Calidad democrática entre líderes y partidos
por
Leonardo Morlino
Istituto Italiano di Scienze Humane (Florencia, Italia)
Revisión de la traducción y Edición: Jesús Tovar Mendoza
Florencia (Italia), Abril de 2008.
Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Consigue puntos base para descargar
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Orientación Universidad
Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Busca documentos
Prepara tus exámenes con los documentos que comparten otros estudiantes como tú en Docsity
Busca tu universidad
Encuentra los documentos específicos para los exámenes de tu universidad
Video Cursos
Estudia con lecciones y exámenes resueltos basados en los programas académicos de las mejores universidades
Quiz
Responde a preguntas de exámenes reales y pon a prueba tu preparación
Consigue puntos base para descargar
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Comunidad
Pregúntale a la comunidad
Pide ayuda a la comunidad y resuelve tus dudas de estudio
Ebooks gratuitos
¡Nuestros e-books salva-estudiantes!
Descarga nuestras guías gratuitas sobre técnicas de estudio, métodos para controlar la ansiedad y consejos para la tesis preparadas por los tutores de Docsity
Asignatura: politica comparada, Profesor: , Carrera: Derecho + Ciencias Políticas, Universidad: UC3M
Tipo: Apuntes
2013/2014
1 / 24
Esta página no es visible en la vista previa
¡No te pierdas las partes importantes!
Documentos relacionados
Vista previa parcial del texto
¡Descarga Morlino calidad democracia y más Apuntes en PDF de Derecho solo en Docsity!
Calidad democrática entre líderes y partidos
por
Leonardo Morlino Istituto Italiano di Scienze Humane (Florencia, Italia) [email protected] Revisión de la traducción y Edición: Jesús Tovar Mendoza
Florencia (Italia), Abril de 2008.
Calidad Democrática entre Líderes y Partidos @ Leonardo Morlino
El presente paper intenta desarrollar una reflexión sobre la influencia que los partidos y sus líderes ejercen sobre la calidad de los regímenes democráticos, y además acerca de la posibilidad de mejorar la participación de la sociedad civil mediante la transformación de los mismos partidos, cambio que se puede generar desde los ámbitos deliberativas, ya sea a nivel centralizado como desde sus propias bases.
1. Algunas definiciones previas Un análisis de la calidad de la democracia o bien una evaluación de qué tan “ buena ” sea una democracia no puede sino partir de las definiciones de democracia y de calidad. La definición mínima de democracia refiere a los regímenes políticos que tienen al menos: sufragio universal, masculino y femenino; elecciones libres, competitivas, recurrentes y correctas; más de un partido; y múltiples fuentes de información. Si los regímenes políticos han cumplido mínimamente estos requisitos, se requerirá verificar empíricamente cuánto se ha logrado respecto de los dos objetivos centrales de una democracia ideal: libertad e igualdad (véase Morlino, 2003, apartado 2.2). Por lo tanto, el objetivo es establecer las dimensiones que delimitan el concepto de “la calidad de la democracia” que nos permitan proyectarnos hacia una democracia ideal.
Si nos remitimos al uso que se hace comúnmente de la expresión “calidad” en el mundo industrial y del marketing, emergen claramente tres formas que se le asocian:
- La calidad se define por los aspectos procedimentales fijados cuidadosamente para cada producto, es decir en el seguimiento preciso de los procesos pre- establecidos de acuerdo a determinados tiempos y métodos.
- La calidad consiste en contar con un producto que tenga ciertas características estructurales, que esté hecho de ciertos materiales, que tenga forma y funcionamiento. Nos estamos refiriendo, entonces, al contenido.
- La calidad del producto o del servicio se deriva indirectamente de la satisfacción expresada por el consumidor, lo cual se manifiesta en demandar nuevamente el producto o el servicio; es decir que la calidad se dirige al resultado.
