Supuesto de hecho La Comunidad Autónoma de Galicia ha aprobado la Ley 3/2016, de 9 de
septiembre, que introduce algunas medidas tributarias que suscitan serias dudas sobre su
constitucionalidad. La primera de ellas es la creación de un Impuesto de Protección
Paisajística que, según la exposición de motivos, tiene una finalidad medioambiental. Establece
un gravamen sobre todas las entidades que realizan almacenamiento y/o tratamiento de
chatarra y dañan el paisaje de Galicia. A tal efecto, se considera que dañan el paisaje los
almacenes o depósitos de chatarra que resultan visibles desde las vías públicas, por lo que se
reconoce la no sujeción de los depósitos de chatarra no visibles desde ninguna carretera
nacional o regional, y también los que se encuentran “ocultados” por la realización de
actuaciones de protección paisajística (p.ej., mediante la plantación de setos o árboles en el
perímetro de las instalaciones). El gravamen exigible es el 4% del valor catastral
correspondiente a la parte de los inmuebles en los que se acumula la chatarra y dañan el
paisaje (si un inmueble está ocupado con chatarra al 60% y el resto es un prado, se calcula el
60% del valor catastral y sobre dicha cantidad se exige el 4%).
Respuesta
Cabría pensar, en primer lugar, que este tributo podría ser inconstitucional por vulnerar lo
dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de
las Comunidades Autónomas:
Tres. Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos
imponibles gravados por los tributos locales. Las Comunidades Autónomas podrán establecer y
gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserve a las Corporaciones
locales. En todo caso, deberán establecerse las medidas de compensación o coordinación adecuadas a
favor de aquellas Corporaciones, de modo que los ingresos de tales Corporaciones Locales no se vean
mermados ni reducidos tampoco en sus posibilidades de crecimiento futuro.
En efecto, del criterio utilizado exigir el gravamen utiliza como referencia el valor catastral del
inmueble (El gravamen exigible es el 4% del valor catastral correspondiente a la parte de los
inmuebles en los que se acumula la chatarra y dañan el paisaje) cabría pensar que la materia
del tributo se solapa con la propia del Impuesto Sobre Bienes inmuebles, calculado tomando
como referencia el valor catastral de las fincas.
Sin embargo, esto no es defendible, en la medida en que lo que es objeto del tributo no es la
titularidad de un determinado bien, sino la efectiva realización de una actividad que tiene un
impacto negativo sobre el medio ambiente (competencia de la Comunidad Autónoma). Así, esto
puede comprobarse fácilmente de las excepciones recogidas en el articulado, que libran del
pago del impuesto a aquellos que tomen medidas para la evitación del resultado nocivo derivado
de la acumulación de chatarra. Si lo que efectivamente se estuviera gravando fuese la
titularidad, no habría forma alguna de actuar para librarse del pago, pues la titularidad hace
referencia a una situación jurídica estable.
No hay inconstitucionalidad
¿Impuesto parafiscal? ¿Es relevante para resolver el caso?
Hay que ver:
a. Que grave una materia de la que es competente. En este caso, la materia ambiental es
competencia de las Comunidades Autónomas.
b. ¿Viola algún límite? Principios recogidos en el artículo 9 LOFCA.
La competencia material se cumple. Tiene una fiscalidad extrafiscal. Cumple la finalidad
medioambiental. La estructura del impuesto está ligada con la finalidad, y grava una finalidad
