Entre el 20 de noviembre y el 1 de agosto de 1946 se llevó
a cabo en el palacio de Justicia de Núremberg uno de los juicios
más importantes de la historia ya que se juzgaba a los principales
culpables de crímenes que atentaban contra la humanidad, la paz y
sobre todo, crímenes de guerra.
La defensa de los procesados no negaba los hechos sobre
los que dictaba la acusación, sino que impugnaban la calificación
jurídica que los haría culpables. Proponía la tesis de que los
individuos habían cometido dichos actos siendo legítimamente
legales según el orden jurídico del tiempo y lugar en que fueron
realizados. Los procesados, según esa tesis eran funcionarios
estatales que obraban de plena conformidad con normas jurídicas
vigentes, dictadas por órganos legítimos del Estado
nacionalsocialista. No solo estaban autorizados a hacer lo que
hicieron, sino que, en algunos casos, estaban legalmente obligados
a hacerlo. La defensa sostenía que si castigaban a los procesados,
se estaría infringiendo un principio liberal: "Ningún delito, ninguna
pena sin ley previa" es decir que para que una conducta sea
calificada como delito, debe estar establecida como tal y con
anterioridad a la realización de esa conducta.
En cuanto a los jueces de este proceso encontramos
discrepancias entre ellos. El primero defendía por encima de todas
las cosas los principios morales universalmente válidos e
inmutables que establecían criterios de justicia y derechos
fundamentales como la naturaleza humana. Ellos incluían el
derecho a la vida, la integridad física, a expresar opiniones políticas,
a tener ideologías religiosas, a no ser discriminado por razones de
raza, a no ser coaccionado sin un debido proceso legal etc. Este
conjunto de principios sería el denominado derecho natural. Las
normas positivas dictadas por los hombres sólo son derecho en la
medida que se conforman al derecho natural y no lo contradicen. Si
nos basamos en el segundo juez, éste decía que no hay ningún