En la base de tal definición, una buena democracia tiene al menos ocho dimensiones de variación que deben ser colocadas en el centro del análisis empírico. Las primeras cinco son dimensiones procedimentales, en cuanto refieren principalmente a las reglas y sólo indirectamente a los contenidos, a pesar de que éstos soy muy relevantes. Éstas son: 1. estado de derecho ( rule of law ) o respeto a la ley; 2. rendición de cuentas ( accountability ) electoral o bien responsabilidad electoral; 3. rendición de cuentas inter- institucional; 4. participación; 5. competencia (partidaria). La sexta concierne al resultado y refiere a la reciprocidad ( responsiveness ), o sea la capacidad de respuesta del gobierno y que repercute en la satisfacción de los ciudadanos y de la sociedad civil en general. Las otras dos son sustantivas: 1. respeto pleno de los derechos que pueden ser ampliados en la realización de las diversas libertades; y 2. progresiva realización de una mayor igualdad política, social y económica. En este documento vamos a tratar solamente cuatro de estas dimensiones (estado de derecho, rendición de cuentas electoral, rendición de cuentas inter-institucional y reciprocidad ), ya que las consideramos como las más relevantes para nuestro analisis, aun cuando la participación y competencia son también aspectos de fondo del mismo tema.
Como ya se mencionó anteriormente, la calidad de una democracia atañe principalmente a las instituciones y especialmente a los mecanismos de representación. Algunos elementos de democracia directa pueden entrar en la valoración de una mayor calidad de la democracia. Pero hacer de la democracia directa la expresión más alta de la calidad democrática e ignorar la experiencia secular de la democracia representativa y las posibilidades concretas de mejoramiento presentes a través de sus actores principales, líderes y partidos, representaría un análisis del todo abstracto y extraño a la posibilidad de mejorar la realidad existente caracterizada por la prevalencia de democracias representativas cualitativamente diversas. Por lo tanto, la rendición de cuentas electoral , que hace referencia a la experiencia de la representación democrática, se convierte en una dimensión verdaderamente central en cuanto permite un control efectivo de las instituciones políticas por parte del ciudadano o bien de la sociedad civil, en un sentido amplio, y, por lo tanto, permite atenuar los problemas que objetivamente se crean cuando se pasa de una democracia directa a una democracia representativa.
Ademas, libertad e igualdad, como suelen ser entendidas están necesariamente ligadas a la responsabilidad y a la reciprocidad (“responsivness”). Éste es más bien el modo
concreto de hacer más probable una mejor realización de libertad e igualdad desde el punto de vista del ciudadano y de las asociaciones dentro del ámbito de mecanismos representativos. Sin embargo, es también indispensable para la buena democracia un respeto eficiente de la ley. El estado de derecho se encuentra entrelazado con la libertad en cuanto al respeto de todas aquellas leyes que directa o indirectamente sancionan los derechos y su realización concreta. Ninguna libertad o igualdad o incluso responsabilidad pueden realizarse si el respeto a la ley no es efectivo, e incluso si las instituciones de gobierno y de la administración no garantizan su eficacia decisional. Más allá de los problemas de decisiones institucionales, decidir y realizar políticas de calidad democrática tienen como supuesto no eludible el estado de derecho, cuya ausencia haría inútil el resto.
Los sujetos principales de una democracia como tal son los individuos-ciudadanos, las comunidades territoriales y las diversas asociaciones de bases, con valores, tradiciones y objetivos comunes, entre los que se encuentran los partidos políticos con sus líderes. En este sentido, una buena democracia es realizable no sólo teniendo como puntos de referencia un cierto territorio y una cierta población controlados por instituciones estatales y de gobierno democrático, sino además si abarcamos esta referencia a los propios actores centrales (partidos y líderes). El punto principal es que los sujetos mencionados sean el centro de una buena democracia, en la cual aquellos procesos que van de abajo hacia arriba son los más relevantes, y no viceversa. Es necesario, por lo tanto, pasar al análisis de las dimensiones relevantes para la calidad democrática respondiendo en los términos esenciales a tres problemas: definición empírica, problemas de actuación o bien estrategias de subversión y condiciones centrales de actuación.
