Práctica lección 5
Parte I
I. Lea la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo y
conteste a las siguientes PREGUNTAS:
1. ¿Cuál es el resultado al que obliga la Directiva a los Estados miembros? El
resultado al que obliga la Directiva a los EEMM es la aplicación del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la
promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo.
2. ¿Qué plazo se establece para que los Estados miembros traspongan la Directiva?
Los Estados miembros establecerán las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para ajustarse a la presente Directiva, en un plazo de treinta
meses a partir de su notificación, e informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
Sin embargo, en lo que respecta a la primera parte de la letra c) del apartado 2 del artículo
3, y a la primera parte de la letra c) del apartado 2 del artículo 5, los Estados miembros
procederán a un primer examen y a una primera revisión en su caso de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas que en tales artículos se contemplan, en un plazo
de cuatro años a partir de la notificación de la presente Directiva.
3. ¿Pueden los Estados miembros excluir de su aplicación alguna actividad
profesional? Artículo 2, apartado 2
: La presente Directiva no obstará la facultad que tienen
los Estados miembros de excluir de su ámbito de aplicación las actividades profesionales y,
llegado el caso, las formaciones que a ellas conduzcan, para las cuales, el sexo constituye
una condición determinante en razón de su naturaleza o de las condiciones de su ejercicio.
II. Efecto directo de las directivas y adecuación de los medios para que la Directiva
alcance su finalidad
El Land Nordheim-Westfalen, administrador del centro penitenciario de Werl, había
rechazado la contratación de las demandantes como asistentes sociales de la citada prisión
por razón de su sexo. Los funcionarios encargados de la contratación de personal basaron
su negativa a contratar a las demandantes alegando los problemas y riesgos que entrañaría
la contratación de candidatas femeninas para una institución exclusivamente para presos
varones.
La jurisdicción alemana había apreciado la discriminación en el acceso al empleo por razón
de sexo. Sin embargo, en su opinión la única sanción prevista en el derecho alemán
consistía en la reparación del perjuicio sufrido, debiendo el empresario indemnizar a las
víctimas de la discriminación como consecuencia de la pérdida de su confianza en que la
selección respetaría el principio de igualdad de trato y que no constituiría un obstáculo para
el establecimiento de la relación laboral. De hecho, se traducía en una indemnización
simbólica equivalente a los gastos de desplazamiento por concurrir a las pruebas.
