CONSTITUCIÓN 1812
La constitución española de 1812, también conocida como ‘La Pepa’, fue aprobada el 19 de
marzo de 1812 por las cortes generales, en Cádiz, tras ser discutida por una comisión de
diputados de los cuales destacamos a los liberales: Diego Muñoz Torrero, Pérez de Castro y
Agustín Argüelles, encargado de redactar el Proyecto de la Constitución y su discurso
preliminar.
La obra se determina por su carácter popular, pues las cortes generales y extraordinarias
representaban a la nación, y se dotaron a sí mismas de esta obra sin la colaboración del rey
ni otros poderes.
Tiene una extensión de aproximadamente 400 artículos, siendo la más extensa de las
españolas, además, la dificultad para su reforma debido a los trámites que habían de
seguirse explica su vocación estable y hace de esta una constitución rígida.
La Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y la propia Constitución francesa de
1791 sirvieron de modelo a los constitucionalistas españoles, donde encontraron sus
fuentes de inspiración. Combinando de esta manera las tendencias constitucionales
españolas y francesas.
Como primera constitución liberal del país, donde no se podía hablar propiamente de la
existencia de partidos políticos, en su sentido estricto, sino de corrientes o creencias (los
serviles defensores del antiguo régimen, y los liberales), contenía una mezcla de diferentes
influencias doctrinales como iusnaturalismo racionalista y el pensamiento constitucional
anglofrancés, en el que abundan las referencias a los derechos naturales e inalienables, a
la voluntad general, a la Razón, a la igualdad natural, al Pacto social con diferentes
tendencias (metrópoli, realistas y americanos), pero todas relacionadas con dos aspectos
fundamentales: la Soberanía y la separación de poderes. Si bien la constitución fue el
resultado de un compromiso entre absolutistas y liberales, se impusieron en mayor medida
los principios liberales.
Por lo tanto, los principios más destacados y sobre los que se basa son: la soberanía
nacional y la separación de poderes.
La soberanía nacional, que hasta entonces había pertenecido al rey, pasa a la nación
representada por los diputados (art.3), es decir, la autoridad suprema ahora reside en el
conjunto de los ciudadanos representados por los diputados en las Cortes.
Con respecto a la forma de gobierno, se mantuvo la monarquía, que en ningún momento se
puso en duda su viabilidad como régimen. La monarquía seguía intacta, no se modificó ni
siquiera se planteó acabar con ella. Se defiende una monarquía legítima, constitucional y
moderada, basada en la soberanía nacional y una distribución de las funciones estatales.
La separación de poderes (siguiendo el modelo formulado por Locke y matizado por
Montesquieu), supuso la atribución de cada una de las funciones principales, legislativa,
ejecutiva y judicial, a órganos diferentes para poder así poner fin al régimen absoluto de
concentración de poderes en manos del rey.