3. Estado de Derecho El estado de derecho no es tanto la vigencia de un sistema legal cualquiera. Se trata del principio de la superioridad de la ley o bien el ciceroniano “ legum servi sumus ” (todos somos siervos de la ley), refiere incluso a una limitada capacidad de hacer respetar las leyes por parte de una autoridad dispuesta a hacerlo. Las características de no- retroactividad, publicidad, generalidad, estabilidad, claridad,^1 son elementos mínimos para la existencia de cualquier orden civil e incluso un requisito de la consolidación
masivos de comunicación de ir en contra de ciertas decisiones políticas consideradas como inaceptables. En suma, usar la aplicación de la ley como una verdadera “ arma política ” (Maravall 2002). Además, existe una tendencia más amplia y difusa de los ciudadanos particulares y de grupos económicos a recurrir a las leyes para afirmar sus propios intereses. Se presenta, entonces, una “ juridización ” de las democracias contemporáneas analizada por diversos especialistas (véase, por ejemplo, Guarnieri y Pederzoli, 1997). Finalmente, se puede aludir a posturas culturales difusas en el ámbito de masas en diversos países, desde Europa del Sur hasta América Latina o también hasta Europa del Este –pero sobre todo presente en el ámbito empresarial de esas regiones- que ven a las leyes como barreras que perjudican sus propios intereses y, por lo tanto, buscan no respetarlas o superarlas: el conocido dicho “ hecha la ley, hecha la trampa ”.
En síntesis, el análisis del estado de derecho democrático en un determinado país debe ser realizado con atención a la existencia de tendencias contrastantes. Empero, falta un aspecto esencial de la calidad democrática; ¿Cuáles son las condiciones para la vigencia de un estado de derecho que supere las condiciones mínimas de una democracia procedimental? Revisando investigaciones sobre varias dimensiones del estado de derecho democrático sugieren que la existencia de valores liberales difusos y democráticos a nivel de las masas y, aún más, a nivel de élites, junto a la existencia de parlamentos con una tradición legislativa y que cuente con recursos económicos para permitir su labor, son las condiciones necesarias que deben subrayarse para la vigencia de un estado de derecho democrático.
El hecho es que estas condiciones existen en muy pocos países y son difíciles de crear. Por lo tanto, al menos esta dimensión de la calidad democrática –por otra parte, muy importante porque es preliminar respecto de las otras- es también muy difícil de promover. La estrategia más razonable y concreta sería un procedimiento de pequeñas etapas sucesivas siguiendo las líneas y los objetivos que van emergiendo respecto de lo ya mencionado anteriormente, pero de una forma más definida. Esta estrategia resulta necesariamente crítica de las tesis de Putnam (1993), quien sostiene que el rendimiento institucional de un determinado régimen democrático es explicado por las más antiguas tradiciones cívicas del país y que las instituciones cambian muy lentamente.
4. Rendición de Cuentas La rendición de cuentas o responsabilidad política es la dimensión por la cual los líderes electos tienen la obligación de responder por sus decisiones frente a los ciudadanos-electores o a otros órganos constitucionales encargados de ello. Schedler (1999:17) sostiene que la rendición de cuentas tiene tres aspectos centrales: información, justificación, y castigo o recompensa. El primer aspecto, la información sobre el acto o bien sobre la complejidad de la actividad de un político o incluso de un órgano político entero (el gobierno, el parlamento, y así sucesivamente), es la premisa indispensable para valorar la eventual responsabilidad; el segundo se refiere a las razones provistas por el gobernante para su comportamiento y, por lo tanto, de sus decisiones; el tercero es la actitud que asume el elector que reflexiona sobre la información que tiene, sobre las justificaciones dadas y sobre sus expectativas e intereses. En los tres aspectos, es crucial la existencia de una dimensión pública con características de pluralismo e independencia, y con la participación concreta de diversos actores individuales y colectivos.
