Antón Rial Quintela Manuel Portela Gonzalez 2º C1
1)
Las normas de derecho originario que serían aplicables incluirían los principios generales
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), como la libre circulación de
personas y el principio de no discriminación por motivos de orientación sexual. Además, se
podrían aplicar normas derivadas como la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y la Directiva 2004/38/CE sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión y
de sus familiares a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
2)
La UE tiene competencias limitadas para legislar sobre derecho de familia, pero sí puede
establecer normativas que afecten indirectamente a este ámbito, como lo hace con la libre
circulación de personas y la no discriminación. Sin embargo, la legalización del matrimonio
entre personas del mismo sexo es una competencia de los Estados miembros.
3)
En el caso específico de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, el
TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ha emitido fallos que indican que los
Estados miembros deben reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo cuando
determinan la condición de cónyuge a los efectos de la Directiva 2004/38/CE. En otras
palabras, los Estados miembros no pueden negar el derecho de residencia al cónyuge del
mismo sexo de un ciudadano de la Unión basándose en la no legalización del matrimonio
entre personas del mismo sexo en su propio territoriosiones al derecho de los Estados
miembros para determinar la condición de cónyuge, pero estas deben respetar los principios
de no discriminación y libre circulación.
4)
La noción nacional de cónyuge de la legislación rumana puede interferir en el ejercicio de
los derechos reconocidos por la Directiva si dicha noción resulta en discriminación por
motivos de orientación sexual y contradice los principios de no discriminación y libre
circulación establecidos en la normativa comunitaria. Sería necesario un ajuste en la
interpretación y aplicación de las leyes nacionales para garantizar la coherencia con los
principios de la normativa comunitaria.