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PRÁCTICA PRIMERA
- D. José Bertal, abogado en ejercicio, está redactando una demanda de reclamació n de cantidad a favor de su cliente, D. Juan A. B. Segú n le ha indicado éste, la deuda es consecuencia de la entrega de una partida de telas para abanicos a la mercantil “A.E. S.L.”. Se pregunta si una empresa puede ser demandada como tal o si debe demandar a los socios o a los administradores.
- Al redactar esa misma demanda, el abogado se da cuenta de que la mercantil “A.E. S.L.”, no es una sociedad de responsabilidad limitada, sino que se trata de una sociedad que no ha cumplido con los requisitos legalmente establecidos para constituirse en persona jurídica. Se plantea la duda de si podrá́ ser demandada A.E. S.L.
- Al redactar una demanda, el abogado de la demandante tiene conocimiento de que su cliente es menor de edad. Se plantea la duda de si realmente su cliente tiene capacidad para ser parte y/o capacidad de actuación procesal.
- D. J. E, abogado de la mercantil C.H.R. SA. Se dispone a formular demanda de reclamación de cantidad por importe de 30.000 euros frente a D. Luis C. H. se plantea quién deberá́ comparecer en juicio por la persona jurídica a la que asesora.
- Iniciado un proceso de reclamación de cantidad, las partes llegan a un acuerdo extraprocesal para la satisfacción del pago, ante ello, la parte demandante solicita a su procuradora que desista. Esta se pregunta si con el poder de representación que se le ha otorgado es suficiente para realizar ese acto procesal.
- Se formula demanda en la que D. C. L. H. afirma que no es propietario, ni poseedor, ni titular por concepto alguno, de un predio al que un colindante vierte las aguas de su casa, sin embargo, se empeña en iniciar un proceso para que cese en tal actividad. ¿Tiene la demanda algún defecto respecto a la condición de parte procesalmente legitima?
Práctica segunda
1º) Las vecinas D. Ana E. y Dña. Carmen C., residentes en Cullera, perteneciente al partido judicial de Sueca, acordaron costear a partes igual la instalación de un seto con un árbol en la medianera que separaba los jardines de sus casas. Todo ello vino a costar, incluida la mano de obra, la cantidad de 172 euros. Dña. Ana adelantó el dinero al jardinero. Sin embargo, Dña. Carmen se niega a pagar alegando que la colocación del árbol amenazaba con caer sobre los columpios de sus hijos, además de no gustarle estéticamente cómo había quedado. Dada la negativa al pago, Dña. Ana se plantea ante qué órgano jurisdiccional debe formular la reclamación de cantidad que le debe su vecina.
Por su parte, Dña. Carmen, ante la posibilidad de pretender que un órgano jurisdiccional resuelva sumariamente la eliminación del árbol por la amenaza que supone, duda qué órgano jurisdiccional sería el objetivamente competente.
2º) D. Juan Carlos N. S., miembro de la Asamblea Legislativa de la Comunidad de Castilla La Mancha, ha adquirido un apartamento estudio en la playa de Jávea, a D. José C. G. a tal efecto hizo entrega de 24.000 euros en concepto de arras, estableciéndose como modo de pago, la cantidad de 90.000 euros en el momento de formalización de la escritura pública y dos plazos bimensuales de 3.000 euros. En el momento del último plazo de 3.000 euros, D. Juan Carlos se niega a efectuar el pago, alegando que había tenido que gastar esa cantidad haciendo algunas reparaciones y en la pintura del apartamento.
D. José se plantea si para la reclamación judicial se aplicará alguna norma especial de competencia objetiva, dado el carácter de miembro de una Asamblea Legislativa.
3º) Dña. María S.T. formula demanda en reclamación de cantidad de 114 euros, esto es, 89 euros en concepto de principal, más 25 euros por intereses, frente a Dña. Fernanda F. M, que residente en la localidad de Chiva, que forma parte del partido judicial de Requena. Se pregunta ante qué órgano debe formular la demanda.
4º) D. Julián B., con domicilio en la ciudad de Castellón de la Plana, reclama a D. Richard O., de nacionalidad británica y con residencia en Benidorm, la cantidad de 9.000 euros por la colocación en su casa de la playa, de una cocina con chapa de roble y bancada de granito. Dado que D. Richard no efectúa el pago a pesar de las reiteradas reclamaciones extraprocesales, D. Julián se decide a formular demanda judicial. Determínese la competencia objetiva y territorial.
5º) Dña. Pilar H, con domicilio en la ciudad de Zaragoza, no está de acuerdo con el testamento de su padre, que vivió toda su vida en la ciudad extremeña de Badajoz, por el que mejoró a sus hermanos, fruto de un segundo matrimonio del finado, D. José, Dña. Paloma y D. Jorge, residentes en Valencia, Madrid y Barcelona, respectivamente. Determinar la competencia objetiva y territorial.
