Lección 8: El tribunal constitucional
III. Naturaleza del Tribunal Constitucional
En nuestra constitución con la influencia del modelo europeo,
damos lugar a la creación de un órgano específico encargado del
control de la constitucionalidad de las Leyes que recibe el nombre de
Tribunal Constitucional. Esta ley es la LO 2/1979, de 3 de octubre,
modificada en diversas ocasiones.
Debemos destacar en esta figura su carácter autónomo, que no
forma parte de ningún poder del Estado, señaladamente del Poder
Judicial. En la Constitución se distingue con claridad el Poder Judicial
regulado en el Título VI y el Tribunal Constitucional al que dedica el
Título IX. El propio Tribunal Constitucional ha dejado claro que no es
un órgano integrante del Poder Judicial
No obstante, el Tribunal Constitucional es un órgano
constitucional superior. Primero, porque está creado por la propia
Constitución; segundo, porque tiene jurisdicción en todo el territorio
español; tercero, porque es único en su orden; cuarto, porque sus
sentencias tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de
su publicación y no cabe recurso algunos contra ellas; quinto, porque
sus sentencias, salvo las que se limiten a la estimación subjetiva de
un derecho, tienen plenos efectos frente todos. Obtiene así el Tribunal
Constitucional, un carácter peculiar que le afianza en una posición de
privilegio en el ordenamiento español puesto que los demás órganos
del Estado deben acatar sus decisiones sin posibilidad de impugnarlas
jurídicamente.
Sin embargo, se plantea una serie de problemas: en primer
lugar, se circunscribe a determinar si estamos en presencia de un
órgano jurídico o de un órgano de naturaleza política. Los distintos
autores tienen opiniones diferentes. El Tribunal Constitucional
resuelve en muchos casos conflictos puramente políticos planteados
ante él por cuestiones de idéntica naturaleza pero lo importante no es
tanto calificar las motivaciones que empujan a los que residencian
sus pretensiones ante el Tribunal Constitucional sino la precisa
determinación de los criterios que éste utiliza al decidir los asuntos de
que conoce.
Para llegar a una conclusión fiable hay que partir del dato, ya
conocido, que legitima a la propia jurisdicción y más concreto aún el
carácter de norma jurídica suprema que hoy se le reconoce.
El tribunal Constitucional no es el encargado de la defensa
material o política de la Constitución, sino de su defensa jurídica
partiendo de su valor normativo supremo. La libertad del Tribunal
Constitucional para determinar qué tipo de criterios puede utilizar
para resolver los conflictos que le son planteados, sin duda de
naturaleza política, en muchos caso, pero que deben ser decididos
utilizando únicamente métodos y argumentaciones jurídicas
presididas siempre por la Constitución. Cabe concluir, por tanto, que
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