CASO PRÁCTICO 3
RESERVA DE LEY Y RECURSO INDIRECTO FRENTE A REGLAMENTOS
La disposición final segunda de la Ley 13/2013, de 14 de septiembre, de Sanidad Animal,
dispuso que “por Real Decreto del Consejo de Ministros se regularán los supuestos en
que pueda ordenarse el sacrificio de animales y en los que la aplicación de alguna
medida relativa a la sanidad animal dé lugar a un derecho a obtener indemnización”.
Por Real Decreto 377/2014, de 20 de marzo, se llevó a cabo la regulación del sacrificio
obligatorio de animales (no regulado expresamente en la Ley), que distinguía entre
sacrificios en fase de mera sospecha de enfermedades, por diagnóstico cierto o simple
riesgo, permitía ciertas excepciones a la matanza obligatoria, etc.; y establecía unos
concretos baremos indemnizatorios. Por su parte, la disposición adicional segunda del
citado RD 377/2014 facultaba al Ministro de Medio Ambiente a actualizar con
periodicidad bianual esos baremos. Por Orden Ministerial de 18 de julio de 2024 se llevó
a cabo la última de las actualizaciones, hoy vigente.
Por Orden de la Consejera de agricultura y ganadería de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León de fecha 20 de diciembre de 2024 se impuso a la Sociedad Cooperativa
de Guijuelo el sacrificio obligatorio de 766 vacas de su propiedad, por sospecha de estar
enfermas de tuberculosis bovina, y se fijó la indemnización derivada del sacrificio, que
fue ejecutado el siguiente 23 de diciembre.
El 24 de febrero de 2025 la empresa interpuso recurso contencioso-administrativo
contra la Orden de la Consejera ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos), tanto en lo que se refería al
mandato de sacrificar a los animales como en lo relativo a la insuficiencia de la
indemnización fijada. Se alegó en la demanda, por una parte, que el RD 377/2014 es
nulo por regular una materia reservada a la ley por el art. 53.1 CE; y, por otra, que
también es nula la Orden Ministerial, porque la potestad reglamentaria del Ministro se
limita a la autoorganización de su Departamento y no alcanza a la regulación de baremos
aplicables a la valoración de bienes de los ciudadanos.
Resuelva las cuestiones jurídicas que plantea el caso y, además, en concreto, responda
a si será posible y necesario que se plantee cuestión de ilegalidad para que se declare la
invalidez del Real Decreto y de la Orden Ministerial.
Nota: las referencias normativas a la Ley 13/2013, al RD 377/2014 y a la Orden
Ministerial de 18 de julio de 2021 son ficticias, no reales.