Práctica 6. Derecho Administrativo II.
Informe jurídico sobre grietas en un edificio de procedencia desconocida.
Objeto del dictamen.
El objeto del presente dictamen básicamente consta de tres cuestiones consistentes en determinar si las
grietas ocasionadas son consecuencia de la obras de construcción de un túnel próximo a las viviendas o si,
por el contrario se debe a una falta de conservación del edificio, o que resulte que las grietas han sido
ocasionadas por ambos motivos. Y a partir de ahí destacar la relevancia jurídica que tiene dicha cuestión.
Por otro lado, debemos atender a la responsabilidad de la Administración, pues esta efectuó el
correspondiente contrato de obra con la empresa constructora.
Y por último considerar si tras siete meses transcurridos desde la aparición de las grietas, sigue siendo
viable dirigirse a la Administración.
Fundamentos jurídicos.
Observadas las cuestiones, conviene establecer los fundamentos jurídicos en los que se fundan las
posibles respuestas a las mismas.
En principio, para determinar de qué son consecuencia las grietas ocasionadas en el edifico, es necesario
el informe pericial que, en este caso, debería ser emitido por un perito independiente, ajeno a ambas
partes para que analice lo sucedido y dé su dictamen acerca del origen de los daños. Por tanto, para
asegurar la efectividad de ese informe, este debe contener: un análisis de documentación y antecedentes
previos a la intervención del perito, seguido de una descripción y ubicación concreta de los daños
aparecidos, así como un análisis de los mismos estableciendo las causas que los han provocado. También
debe estar presentes en el informe una propuesta de reparación de daños, que debe comprender tanto la
resolución de las causas como la reparación de los efectos de las mismas. No debemos olvidar que debe
aparecer una valoración por partidas de todas las obras y gastos necesarios para la completa reparación de
los daños, lo que incluye tanto la obra que pudiera ser necesario como los impuestos, tasas, licencias y
honorarios técnicos que pudieran ser necesarios y por último que el informe incluya anexos que sean
necesarios con fotografías, cálculos, planos, etc.
Para terminar nos centraremos en la relevancia jurídica de dicha cuestión: en caso de que las grietas se
ocasionaran por causa de las obras del túnel, la Administración tendría una responsabilidad con los
propietarios de ese edificio, del mismo modo que si los daño apareciesen por la mala conservación del
edificio y la construcción del túnel hubiese agravado el estado del edificio. En caso de que la aparición de
esas gritas solo fuese por la mala conservación del edifico, por el contrario, solo está en juego el papel de
la aseguradora, y por tanto habría que analizar el tipo de seguro que tiene contratado. El seguro Decenal
de Daños será exigible para aquellas edificaciones cuyo uso principal sea el de vivienda, según la
Disposición Adicional Segunda de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), con la
excepción del autopromotor individual de una única vivienda unifamiliar para uso propio. En el caso de
transmisión inter vivos de la vivienda, el autopromotor sí estará obligado a la contratación de dicha
garantía.
Con respecto a la responsabilidad de la Administración, esta cubre directamente las actividades dañosas
de sus funcionarios (no es una responsabilidad subsidiaria). Ahora bien, los art. 36 y 37 Ley 40/2015
establecen que ello es así sin perjuicio de la acción de regreso de la Administración contra el funcionario
que haya actuado con dolo o culpa grave. La Ley 4/99 ha establecido que dicha acción se debe exigir de
oficio. STS, 1ª, 17.2.2006 (La Ley nº 6462): no hay responsabilidad directa del funcionario público, sino
tan sólo una acción de regreso ante la propia Administración. Excepción: la responsabilidad es subsidiaria
en sede penal (121 CP: “Todos los que sean parte en una causa, si no se les hubiere reconocido el
derecho a la asistencia jurídica gratuita, tendrán obligación de satisfacer los derechos de los
procuradores que les representen, los honorarios de los abogados que les defiendan, los de los peritos