La rendición de cuentas puede ser electoral e inter-institucional. La rendición de cuentas electoral es aquella en la que los electores pueden hacer demandar frente a los gobernantes electos, a propósito de los actos cumplidos por este último. Este primer tipo de rendición de cuentas es periódico y dependiente de los diversos plazos electorales, nacionales, locales y, si existen, supranacionales: el elector juzga y ejercita un poder de recompensa en votar por el mismo candidato o a la misma lista o bien de castigarlos cambiando de preferencia, que consiste en votar por un candidato distinto o absteniéndose o anulando su voto. Asimismo, la rendición de cuentas electoral configura una relación entre “ desiguales ” políticamente, como son precisamente el gobernado y el gobernante. Puede convertirse en menos intermitente y mayormente continúa si se piensa en los diversos procesos electorales, locales, nacionales y, en el caso de los países europeos, elecciones supranacionales, o bien en la posibilidad de referéndums sobre temas que atañen a la actividad del gobierno central.
La rendición de cuentas inter-institucional es la responsabilidad que los gobernantes tienen respecto de otras instituciones, o frente a actores colectivos que tienen conocimientos y poderes para valorar el comportamiento de los gobernantes. Esta caracterizada por su continuidad, por ser formal o legalmente instituida y en cuanto
imprevistos o logrando influir en la opinión pública mediante medios de prensa que se presten a proteger a políticos ineficientes. Por otro lado, los buenos resultados, incluso obtenidos a costa del sacrificio de los gobernados, pueden a veces llevar a juicios negativos y votos de castigo en contra de los gobernantes en las siguientes elecciones.
La misma acción, a menudo ideológica o instrumental, de los partidos o de otros actores de oposición, o incluso de medios que se encuentran en posiciones de relevancia pública, reconfirma la dificultad de hacer efectiva la rendición de cuentas electoral y también la inter-institucional. Además, a fin de que los partidos de gobierno y oposición puedan desarrollar plenamente su papel de vigilantes de las responsabilidades de los gobernantes debe existir una distinción clara entre gobernantes y líderes de partido, y esto es infrecuente en el partido de gobierno: ya que quien está en el gobierno controla también el partido.
A nivel parlamentario, la disciplina de partido es considerada más importante que la rendición de cuentas hacia los propios electores y, por lo tanto, la mayoría oficialista en realidad busca sostener al gobierno antes que controlarlo. Asimismo, debe hacerse una distinción igualmente clara entre líderes del partido, ya sea de gobierno o de oposición, y estratos intermedios, militantes o simpatizantes, quienes puedan iniciar un proceso desde las bases que oriente cómo hacer el control del gobierno o la forma de hacer más efectiva la oposición. Recientes investigaciones sobre organizaciones partidarias en democracias avanzadas han evidenciado una tendencia caracterizada por la presencia de líderes fuertes y oligarquías, hasta el punto de proponer una hipótesis sobre estos partidos, que contando con financiamiento público, han devenido en “ carteles ”, es decir se han coludido entre sí , en vez de ejercer un proceso competitivo (Katz y Mair, 1995).
Otra dificultad importante respecto a la rendición de cuentas es aquella que se da en los países europeos por la existencia de una dimensión supranacional a partir de la Unión Europea. El ejemplo más ilustrativo es la táctica conocida como el “desplazamiento de responsabilidades” , o sea, el traslado del nivel nacional al europeo de la responsabilidad política por cada decisión impopular tomada por el gobierno, aún cuando se refiera a temas simples como el saneamiento de las cuentas fiscales y por tanto de decisiones necesarias para alcanzar una administración más eficiente. Otras decisiones igualmente relevantes en diversos sectores, si bien desagradables al público,
pueden ser justificadas absolviendo a los gobernantes y los políticos nacionales, en tanto se argumenta que fue el resultado inevitable de una coalición contraria que surgió del Consejo de Ministros de la Unión o en el Consejo Europeo de Primeros Ministros y Jefes de Estado, o bien a causa de una votación adversa en el Parlamento Europeo.
