Contratos formativos: a) contrato de trabajo para la formación y el aprendizaje;
y b) contrato en prácticas.
Una de las causas más denunciadas de la lacra que para la sociedad
supone el desempleo juvenil es la desconexión que existe entre el sistema
educativo y el sistema productivo y que provoca que las enseñanzas o
contenidos formativos que el joven recibe en el sistema educativo reglado no
se ajusten a la práctica profesional con lo que el joven cuando se incorpora al
sistema productivo tarda mucho en dar la rentabilidad que el empresario
esperaba obtener con la contratación de un profesional titulado o de un joven
que llega al mercado tras una estancia de varios años estudiando y recibiendo
informaciones y contenidos educativos que habilitan, al menos desde un punto
de vista teórico, para la práctica profesional.
Una de las medidas que se adoptaron para intentar combatir esa
desconexión entre el sistema educativo y el productivo fue la de implicar a las
empresas y a los empresarios en la formación de los trabajadores. En este
caso, los contratos formativos constituyen la manifestación de la colaboración
de las empresas en la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo
posibilitándoles un período de tiempo inicial en el mismo en el que reciban de la
empresa la formación profesional teórica o/y práctica necesarias para
desarrollar una profesión u oficio (contrato de trabajo para la formación) o un
período de práctica profesional en la cual desarrollen y adapten los estudios
recibidos en el sistema educativo a la práctica profesional concreta de un
puesto de trabajo determinado (contrato en prácticas).
Los contratos formativos están regulados en el artículo 11 ET y en el Real
Decreto 488/1998, de 27 de marzo, que desarrolla el citado precepto
estatutario.
A) Contrato de trabajo para la formación y el aprendizaje .
Según art. 11.2 ET el contrato para la formación y el aprendizaje es aquel
que tiene por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un
régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con
actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional
para el empleo o del sistema educativo.
Las reglas básicas y fundamentales de su régimen jurídico son las
siguientes:
- Pueden celebrar este contrato aquellos trabajadores mayores de 16
y menores de 25 años que carezcan de la cualificación profesional reconocida
por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo,
requerida para concertar un contrato en prácticas. Cuando el contrato se
celebra con discapacitados, el límite máximo de edad no será de aplicación.
El Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las
pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de
empleo, ha procedido a la derogación expresa de la posibilidad de celebrar
este tipo de contratos con trabajadores menores de treinta años sin que sea de
aplicación el límite máximo de edad.
- El contrato tiene una duración mínima y una duración máxima. La
duración mínima del contrato es de un año y la máxima es de tres años, según
la última modificación a través de la Reforma del Real Decreto Ley 3/2012.
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