PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS
LO 6/1984, de 24 de mayo: Se promulgó para combatir las detenciones policiales ilegales que
venían siendo habituales bajo el régimen dictatorial anterior a la CE.
Una detención es considerada ilegal en 3 supuestos: cuando se ha practicado con infracción de
alguno de los preceptos reguladores de la detención de la LECri, cuando se prolonga más allá del
plazo legalmente previsto, y la que se practique y mantenga con vulneración de derechos
fundamentales.
El proceso es muy sencillo y es un expediente que puede llevar a cabo el detenido, un familiar
mayor de edad, o el abogado del detenido.
En la práctica es casi imposible que la tramitación de este expediente se haya llevado a cabo en
las 72 horas máximas, por lo que acabará con una resolución que deje sin efecto la detención o
remarcando su corrección. Por este motivo existen otras vías para evitar o sancionar esto.
Esta ley se promulgó exclusivamente por las detenciones ilegales policiales pero no las
judiciales , que en realidad son las más peligrosas.
Regulado en la LO 6/19894, desarrolla lo dispuesto en el art. 17.2 CE. Mediante este
procedimiento se trata de resolver sobre la procedencia o no de dar libertad a una
persona detenida por persona o autoridad no judicial. Tiene pues, por objeto, comprobar
la legitimidad de la detención. La LOHC considera que son detenciones ilegales:
•Detenidos por persona o autoridad no judicial sin intervenir los supuestos legales
o sin respetar las formalidades y requisitos exigidos por las leyes.
•Las ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
•Las que lo estuvieron por plazo superior al señalado por las leyes si, transcurrido
dicho plazo, no fueran puestas en libertad o a disposición judicial.
Corresponde al juez de instrucción del lugar en que se halle la persona detenida y si no
consta éste, del lugar donde se produjo la detención. En defecto de ambos, el juez de
instrucción del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del
detenido.
Si se trata de una detención por delitos cometidos por una persona integrante o
relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, la competencia
corresponde a los jueces centrales de instrucción.
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