La acción de cumplimiento es:
¿Una garantía constitucional? ¿ un proceso constitucional? O ¿ un proceso constitucionalizado?
Fundamente su respuesta en una base jurídica...así es la tareita
La acción de cumplimiento es un “proceso constitucionalizado” que, prima facie, no tiene por objeto la
protección de un derecho o principio constitucional, sino la de derechos legales y de orden
administrativo, mediante el control de la inacción administrativa.
Se trata, por tanto, de un “proceso constitucionalizado”, como, a su vez, lo es el contencioso-
administrativo, y no en estricto de un “proceso constitucional”, toda vez que en su seno no se resuelven
controversias que versen sobre materia constitucional, aun cuando éste haya sido creado directamente
por la Constitución (artículo 200°, inciso 6).
Como todo proceso jurisdiccional –y los “constitucionalizados” como los “constitucionales” no escapan
de tal condición–, la posibilidad de que las pretensiones que se planteen en su seno sean objeto de un
pronunciamiento sobre el fondo está condicionada a que el demandante satisfaga los presupuestos
procesales y, en su caso, las condiciones de la acción que la ley prevea.
Antes se ha dicho que la acción de cumplimiento protege derechos e intereses legítimos de los
administrados que se deriven de la inacción de los órganos de la Administración pública. Ella, si bien en
la doctrina recibe diversas denominaciones, ha venido siendo considerada por este Tribunal bajo el
título genérico de “inactividad material de la administración”.
De esta manera, la Constitución de 1993 consolidó un sistema integral de control de la totalidad de la
actuación administrativa. No sólo de los actos administrativos (expresos o presuntos) a los que se había
constreñido el proceso contencioso-administrativo hasta antes de que se expidiera la Ley N.° 27584, sino
también de aquello que la doctrina administrativista denomina “inactividad material de la
administración”, esta última, como se ha dicho, a través de la acción de cumplimiento.
En ese sentido, mediante la acción de cumplimiento no se controla cualquier clase de inactividad, sino
exclusivamente la que se ha denominado “material”, es decir, la que deriva del incumplimiento de
mandatos nacidos de la ley o de actos administrativos, donde no media la petición de un particular, sino
