PRÁCTICA 8
La Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles aprobada el 29 de
diciembre de 2018 por el Ayuntamiento de Sevilla impone en su art. 11 un recargo del 50%
de la cuota líquida del mencionado impuesto, tratándose de inmuebles de uso residencial
que se encuentren desocupados. En aplicación de la mencionada Ordenanza el
Ayuntamiento ha exigido dicho recargo a D. Felipe Navarro Bueno, propietario de una
vivienda en el centro de Sevilla que se encuentra deshabitada desde hace años.
El Sr. Navarro no está conforme con la exigencia de dicho recargo y está pensando en
interponer recurso, que pretende fundar única y exclusivamente en una razón: entiende que
la Ley de Haciendas Locales no permite a los Ayuntamientos la imposición del recargo. No
obstante, no está seguro del éxito del recurso, puesto que no impugnó en su día la citada
Ordenanza municipal. Sin entrar en la cuestión de fondo (esto es, sin entrar a valorar si los
Ayuntamientos pueden imponer el referido recargo), y suponiendo que el Sr. Navarro está
en lo correcto, ¿cuáles serían sus posibilidades en este caso? ¿Existiría algún mecanismo de
reacción, teniendo en cuenta que en su día no impugnó la Ordenanza municipal? ¿Debería
solicitar la anulación de dicha Ordenanza?
Tenemos una ordenanza, que es ilegal porque tiene un vicio puesto que la ley y el
reglamento dicen cosas diferente. Por lo que hay vulneración de un limite formal de la
jerarquía normativa. Este Reglamento ilegal por vulneración de la ley, por lo que es nulo, se
puede acatar de dos vías: recurso directo ( a todo o parte de un reglamento que se considera
ilegal ante la jurisdicción contencioso-administrativa porque el objeto es todo o parte art. 11
y el petitum lo que se pide que anule todo el reglamento o parte del reglamento (en este
caso práctico es el art. 11 que considera el señor que es ilegal) ) Este recurso directo tiene un
plazo de dos meses de interposición desde que se publica, estamos ante el 29 de diciembre
de 2018 y estamos en 2020 , estamos tambien en un acto de aplicación de este reglamento,
en este caso se aplica el art. 11 (quiere que le quiten el recargo) . Por otro lado, el recurso
indirecto, es aquel contra el acto de aplicación de reglamento y es que el fundamento del
recursos tiene que ser la ilegalidad del reglamento que se ha aplicado. El objeto del recurso
indirecto es el acto que aplica el reglamento y el petitum es la nulidad del acto, lo pido
fundamentando en que el reglamento que se me aplicado es ilegal, por loque el órgano
jurisdiccional tiene que observar el reglamento para ver si le da la razón.
El órgano de jurisdicción: juzgado de la contencioso provincial, hay juzgado central, sala de
lo contencioso de la audiencia del supremo etc.. art.8 y s sLJCA Según el caso me voy a
uno o a otro. EL problema es sobre la competencia si tienen cada uno de estos órganos.
Si quiero recurrir de manera directa a un reglamento, depende de dicho reglamento, puesto
que reglamentos están jerarquizados uno se sitúa encima de otro (no hace falta saber dicha
competencia) debemos saber que si ponemos recurso directo contra un reglamento si es un
real decreto me voy a la sala de lo supremo , si es una orden ministerial me voy a la
audiencia , si es autonómico o local TSJ ordenanza . En nuestro caso practico, si es un
recurso directo contra la ordenanza nos vamos al TSJ anula la ordenanza, al darle la razón. El
problema es que el recurso indirecto se inteprone casi siempre a un órgano jurisdiccional
distinto como el objeto del recurso es el acto, si lo que recurro es un acto normalmente de
una entidad local es al juzgado de lo contencioso. El problema es que si me da la razón anula
el acto, si me da la razón es por que entiende que es ilegal, ¿pero que hago con la
ordenanza? Si el contencioso no puede anular la ordenanza por que solo puede el TSJ pero el
