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COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL
Se enmarca dentro del derecho procesal internacional.
El principio rector en el ámbito de esta rama del DIPR es el de lex fori regir processum, es decir, que los
tribunales nacionales aplican su propia ley procesal una vez declarado competente, ello sin perjuicio del
derecho aplicable al fondo del asunto.
El derecho procesal es considerado derecho público y, consecuentemente, es territorial. Sin embargo,
este principio admite excepciones.
De la cortesía a la obligación internacional.
Hasta un cierto momento, mediados del siglo pasado, la cooperación judicial internacional era vista como
una cuestión basada en la cortesía internacional y en el principio de reciprocidad, o sea, los estados no se
consideraban obligados sino que consideraban que era una emanación de la cortesía, y solían sujetar la
cooperación judicial a la condición de reciprocidad, es decir, un estado cooperaba con otro en la medida
que en iguales condiciones ese estado hubiese cooperado con el.
Esto no ayudaba a cumplir con el fin del DIPR de realizar y no solo declarar la solución.
En la actualidad, la base de la prestación de la cooperación radica en una práctica suficientemente
asentada entre las naciones que concibe que la justicia en tanto cometido esencial del Estado no puede
verse frustrada por fronteras nacionales que se erijan en obstáculos al desarrollo de procesos incoados
más allá de las mismas.
Hoy por hoy, no nos basamos en razones de cortesía, sino que una obligación internacional asumida por
los Estados, reconoce su origen para garantizar el acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Cooperación
y acceso a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia) son receptados en tratados internacionales. Por
un lado, muchos estados reconocen que deben prestar cooperación internacional en base al principio de
acceso a la justicia y muchos otros Estados lo instrumentan.
El instituto de la cooperación consiste en la entreayuda que se prestan los órganos jurisdiccionales de los
Estados con el propósito de no interrumpir la continuidad de un proceso incoado ante un tribunal, que, a
ese efecto, se ve necesitado de solicitar asistencia a otro tribunal foráneo.
Incluye "toda actuación procesal desplegada en un Estado al servicio de un proceso incoado o a incoarse
en otro. Actividad originada en providencias emanadas de órganos jurisdiccionales extranjeros, cuya
finalidad es lograr que el proceso se entable, se desarrolle o se afiance en sus resultados, a través de
acciones que los órganos jurisdiccionales locales han de llevar a cabo".
En el sistema argentino también asistiremos a este sector a la problemática derivada del problema de la
multiplicidad de fuentes.
Art 2594 CCCN- Normas aplicables. Las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios
ordenamientos jurídicos nacionales se determinan por los tratados y las convenciones internacionales
vigentes de aplicación en el caso y, en defecto de normas de fuente internacional, se aplican las normas
del derecho internacional privado argentino de fuente interna.
A falta de tratados, también establecer reglas en materia de cooperación. Rol subsidiario →
Los jueces argentinos deben brindar amplia cooperación, el propósito es el efectivo cumplimiento de la
justicia y cooperación. “ARTICULO 2611 CCCN.- Cooperación jurisdiccional. Sin perjuicio de las
obligaciones asumidas por convenciones internacionales, los jueces argentinos deben brindar amplia
cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial y laboral”. (Obligación de cooperación
internacional.)
Grados o niveles:
A medida que avanzamos, aumentan los requisitos y hay mayor compromiso y espacio para el derecho
del Estado requerido.
