Delitos Fiscales
1. Delitos contra la Hacienda Pública
1. Delito de defraudación tributaria
El delito fiscal requiere, la previa existencia de una determinada relación jurídico-tributaria entre el sujeto activo del delito y la
Administración tributaria de que se trate; es decir, para la comisión del delito es preciso que haya nacido una deuda tributaria o que haya
existido la concesión de un beneficio fiscal.
Sujeto activo sólo puede ser el deudor tributario, el obligado a retener, el que recibe el beneficio fiscal o el que disfruta la devolución
indebida, constituye un delito especial.
Sujetos pasivos del delito los titulares de la Hacienda Pública (Estado, Comunidades Autónomas, etc.). El apartado tercero del precepto
protege también a la Hacienda de la Unión Europea, que es asimismo objeto de protección en los artículos 306 y 309.
Comportamiento típico consiste en defraudar, esto es, en incumplir las prestaciones tributarias a las que se está obligado. Esta conducta se
puede llevar a cabo:
Eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie.
Obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma (indebida).
El precepto aclara que la conducta puede realizarse tanto por acción como por omisión. En ambos supuestos, deberá darse algún acto
concluyente que evidencie el dolo de defraudar:
Ejemplo, no presentar la declaración u omitir en ella datos tributariamente relevantes, siempre que se alcance la cuantía señalada en el tipo
y del contexto pueda deducirse la actitud defraudadora.
De este modo, no constituirá delito fiscal el mero olvido o la omisión de datos tributarios debida a error.
La expresión "cantidades retenidas o que se hubieran debido retener"
Ejemplo, al impago de las cantidades de IRPF retenidas al trabajador por el empresario y no ingresadas.
El art. 305 CP requiere que la defraudación tributaria cause un perjuicio patrimonial a las arcas públicas de más de 120.000 euros. Este
elemento, que constituye una condición objetiva de punibilidad mediante la cual el legislador delimita el ámbito de aplicación del precepto
penal, no tiene que ser abarcado por el dolo del autor.
Por tributos hay que entender las tasas, contribuciones especiales e impuestos.
El párrafo 2º del 1º apartado del artículo 305 establece una pena agravada para aquellos casos en que el delito se cometa concurriendo
algunas de las siguientes circunstancias:
La utilización de persona o personas interpuestas de manera que quede oculta la identidad del verdadero obligado tributario.
La especial trascendencia y gravedad de la defraudación atendiendo al importe de lo defraudado o a la existencia de una estructura
organizativa que afecte o pueda afectar a una pluralidad de obligados tributarios.
Por último, el apartado 4º del precepto establece que quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria,
en los términos expresados en dicho apartado.
1.2. Fraudes a los Presupuestos Generales de la Unión Europea
El Código Penal incluye dos preceptos que protegen de forma específica los presupuestos generales de la Unión Europea u otros
administrados por ésta frente a quien:( En ambos casos el perjuicio causado ha de ser superior a 50.000 euros.)
Por acción u omisión los defraude, eludiendo el pago de cantidades que se deban ingresar, o dando a los fondos obtenidos una
aplicación distinta de aquella a que estuvieran destinados (art. 306).
Pero si excediere de 4000 Euros, se impondrá una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía
y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales
o de la Seguridad Social durante el período de 6 meses a 2 años.
Obtenga indebidamente fondos de los presupuestos generales de la Unión Europea u otros administrados por ésta, falseando las
condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieran impedido (art. 309).
2. Fraude de Subvenciones
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