Por lo anterior, los modos de burlar y evitar la rendición de cuentas no faltan, como había puesto ya en evidencia Maravall (1997). Al mismo tiempo, la ausencia o debilidad acentuada de una rendición de cuentas inter-institucional pone todo el peso de la responsabilidad política en la rendición de cuentas electoral, aunque ésta sea periódica y en algunos casos pasan varios años antes de tener nuevas elecciones, lo cual nos coloca frente a una suerte de “ democracia delegativa” (O´Donnell, 1994) o sea de una democracia sin calidad en la cual a duras penas el ciudadano ejerce su voto, para luego ser ignorado hasta las siguientes elecciones, sin contar con alguna posibilidad de castigar la corrupción y el mal gobierno, y sin que tampoco exista alguna forma de rendición de cuentas inter-institucional.
Las condiciones centrales de la rendición de cuentas son bastantes obvias y de alguna manera ya han emergido implícitamente. Más allá de aquellas inmediatas que se han mencionado por separado (posibilidad de alternancia y bipolarismo partidista), ambas responsabilidades deben estar presentes y por lo tanto reforzarse recíprocamente; en segundo lugar, deben existir un poder judicial independiente y otras instituciones públicas igualmente independientes, de modo que se puedan ejercitar concretamente los controles previstos por las leyes; en tercer lugar, la participación efectiva de ciudadanos interesados, cultos e informados que han absorbido a fondo los valores democráticos sigue siendo esencial; cuarto, la presencia de órganos independientes de información es indispensable; y finalmente, la existencia activa de una gama de actores intermediarios de distintas dimensiones, tales como partidos y grupos asociativos, que estén bien establecidos organizacionalmente y en la sociedad civil, y con la capacidad para exigir ambos tipos de rendición de cuentas.
5. La reciprocidad La reciprocidad o “ responsividad” , o sea la capacidad de respuesta de los gobernantes a las demandas de los gobernados, está ligada a la rendición de cuentas en el plano analítico. En efecto, el juicio de responsabilidad implica que también exista un
presencia de un recuerdo negativo del pasado, como lo que ha permitido la consolidación democrática en diversos países. Es mas importante el apoyo generalizado a las instituciones democráticas, ya sea desde las restringidas élites hasta el nivel de las masas en general, dado que estas instituciones son consideradas como las únicas aptas para garantizar la libertad y la igualdad. La difusión de tales posturas favorables a las instituciones democráticas vigentes y los consecuentes comportamientos de los actores políticos repercutiría en la satisfacción e indirectamente en una cierta cercanía y percepción de reciprocidad por parte de la sociedad civil. Una consecuencia posterior de esta legitimidad se expresaría en un mayor interés y participación política de los ciudadanos en las formas más diversas.
Sin embargo, análisis de este mismo tipo conllevan problemas y límites. El fin del siglo XX ha evidenciado el surgimiento de diversos desafíos a la legitimidad que llevan a Kaase y Newton (1995: 150 y ss) a hablar de crisis de la democracia, por ejemplo, con particular referencia al alejamiento de los ciudadanos de los partidos, al surgimiento de posturas antipartidarias y más en general a posturas de insatisfacción y “ anti- establishmen t”. Pharr y Putnam (2000) hablan de “ democracias insatisfechas ”, y estos mismos autores junto a Dalton^6 (2000: 25) subrayan una menor “ capacidad de los actores políticos de actuar según los intereses y deseos de los ciudadanos ”, que está presente en el análisis que aquí se propone sobre la declinación de la reciprocidad. En conjunto los tres autores observan una declinación de la confianza en las instituciones públicas, que es confirmada también por Newton y Norris (2000) con referencia al parlamento, al sistema legal, a las fuerzas armadas, a la policía y a la administración. Esta desconfianza en el gobierno es vista por Della Porta (2000) a partir de un análisis de la corrupción, como producto de la escasa aplicación de la ley y de una mala reciprocidad. Por otra parte, aquí se puede observar también la conexión entre estado de derecho o mejor dicho la falta de garantías del mismo y la incapacidad de respuesta a las demandas de los ciudadanos, para los cuales la garantía de la ley es primordial respecto de otras necesidades o preferencias.
