Por: César Rodríguez Garavito (Se retiró en 2019) | Octubre 16, 2012
¿Por qué respaldar el proyecto de ley sobre el derecho a la muerte digna que
pasó a segundo debate en el Congreso?
Hay buenas razones para que una mayoría dentro y fuera del parlamento esté
de acuerdo con la ley, incluyendo a creyentes y conservadores moderados. Por
ello el proyecto pasó en primer debate y tiene futuro en los que vienen.
La primera es que el proyecto es bastante prudente, como lo mencionaba en
mi columna anterior. Tiene un procedimiento exigente para certificar la libre
voluntad y la condición médica de los pacientes que pidan la terminación de su
vida en situaciones extremas de enfermedades terminales o lesiones
irreversibles. Ningún médico ni clínica puede ser obligado a practicar la
eutanasia. Nadie puede forzar a un paciente o a su familia a acelerar la muerte.
De modo que le permite a cada quien vivir (y morir) según sus convicciones.
Los pacientes y los médicos que entiendan que la muerte digna es la que llega
después de hacer hasta el último esfuerzo para alargar la vida, pueden optar
por hacerlo. Pero quienes prefieran evitar semanas o meses de sufrimiento
extremo por considerar que la muerte en esas circunstancias es más digna que
la agonía, podrían acortar la dolorosa espera.
Por eso el debate sobre la eutanasia es distinto al del aborto. Esta es la
segunda razón por la que es probable que el proyecto sobre muerte digna
tenga un apoyo mayoritario, a pesar de la confusión entre aborto y eutanasia
que han creado tanto los críticos como algunos defensores del proyecto. No es
cierto que, como dicen los primeros, la ley vaya a obligar a los médicos a
convertirse en “verdugos”. Al contrario, les permite seguir los dictados de su
conciencia, que es justamente lo que las jerarquías católicas y cristianas piden
en el caso del aborto.
Además, a diferencia del aborto, en la eutanasia no hay ninguna disputa sobre
la existencia de otro ser que estaría en peligro: la única vida que está en juego
es la de un paciente adulto que expresa libremente su voluntad. Por eso
mismo, tampoco es cierto que, como lo dice el ponente del proyecto (el
senador Armando Benedetti), la eutanasia sea un asunto de derechos de
minorías. Este tema no debería enfrentar la oposición masiva del aborto; por el
contrario, es probable que las mayorías ciudadanas y políticas estén con el
proyecto, si tienen a la mano la información completa y objetiva sobre la ley, y
no las versiones distorsionadas que circulan algunos de sus detractores.
Hay una tercera razón que no ha sido discutida. La ley sobre eutanasia activa
tendría efectos indirectos sobre el derecho que hoy tienen los pacientes a pedir
que no se les alargue la vida artificialmente con tratamientos invasivos y
costosos, que a lo sumo logran unas semanas o meses más de vida: las diálisis
renales, las dosis de insulina, los tratamientos agresivos para mantener el
corazón latiendo aunque se sepa que todo es en vano y el paciente sólo no los
quiera. Esta forma pasiva de eutanasia, a pesar de ser perfectamente legal, se
encuentra en la práctica con el poderoso obstáculo del temor de los médicos y