Práctica tercera
1º) El 17 de marzo de 2003. D. Abelardo G., que vive en la ciudad de Valencia, leía tranquilamente un periódico de difusión nacional publicado en la ciudad de Madrid. D. Abelardo quedó sorprendido cuando leyó que un periódico le atribuía unos hechos que él considera inexactos y perjudiciales, así como lesivos de su derecho al honor.
Tres días después de la publicación, D. Abelardo dirige un escrito de rectificación al director del medio de comunicación, solicitando la publicación de su versión de los hechos. Ante la negativa de este último a llevar a cabo la rectificación, D. Abelardo decide ejercer judicialmente su derecho a la rectificación de los indicados hechos. Determinar el procedimiento adecuado, competencia objetiva y territorial.
2º) D. Fernando P. y Dña. Cristina M. tras cinco años de controvertido noviazgo, decidieron casarse el 1 de julio de 2000, con la esperanza de que el estado matrimonial limaría sus frecuentes diferencias. Sin embargo, celebrado el evento en la fecha convenida, y durante las dos semanas del viaje de recién casados, las desavenencias continuaron, incrementándose en los meses siguientes. En septiembre de 2003, después de números intentos de aproximación, consideran que la situación es insostenible y deciden presentar demanda de separación de común acuerdo. Determinar el procedimiento adecuado.
3º) Dña. Ana F. y D. Vicente G. pactaron verbalmente una compraventa el 15 de junio de 2001 por la que la primera se comprometía a transmitir al segundo un vehículo de su propiedad. D. Vicente se obligaba a pagar un precio de 9.015 euros, 1.803 euros en el momento de la entrega del vehículo, y el resto en 12 de mensualidades de 601 euros, pagaderas durante los primeros diez días de cada mes. Verificada la entrega del vehículo el 30 de junio, y los 1.803 euros convenidos, D. Vicente no pagó ninguna mensualidad, por lo que el 1 de octubre de 2001, Dña. Ana reclama el pago de las mensualidades vencidas. Determínese le procedimiento adecuado.
4º) A partir del mes de junio de 2009, la empresa de calzados “C. SL”, con domicilio social y con establecimiento abierto al público en la Calle Fuensanta núm. 10, de Liria, comienza a realizar una campaña publicitaria con la que denigra los productos de la empresa competidora “ACEW SL”, con domicilio social en la calle Alfaguara número 3 de Moncada.
Esta segunda empresa estima que las manifestaciones que viene realizando su competidora, constituyen actos que menoscaban injustificadamente su crédito en el mercado, en contravención con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal. En consecuencia, esta empresa decide reclamar judicialmente, al amparo del artículo 18 de esta Ley, el cese en esa actividad, la retirada del mercado de los folletos y carteles en los que se plasmaron dichas manifestaciones, así como el pago de 2. euros en concepto de indemnización por daños y perjuicio. Determinar el procedimiento adecuado, competencia objetiva y territorial.
Práctica cuarta
1º) La empresa “Ramón y Hermanos SL”, con domicilio en Murcia, en la calle Buen Orden número 16, reclama la cantidad de 7.000 euros, a Dña. Silvia García Gómez. La deuda, según la empresa, se basa en el suministro y la instalación de un aparato de aire acondicionado en la vivienda de la deudora, sita en la calle Poeta Valdez, número 5, puerta 6 de la ciudad de Alicante.
Determinar los aspectos relativos a la capacidad de las partes, competencia objetiva, territorial y procedimiento adecuado.
Práctica sexta
1º) D. Pedro R, presenta demanda contra Dña. Amparo F. sobre cumplimiento de contrato de compraventa de finca rústica por cuantía de 6.005 euros al negarse la demandada a elevar a escritura pública dicho contrato después de haber pagado parte del precio.
Personada en forma la demandada, ésta contesta a la demanda oponiéndose a la misma.
Siendo los hechos contradictorios por no haber acuerdo sobre ellos e interesando a ambas partes la práctica de prueba: ¿en qué momento procesal se deben proponer los medios de prueba? ¿En qué momento procesal se practicarán los medios de prueba admitidos?
2º) D. Andrés demanda a la Compañía de Seguros H. y a Dña. Amparo M, por daños causados en accidente de circulación, por un total de 1.682 euros. En el juico, D. Andrés pretender hacerse valer de los siguientes medios de prueba: documental privada; interrogatorio de parte y testifical.
¿En qué momento procesal se propone esos medios de prueba y cuando se practican?