Existen al menos dos tipos de límites objetivos respecto de la reciprocidad. Frente a las percepciones de los ciudadanos se encuentran las posiciones de los gobernantes que, como ya se ha mencionado, más que comprender las necesidades y responder a las posibles demandas de los ciudadanos, a menudo se empeñan en maximizar la propia
autonomía y en influenciar la percepción y la valoración de sus propios intereses en los gobernados, incluso aprovechando la complejidad de los problemas y –puede notarse- de los cambios que existen en las prioridades mismas de los ciudadanos en el curso de una legislatura, ya sea cada cuatro o cinco años.
En segundo lugar, existen problemas objetivamente difíciles de resolver con los recursos disponibles y los restricciones económicas en el gasto público, incluso de los países más ricos. Por ejemplo, si se tienen presentes las demandas obvias en temas de pensiones, o el relativo mejoramiento de las condiciones de vida por parte de un grupo de la población cuya vida media tiende continuamente a elevarse y, al mismo tiempo, los límites establecidos por las cajas fiscales, una plena reciprocidad en este ámbito es simplemente imposible. Si se tienen presentes los problemas de desocupación y de inmigración, se reconoce rápidamente como una plena satisfacción, legitimidad y desde esta perspectiva una amplia reciprocidad son casi inalcanzables en las democracias actuales donde, en cambio, existe un mayor espacio para el descontento, la insatisfacción, el temor a la pobreza y el relativo malestar democrático que hace menos legítimas las democracias actuales, y ofrece oportunidades al surgimiento del ya consabido populismo.
Las condiciones centrales que favorecen la reciprocidad están dadas por una sociedad civil estructurada, independiente, informada y participativa, y por estructuras intermedias fuertes y activas. Son, en efecto, las mismas características indicadas para la rendición de cuentas. Por otra parte, las razones de la importancia de estas condiciones esenciales son demasiado evidentes, en el sentido de que sólo este tipo de sociedad civil y de estructuras intermedias pueden hacer posible el esclarecimiento de al menos una vertiente de la reciprocidad , cual es la percepción de las propias necesidades. A propósito del output gubernamental, sólo en democracias y sociedades ricas y desarrolladas tiene cierto sentido – incluso con todas las dificultades que se han mencionado – esperar la respuesta de los gobernantes. Por lo tanto, el factor económico que resultaba importante para explicar la consolidación democrática (véase Morlino 2003, apartado 7.4), se vuelve relevante, ya que permite una capacidad de respuesta gubernamental a las exigencias de los ciudadanos y de la población en general.
6. Interacciones analíticas entre las dimensiones de la calidad de la democracia.
Reciprocidad Uso manipulador de la información por parte de las élites Complejidad de los problemas como pretexto de las autoridades Libertad e igualdad Reconocimiento limitado de los derechos, especialmente los de participación. Desigual distribución de los costos de los derechos (en particular derechos sociales)
La figura 2 sugiere indirectamente lo que sería una democracia sin calidad, como aquella en la cual la recurrencia frecuente de los líderes y partidos a las estrategias de subversión rebaja el nivel de implementación de las dimensiones de la democracia.
Por último, una reflexión sobre estas dimensiones refleja la gran responsabilidad que para su cumplimiento recae sobre una sociedad civil democrática, participativa y dotada de recursos culturales y económicos. Esta misma sociedad civil, sin embargo, puede sentirse amenazada por el fenómeno de la inmigración y de la consecuente presencia de culturas muy diversas. Y esto puede llevar, a su vez, al surgimiento de presiones y demandas de autoprotección que limitan los derechos para los no-ciudadanos, atropellando así las dimensiones sustantivas de la calidad democrática.
