierno de Kayibanda, llevó a los tutzis de burundi a endurecer su control sobre el sistema gubernamental y sobre el ejército. Pronto, debido a desavenencias entre diversos príncipes, se desencadenaría una guerra civil que conllevó el asesinato del primer ministro hutu Pierre Ngendandumwe en enero de 1965. El nombramiento en octubre de un tutzi como primer ministro generó una rebelión hutu en la que se buscó derrocar al gobierno y que fue contestada con una fuerte represión. En 1966 Ntare V fue proclamado mwami, y procedió a anular la Constitución y a nombrar como Primer Ministro al capitán Michel Micombero. Éste busco fortalecer la primacía tutzi en la estructura gubernamental, por lo que procedió a proclamar la República y a depurar la administración de funcionarios hutus. Las limitaciones a las que se vieron sometidos los hutus por parte del gobierno llevó a una sublevación en 1972 en la que murieron cerca de 200000 hutus, tras una represión aún mayor que la de 1965.
El coronel Jean-Baptiste Bagaza subió al poder el 1976 tras un golpe de Estado, legitimando su acción con la promesa de acabar con las persecuciones raciales e implantar un gobierno reformista. El Consejo Revolucionario por él instaurado organizó un proyecto de redistribución de tierras en abierto desafío a la burguesía tutsi, aliada al capital extranjero, legalizó los sindicatos, democratizó el UPRONA y promulgó una nueva constitución en 1981: estas reformas generaron un conflicto con la Iglesia Católica pues se vio afectada por la confiscación de bienes. En 1982 se procedió a realizar la primeras elecciones en 19 años por sufragio universal, que dieron la victoria al propio Bagaza, no obstante, la crisis económica y las tensiones políticas se evidenciaron en 1987 con el golpe de Estado de Pierre Buyoya, quien siguió trabajando por normalizar la participación política de la comunidad hutu. No obstante el golpe de Estado propició nuevos enfrentamientos en 1988 en el norte del país, en los que murieron unos 20000 hutus reprimidos por el ejército y provocó que cerca de 60000 se exiliaran a Ruanda. El gobierno de Buyoya reaccionó ante la masacre nombrando como Primer Ministro al hutu Adrien Sibomana y configurando un gabinete ministerial en el que se estableció la paridad numérica entre hutus y tutzis. Ya en 1982 Buyoya promulgó una constitución multipartidista y llamó a elecciones a celebrarse en 1993. Buyoya, al frente de la Unión por el Progreso Nacional (UPRONA) -con mayoría de dirigentes tutsis- fue derrotado por Melchior Ndadaye, del opositor Frente para la Democracia en Burundi (FRODEBU), mayoritariamente compuesto por hutus. Pese a ello militares tutzis desafectos con el resultado electoral asesinarán al presidente electo, acto que generará una espiral de violencia interétnica en la que partidarios de Ndadaye atacarán a miembros del UPRONA, tanto hutus como tutzis, y sectores tutzis radicales atacarán a hutus del FRODEBU, provocando un “totum revolutum”v que se cobró unos 150000 muertos y más de un millón de refugiados, de los cuales más de 700000 se encaminarán hacia Ruanda, y muchos de ellos participarán activamente en el genocidio del 94. La Primera ministra, Sylvie Kinigi logró hacer frente a los líderes del alzamiento, quienes fueron arrestados, si bien una parte de ellos huiría hacia Zaire. Ante la muerte del presidente el Parlamento procedió a nombrar como tal al también hutu Cyprien Ntaryamira. Fue en esta espiral de violencia cuando se consolidaron las milicias armadas
