TEMA 2. EL DERECHO A LA IGUALDAD
I. IGUALDAD EN LA LEY. DISCRIMINACIÓN POSITIVA O
RAZONABLE.
El artículo 14 de nuestra Constitución recoge el primer principio general de justicia que
constituyó el ideal mismo de las sociedades democráticas y liberales; La igualdad de los
ciudadanos ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
raza, nacimiento, sexo, opinión o religión.
Ahora bien, como toda norma sobre derechos fundamentales, no pretende imponer al
legislador una prohibición absoluta, en el sentido de que no pueda hacer ninguna ley
que atribuya más derechos o menos, mas prohibiciones o menos, o sanciones jurídicas
distintas a unos ciudadanos respecto de otros. Por el contrario, la correcta comprensión
de esta norma o principio, consiste en admitir excepciones a ese principio general,
discriminaciones entre unos ciudadanos y otros, pero solo aquellas que superen un
estricto juicio “de razonabilidad o balance”. De hecho, en un Estado Social, como el
que proclama el artículo 1 de la CE, son muchas y muy variadas las situaciones de
desventaja en que se pueden encontrar grupos de ciudadanos que merecen un trato
diferenciado para poder superarlas. De ahí que el legislador, para cumplir lo que le
ordena el artículo 9.2, para hacer reales y efectivas la libertad de los individuos y para
remover los obstáculos que les impide o dificultan su participación social, a tener en
cuenta estas situaciones y tratar de corregirlas concediendo en sus normas mayores
derechos o imponiendo a otros mayores deberes jurídicos.
Toda el problema se traslada entontes a determinar cuándo el legislador ha llevado a
cabo un trato discriminatorio razonable, es decir, en concordancia con el artículo 14 y el
uso correcto de esa norma constitucional. Solo las discriminaciones no razonables o
negativas incurrirán en inconstitucionalidad por violación del artículo 14 contralada,
según por el artículo 161.a, por el TC.
Para decidir esto último, debe hacerse la adecuada ponderación del supuesto planteado.
El propio TC en su jurisprudencia, señala los pasos que deberán darse a lo largo de ese
juicio razonable sobre la discriminación legal considerada.
* El primer paso consistirá en determinar la norma o normas que introducen el
trato discriminatorio y compararla con la norma general prevista por la Ley en esa
materia. Por ejemplo, en materia de violencia de género, la LO 1/2004 modifica el
código Penal introduciendo un nuevo artículo 171.4, que castiga como delito de
amenazas leves del varón sobre la mujer que es o ha sido su pareja, castigando dicha
conducta antijurídica con una pena de 6 meses de prisión a un 1 año, o alternativamente,
con trabajo a la comunidad de 30 a 180 días. La norma general, aplicable a esas
amenazas leves cometida por cualquier otro sujeto activo, sería el artículo 620.2 que las
califica como faltas, con una pena de localización permanente de 4 a 8 días.
* En segundo lugar, debemos analizar o ponderar, el fin perseguido en la norma
legal con tal discriminación, con otras palabras, los efectos positivos que con ellas se
pretenden alcanzar. En este punto, tiene importancia comprobar si se trata de fines
expresamente señalados en la Constitución, en especial, en lo relativo a principios
rectores de la política social y económica. Es evidente que el carácter razonable de una
discriminación comienza a fundamentarse en proporción a la relevancia de este fin
perseguido. Siguiendo con nuestro ejemplo, la finalidad perseguida por el legislador en
su LO 1/2004, no es otra que promover la seguridad de las mujeres y su libertad cuando
ponen fin a sus relaciones afectivas, mediante la prevención general de los delitos, se
busca la protección de la vida y la integridad física de las mujeres. Por último, el
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