1º.- Admisibilidad constitucional y legal del Real Decreto-Ley 1/2016, de 29 de julio y
del Real Decreto 13/2016, de 2 de agosto, por el que se desarrolla el nuevo gravamen,
así como de las medidas tributarias adoptadas en la primera de las citadas normas.
En relación a la disposición del Real Decreto-Ley, que introduce la nueva tasa, hay que
analizar dos cuestiones:
a. Si la remisión a la norma de rango inferior a la ley respeta el la reserva legal
en materia tributaria.
El TC, en la STC 221/1992, entre otras, establece el alcance de la colaboración
parlamentaria, afirmando lo siguiente:
El grado de concreción exigible a la ley es máximo cuando regula el hecho imponible. Pero la
concreción requerida a la ley es menor cuando se trata de regular otros elementos. Así, y con
relación al tipo de gravamen, este Tribunal ha considerado que se trata de un elemento
esencial en la definición del tributo cuya determinación corresponde necesariamente a la
ley; sin embargo, cuando se está ante tributos de carácter local puede el legislador hacer una
parcial regulación de los tipos, predisponiendo criterios o límites para su ulterior definición
por la Corporación local a la que corresponderá la fijación del tipo que haya de ser aplicado.
b. Si un decreto ley puede crear ex novo un impuesto;
El Tribunal había mantenido la interpretación de que esta relación entre reserva relativa
de ley tributaria y ámbito relativo de utilización del Decreto-ley en materia tributaria
haciendo el razonamiento de que lo reservado a la ley por el artículo 31.3 CE coincide
con las materias «afectadas» de la exclusión del Decreto-ley por el artículo 86.1 CE.
De tal modo que la imposibilidad de crear ex novo un tributo o de regular sus elementos
esencialmente configuradores, entre los que se han de incluir tanto el establecimiento
como la modificación de las exenciones y bonificaciones, por una norma que no sea ley
ordinaria formal del Parlamento tendría diferente fundamento según que el instrumento
—distinto a dicha ley formal— que se pretendiese utilizar para esta creación ex novo
fuera un reglamento o un Decreto-ley. El reglamento no puede, constitucionalmente,
«colaborar» con la ley tributaria en lo que no le permita el principio flexible de reserva
contenido en el artículo 31.3 CE, entendido tal como ha sido interpretado por la
jurisprudencia antes mencionada; el Decreto-ley no puede, constitucionalmente, crear
ex novo un tributo ni regular sus elementos esencialmente configuradores porque su
flexibilidad no impide que ello «afecte» al derecho y al deber de pagar el tributo. En
conclusión, siguiendo esta clásica doctrina del TC, que ha quedado expuesta, un
Decreto-ley que cree ex novo un tributo o establezca una exención o bonificación —
una parte minoritaria del Tribunal también considera que su modificación— debe ser
declarado inconstitucional por afectar al principio de reserva de ley del artículo 31.3
CE que se convierte en límite infranqueable para aquel tipo de normas provisionales.
«A lo que este Tribunal debe atender al interpretar el límite material del artículo 86.1 CE no es,
pues, al modo cómo se manifiesta el principio de reserva de Ley en una determinada materia, la
tributaria en este caso (si tiene carácter absoluto o relativo y qué aspectos de dicha materia se
encuentran amparados o no por dicha reserva), sino más bien el examen de si ha existido
afectación por el Decreto».
c. ¿Se viola algún principio constitucional al establecerse un gravamen
distinto a los móviles de más de 200 euros?