7. ¿Cuán esenciales son los partidos y líderes para una buena democracia? El análisis empírico del proceso de consolidación democrática ha mostrado la relevancia de algunas anclas para el éxito de dicho proceso, especialmente cuando la legitimidad del régimen democrático no es lo suficientemente sólida, sino más bien limitada y relativa. Aún en presencia de una legitimación inclusiva, las anclas son todavía importantes para entender cuáles procesos de consolidación se han realizado concretamente (Morlino, 1998). Estas anclas son la organización del partido, los controles de acceso (gatekeeping), los vínculos clientelares y las estructuras neocorporativas, en ellas los partidos y sus líderes cumplen un papel esencial. Sin detenernos a recordar el significado de dichas bases (véase Morlino 1998), la primera pregunta es, si las cuatro formas de “ anclaje ” pueden dar una contribución a la calidad democrática.
Control de acceso y clientelismo por sus características no universales no son las anclas que pueden contribuir a la calidad de la democracia, en tanto que están ligados a relaciones de poder desiguales y fuertemente personales y con procesos de intercambio, inevitablemente opacos. El neocorporativismo da vida a procesos decisionales basados en intercambios y contrataciones; tales procesos ponen frente a frente a gobiernos y sindicatos sectoriales y territoriales. No es necesariamente una arena deliberativa entre participantes libres e iguales, pero puede crear las condiciones para una mejor reciprocidad y para menores disparidades socioeconómicas, gracias a la posibilidad de establecer políticas sociales más eficaces. En suma, donde se logre dar vida a organizaciones partidistas sin ideologías divisorias y conflictivas, pero atentas a los aspectos programáticos, entonces se contará con estructuras intermedias con capacidad de contribuir a la calidad democrática en el plano de la responsabilidad de los derechos.
Todo esto significa, antes que nada, transformar el anclaje partidista. Más precisamente, el sistema de conexión entre lo alto y lo bajo de una sociedad civil descontenta, pasiva, poco viva, y que debería ser sustituida por estructuras intermedias en las cuales sería esencial la participación de una sociedad civil más instruida y dispuesta para entrar en acción. Pero ¿cómo es posible transformar las anclas partidistas? La respuesta “ simple ” sería: incidiendo en la organización y en los líderes de las estructuras intermedias a las cuales nos estamos refiriendo. Pero esto sería válido sólo si se lograra dar vida a verdaderas arenas deliberativas al interior de los partidos. Desde este punto de vista, y con toda la cautela del caso, se puede retomar la propuesta de Cohen (1989, 31) a propósito de los partidos, subrayando como individuos y grupos carentes de recursos materiales pueden superar estas desventajas políticas a través de los partidos, o sea a través de las estructuras intermedias que son aptas para ejercitar un control mucho más eficaz sobre el gobierno y sobre diversos procesos decisionales que exceden la injerencia de un simple ciudadano. La otra ventaja potencial de tales estructuras intermedias está en la posibilidad de impulsar en los diversos niveles deliberativos cuestiones muy amplias, no limitadas, específicas e incluso irrelevantes. Se podría construir precisamente una cadena deliberativa al interior de un partido desde el nivel local hasta el central, que asegure la participación de miembros interesados y activos de la sociedad civil.
8. La democracia deliberativa
Mas relevante que una reconstrucción del debate teórico al respecto, es tratar de entender mejor que es una democracia deliberativa, y en consecuencia ciertas características y efectos de la misma (véase especialmente Cohen 1989 y Miller 1993). Antes que nada, el procedimiento deliberativo debería tener las siguientes características: continuidad, en cuanto se espera que los participantes del diálogo- discusión, el procedimiento y las instituciones que la cobijan, perduren en el futuro; libertad, o bien libre deliberación entre iguales que se encuentra en la base de la legitimidad misma de un procedimiento de este estilo; pluralismo de la asociación o bien de la institución deliberativa en la cual los objetivos divergentes, incluso el respeto a soluciones similares, sean reconocidos; carácter vinculante entre discusión y decisiones, también respeto y atención a las opiniones y argumentos de los participantes; y finalmente, empeño por no mentir, manteniendo posiciones éticamente fundadas.
