Bloque III. Actos Administrativos
Tema 4. La invalidez de los Actos Administrativos
Como sucede en cualquier otra rama del Derecho, cuando un acto administrativo no cumple con los requisitos jurídicos e
incurre en infracción del ordenamiento jurídico, no es válido.
La invalidez es la sanción jurídica general que corresponde a los actos contrarios a Derecho. Pero en Derecho
Administrativo, el significado y los efectos de la invalidez no son los mismos que en el Derecho Privado, y ello por la posición
que tiene la AAPP como gestora de los intereses públicos y por las prerrogativas que la Ley le otorga para el cumplimiento de
sus fines.
1. La primera de las diferencias consiste en la presunción de validez de los actos administrativos (art. 57.1 LRJPAC).
Presunción no obstante iuris tantum (que puede ser destruida mediante el ejercicio de acciones, recursos y procedimientos que
permiten declarar la invalidez: recursos administrativos y judiciales, revisión de oficio. Quiere esto decir que, incluso siendo
ilegales, los actos administrativos pueden surtir sus efectos propios y tener fuerza de obligar. También si incurre en la causas de
invalidez más graves, que determinan su nulidad de pleno derecho.
Mientras no se produce la declaración de ilegalidad, a través de una sentencia o de un acto revocatorio, la presunción de
validez se mantiene, y por tanto el acto sigue siendo válido y por tanto se presumirá ejecutivo.
2. La segunda diferencia se produce en relación con los grados de invalidez. Estos grados derivan de la necesidad de
conjugar las garantías de legalidad con las de seguridad jurídica, reservando para los supuestos de ilegalidad más graves la
naturaleza insubsanable del vicio, permitiendo su subsanación, incluso por el transcurso del tiempo, para las ilegalidades de
menor entidad. También en el Derecho administrativo, las infracciones jurídicas a las que la ley otorga mayor gravedad originan
la nulidad de pleno derecho –inexistencia del acto, conforme a la jurisprudencia europea –y las demás infracciones determinan
tan sólo su anulabilidad.
La nulidad de pleno derecho es imprescriptible y no puede sanarse ni convalidarse nunca, a diferencia de lo que ocurre con los
actos anulables (art. 67.1 LRJPAC).
Sin embargo y debido a la presunción de legalidad, tanto los actos nulos como los anulables producen en principio sus efectos.
E incluso el plazo para recurrir los actos ilegales es el mismo en todo caso y bastante breve, de forma que, caducado dicho
plazo, el acto nulo o anulable deviene firme por igual. La única diferencia es que, al no prescribir nunca la nulidad de pleno
derecho, los actos administrativos que adolezcan de ella pueden ser revisados de oficio en cualquier momento por la AAPP,
bien por iniciativa propia o a solicitud de interesado.
Hay una tercera categoría, la de irregularidades no invalidantes, que se refiere aquellas que se consideran infracciones menores
al no producir indefensión en los interesados o no privar al acto de los requisitos para alcanzar su fin.
Lo cierto es que la necesidad de preservar al máximo la eficacia de los actos administrativos, en lo que no tengan de ilegales,
conlleva la observancia de un principio de conservación de los actos administrativos.
1. ACTOS NULOS DE PLENO DERECHO
Art. 62.1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. La nulidad de pleno derecho deriva en este
caso del valor preferente que tales derechos y libertades públicas tienen en nuestro ordenamiento constitucional. Ha de tratarse
de actos que menoscaben, limiten o perturben el ejercicio de tales derechos y libertades. Por ejemplo: actos calificadores en
pruebas selectivas que han supuesto la utilización de criterios distintos para los distintos aspirantes, de forma discriminatoria no
justificada; o actos que fijan los servicios mínimos en una huelga y son contrarios al ejercicio del derecho de huelga.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
Si en lugar de incompetencia por razón de materia o de territorio fuera incompetencia jerárquica, ésta si será subsanable por el
órgano superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
La incompetencia, para que se produzca esta nulidad de pleno derecho, debe de ser manifiesta, es decir, clara y evidente.
En los supuestos en que la controversia competencial se produce entre la AGE y la de una CCAA, además de platearse dicha
incompetencia a través de un recurso contencioso administrativo, también se podrá acudir al conflicto constitucional de
competencias (art. 161.1.c) CE 1978 y 60 y ss. LOTC).
c) Los que tengan un contenido imposible.
Imposible de cumplir, sea por inexistencia de su objeto, por contradicción insuperable en sus términos, por oponerse a las leyes
físicas inexorables, o por otras causas tales como ambigüedad, indeterminación o ininteligibilidad del concepto (jurisprudencia
al respecto sobre estos conceptos: SSTS de 15 de abril y de 2 de noviembre de 2004, por ejemplo). Por ejemplo, orden de
derribo de una construcción que ya ha sido derribada; orden de devolución de una vía pública a su estado primitivo, cuando ya
ha sido urbanizada.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
Para que el acto se considere nulo de pleno derecho en estos casos es preciso que recaiga sentencia penal firme. Por ejemplo, un
acto de expropiación ilegal, pues está tipificado como delito en el art. 541 del CP. O, las adjudicaciones de plazas de
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