LECCIÓN 5: EL SISTEMA DE FUENTES EN LA CONSTITUCIÓN
1. NORMAS CON FUERZA DE LEY (I): DECRETOS LEGISLATIVOS
Un decreto legislativo es una norma con Fuerza de Ley dictada por el gobierno en virtud de una autorización
expresa de las Cortes. La delegación legislativa prevista por la Constitución en el art. 82 permite a las Cortes
atribuir al Gobierno, mediante una ley de delegación, la potestad de dictar una norma con fuerza de ley,
denominada decreto legislativo.
Desde una perspectiva material la Constitución impone tres limitaciones a la delegación legislativa. En primer
lugar y con carácter general, la delegación legislativa no puede versar sobre materias reservadas a la ley orgánica
(art 82.1 CE). Las otras dos prohibiciones van referidas solamente a la delegación para elaborar textos articulados:
la ley de bases no puede autorizar su propia modificación, ni puede facultar al Gobierno a dictar normas con
carácter retroactivo (art 83. CE).
b) Delegación para elaborar textos articulados y delegación para refundir textos legales
La Constitución prevé dos tipos de delegación legislativa: la que tiene por objeto la formación de textos articulados
y la que tiene la finalidad de refundir varios textos legales (art.82.2 CE).
Al primer tipo se denominan leyes de base. Éstas consisten en una serie de principios sobre los aspectos
esenciales de la regulación a elaborar. La ley de bases debe delimitar con precisión el objeto y deben de tener el
suficiente grado de concreción como para que no pueda calificarse la delegación como una habilitación en blanco.
Las bases deben servir para que el Gobierno elabore un texto articulado que gozará de fuerza de ley.
En cuanto a la delegación para refundir textos legales, debe determinar el ámbito normativa al que se refiere el
contenido de la delegación, especificando, según establece la propia Constitución, el alcance de la refundición,
aunque difícilmente puede concebirse una refundición técnicamente satisfactoria sin que la misma pueda efectuar
una mínima labor de armonización.
c) Control de la potestad legislativa delegada
En el caso de la delegación legislativa, la Constitución establece que “sin perjuicio de la competencia propia de los
tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso formulas adicionales de control”. De este
precepto constitucional y de la naturaleza de la institución se pueden deducir tres tipos de control: el control ante
el Tribunal Constitucional, el control ante los tribunales ordinarios y el control a cargo del propio Parlamento.
Al Tribunal Constitucional le corresponde el control de la constitucionalidad de las leyes y disposiciones normativas
con fuerza de ley y, por consiguiente, también el de los decretos legislativos.
En cuanto al control por los tribunales ordinarios, pueden controlar los excesos ultra vires del derecho legislativo,
esto es, verificar si éste ha ido más allá de la delegación concedida, argumentando que los preceptos no
amparador por la delegación no resultarían investidos de fuerza de ley.
Finalmente, al control parlamentario, la Constitución se limita a contemplar la posibilidad de que el legislador
prevea formulas “adicionales”, previas o posteriores a la promulgación del derecho legislativo, de control en la
propia ley de delegación.
2. NORMAS CON FUERZA DE LEY (II): DECRETOS-LEYES
a. Los decretos-leyes: características generales
Los decretos-leyes son normas con fuerza de ley dictadas exclusivamente por el Gobierno en caso de existencia de
una extraordinaria y urgente necesidad. Los decretos-leyes entran en vigor de manera inmediata tras su
promulgación y consiguiente publicación. Pero no regula una amplia serie de materias. Como principal diferencia
respecto a la delegación legislativa puede señalarse que es la propia Constitución la que atribuye directamente al
Gobierno la potestad de dictar decretos-leyes, delimitando los supuestos en que puede hacerlo.
b. El control de los decretos-leyes
El decreto-ley posee vigencia inmediata desde su publicación, siendo sometido posteriormente al control del
Congreso, que ejerce así un control a posteriori imprescindible para que la norma pase a integrar de manera
permanentemente el ordenamiento jurídico:
•El decreto-ley recién promulgado debe ser sometido inmediatamente a debate y votación de totalidad en
el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días desde la promulgación. Si éste estuviese
disuelto o hubiese finalizado su mandato será la Diputación Permanente la que ejerza la función de control.
•Dentro del citado plazo, el decreto-ley deberá ser convalidado o derogado.