En cuanto a los efectos virtuosos de la deliberación, considerando que las opiniones no se expresan a priori y se van formando en el curso de la discusión, es posible eliminar los argumentos y las soluciones más irracionales; hacer emerger los distintos aspectos del problema discutido de modo que se eviten simplificaciones impropias; la referencia al bien público como centralmente inevitable en la discusión; cooperación, integración, y sobre todo, el desarrollo de una confianza recíproca entre los participantes del debate que se puede conseguir del proceso mismo de la deliberación.
En conjunto, la concepción deliberativa expresa en sí misma una posición ideal de democracia, además de que algunos de sus aspectos y de sus consecuencias son empíricamente posibles, por ejemplo: la expectativa de continuidad o los efectos integrativos. El punto, sin embargo, no es éste; sino la evaluación de cómo esta concepción es útil para lograr la calidad de la democracia. Desde esta perspectiva, se puede afirmar que si se trata de una democracia deliberativa, ésta repercute directamente en la dimensión de la reciprocidad, libertad e igualdad, más que en la rendición de cuentas, e hipotéticamente pensamos que afectaría, aunque no de manera inmediata, al estado de derecho en el largo plazo. En este sentido, la democracia deliberativa converge con el modelo de consenso “ a la Lijphart” (1998). No existe una conexión necesaria entre los dos modelos, por cuanto el modelo de consenso, que
sobreentiende siempre un fuerte papel de las élites, puede estar basado – y a menudo es así efectivamente – en el intercambio, en la contratación y no necesariamente en la discusión. Pero si aceptamos las consecuencias que arriba se han delineado, la convergencia se presenta en los hechos.
Si sobre la base de lo que se ha afirmado, la democracia deliberativa tiene aspectos positivos para la calidad democrática, la pregunta es ¿cómo institucionalizar arenas deliberativas políticamente relevantes? En un cierto sentido, la propuesta de Linz parece apuntar en esta dirección, respecto de la importancia del parlamento en una democracia para alcanzar integración, confianza recíproca y un grado más alto de legitimidad democrática. Además, como sugieren Miller (1993: 89) y Cohen (1989: 31), cualquier tema específico se puede desarrollar en una arena deliberativa, ya sea a nivel de los ciudadanos y del barrio o de cualquier otro ámbito local y sectorial, incluso considerando todos los límites obvios de la acción política. Sin embargo, ¿Cómo superar la dificultad de los estrechos confines temáticos establecidos por las pequeñas asambleas? Tratar de responder a esta pregunta nos lleva a ampliar el análisis hacia las estructuras políticas intermedias, lo cual se hará a continuación.
9. Conclusiones: promover la calidad de la democracia Sin la pretensión de contar con soluciones milagrosas de algún tipo, una combinación de medidas podría dar vida a aquellas instituciones deliberativas de las cuales nos estamos refiriendo. Antes que nada, sería necesaria la asignación de fondos públicos para los partidos, vinculados a la creación de aquellas arenas deliberativas a nivel local, regional o intermedio, y central. En segundo lugar, estas asociaciones intermedias deberán formar sus propios liderazgos orientados por estos valores, y en lo posible también intelectuales. Sobre este aspecto no debe dejarse de lado la idea de Linz (1997: 420-1) cuando subraya la importancia de la calidad de la clase política para la calidad democrática y cuando reclama la honestidad personal, la tolerancia, la lealtad hacia las instituciones y la entrega a valores colectivos como los indicadores esenciales de una clase política en condiciones de dar vida a instituciones deliberativas y eficaces. Todas estas condiciones no aseguran necesariamente un resultado o una ventaja que favorezca a la calidad de la democracia en algunas de sus dimensiones.