PREGUNTA 1
Conforme a la Ley General Tributaria (LGT) actualmente vigente (tras la reforma
operada por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre), el plazo general máximo para la
duración de las actuaciones inspectoras es de 18 meses (artículo 150.1 LGT), ampliable
hasta 27 meses en supuestos complejos. El incumplimiento de este plazo no
determina la nulidad de las actuaciones ni de la liquidación resultante, pero sí tiene
efectos jurídicos relevantes: en concreto, concluye el procedimiento inspector por
caducidad, y a partir de ese momento ya no se interrumpe válidamente el plazo de
prescripción del derecho de la Administración para liquidar (artículos 66 y 150.2
LGT). Además, conforme al artículo 150.7 LGT, las actuaciones inspectoras que
excedan del plazo máximo sin causa justificada deben tenerse por concluidas, y las
pruebas obtenidas fuera de plazo pueden ser impugnadas por el contribuyente si causan
indefensión. Por tanto, bajo la normativa actual, si las actuaciones superan el plazo legal
sin justificación, la Administración no podrá continuar válidamente el procedimiento
inspector, y si además ha transcurrido el plazo de prescripción (cuatro años desde el
hecho imponible o la presentación de la autoliquidación), los contribuyentes podrán
alegar la prescripción del derecho de la Administración a liquidar, con posibilidad
de anulación de la liquidación notificada fuera de plazo.
PREGUNTA 2
Conforme a la Ley General Tributaria actualmente vigente, si el procedimiento
inspector iniciado el 30 de julio de 2010 no concluyó ni notificó actuación válida
dentro del plazo de un año (antes del 30/07/2011), entonces la interrupción de la
prescripción no surte efecto más allá de ese plazo. El cómputo de 4 años se reanuda
el 31 de julio de 2011, y, si no hubo nuevas interrupciones válidas, el derecho de la
Administración para liquidar prescribió el 31 de julio de 2015.
Esta interpretación, además, es totalmente coherente con la resolución TEAC
00/06216/2013, y se encuentra incorporada al actual art. 150.2 LGT, por lo que
sigue plenamente vigente hoy.
PREGUNTA 3
Si la liquidación objeto de reclamación fue dictada por un órgano de ámbito
central, como puede ser una Unidad Regional de Inspección con competencias
centralizadas o incluso la ONIF, la reclamación del 15 de marzo de 2012 ante el
TEAC fue en única instancia.
No cabía una instancia previa ante el TEAR de Madrid en ese caso, porque
el TEAC era órgano competente en primera y única instancia.
Esto coincide con lo habitual en procedimientos de inspección que terminan
con actas en disconformidad y que son firmadas por unidades con
competencias regionales o nacionales.
La reclamación económico-administrativa ante el TEAC, interpuesta el 15 de
marzo de 2012, fue en única instancia, y no podía haber tenido una
instancia previa ante el TEAR de Madrid, si el acto impugnado fue dictado
