1. Contextualización y Relevancia Estratégica del Fallo
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) 988/2023, de 21 de noviembre,
constituye un pronunciamiento paradigmático en la arquitectura del recurso de casación
para la unificación de doctrina. Su trascendencia radica en la fiscalización de la
"contumacia" administrativa frente a la fuerza de la cosa juzgada. El fallo desarticula una
práctica patológica en la gestión de recursos humanos del sector público: el uso de la
contratación temporal sucesiva no solo como fraude de ley sustantivo, sino como un
sofisticado mecanismo de elusión de mandatos judiciales firmes. En este caso, el Tribunal
Supremo actúa como garante último de la integridad del ordenamiento frente a la
resistencia de un organismo público a integrar plenamente la declaración de una relación
laboral como indefinida.
Datos Identificativos del Proceso:
• ECLI: ES:TS:2023:4916
• Número de Recurso: 5044/2022
• Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro
• Conflicto: El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)
persistió en una cadena de contratos temporales fraudulentos con un trabajador
cuya condición de Personal Indefinido No Fijo (PINF) ya había sido reconocida por
sentencia firme, culminando en un cese que pretendía ampararse en una
inexistente temporalidad.
Esta sentencia no solo refuerza la seguridad jurídica, sino que actúa como un dique de
contención frente a la arbitrariedad administrativa (Art. 9.3 CE). Al limitar la
discrecionalidad en la gestión de la temporalidad, el Tribunal advierte que la tutela
judicial efectiva no permite que el cumplimiento de un fallo se degrade hasta convertirse
en una carga procesal infinita para el trabajador, quien se vería obligado a litigar ante
cada nuevo contrato fraudulento.
2. Requisitos de Orden Público y la Técnica de Unificación
El acceso a la sede casacional exige el rigorismo formal propio de un recurso
extraordinario. La contradicción no es un mero presupuesto formal, sino el quicio sobre
el cual pivota la seguridad jurídica del sistema laboral.
La Contradicción como Presupuesto de Orden Público
Según el Fundamento Jurídico (FJ) 2.1, la contradicción constituye un requisito de orden
público procesal. Esta naturaleza jurídica impone al Tribunal el deber de analizar su
concurrencia de oficio, operando como un filtro de viabilidad que no puede ser orillado
por la voluntad de las partes ni por una admisión previa meramente formal.
La Premisa de la Contradicción (Art. 219 LRJS)
