PROCESO DE CUMPLIMIENTO:
Esta acción fue incorporada a la Constitución de 1993 con la intención de crear
un medio procesal rápido para ordenar que el Funcionario o autoridad pública
renuente de cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo
firme; o se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan
emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento.
El Tribunal Constitucional ha establecido: “para que el cumplimiento de la
norma legal, la ejecución del acto administrativo y la orden de emisión de una
resolución sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la
renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos
Deberá cumplirlos siguientes requisitos:
Ser un mandato vigente.
Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente
de la norma legal o del acto administrativo.
No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.
Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.
Ser incondicional.
Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y
cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de Actuación
aprobatoria”
Para la procedencia del proceso no se requiere agotar la vía administrativa,
basta que el demandante previamente haya reclamado, por documento de
fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o administrativo y que la autoridad
se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los
diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud.
Cualquier persona puede iniciar el proceso frente a normas con rango de ley y
reglamentos. Si tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de un acto
administrativo, solo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se
