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El cerebro del asesinato múltiple de
Nigrán exige salir de la cárcel
Su abogado insta a la Audiencia pontevedresa a
rebajar diez años la pena
Carlos Punzón Vigo / la voz 26 de octubre de 2013 21:
Manuel Lorenzo, el expolicía considerado por la Fiscalía y los investigadores como el cerebro del
secuestro y cuádruple crimen cometido en Nigrán en 1994, reclamó ayer a través de su abogado su inmediata puesta en libertad tras pasar en prisión solo 19 años y diez meses de los 212 años, cinco meses y un día de cárcel a los que fue condenado, al igual que el otro autor del asesinato y también agente de la Policía Nacional, Jesús Vela.
El abogado de Lorenzo, José María Martín, remitió a la Audiencia de Pontevedra un escrito solicitando al tribunal que anule con celeridad la aplicación de la doctrina Parot a su cliente, que en virtud de dicha lectura legal del Tribunal Supremo no podría salir de prisión definitivamente hasta el 24 de enero del 2024, momento en el que cumpliría 30 años de reclusión, aunque disfruta desde hace tiempo de diversos permisos.
Piden cuatro años de
prisión a un lalinense
que fracturó una
costilla a otro
Lalín / la voz
29 de octubre de 2013 12:
En la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra se celebrará hoy el juicio contra dos lalinenses que protagonizaron una pelea en mayo del
- La Fiscalía pide una condena de cuatro años y un día de prisión para uno de los implicados, J. P. R., de 34 años, así como la prohibición de acercarse al otro participante a menos de cien metros durante tres años. Por su parte, para A. T. M. R., de 67 años, solicita una multa de 7.200 euros.
Los hechos ocurrieron en una finca de A. T. M. R. el día 15 de mayo del pasado año. En el altercado, J. P. R. golpeó en la cara al primero, «tirándole al suelo, agarrándole del cuello y golpeándole el cuerpo con las rodillas», según recoge el escrito de la Fiscalía, mientras que J. P. R. propinó un puñetazo en el pómulo a A. T. M. R. A consecuencia de la pelea, este último sufrió una fractura en una costilla así como traumatismos y perdió dos dientes. Mientras, J. P. R. sufrió un hematoma infraorbitario.
Además de las citadas penas, la Fiscalía solicita una indemnización a abonar por J. P. R. a A. T. M. R. de 2.3000 euros por las lesiones producidas así como 1.300 euros por las secuelas, mientras el segundo indemnizará el primero en 220 euros.
Un vagabundo, juzgado por un incendio
en Ares
El fiscal pide penas de prisión y la defensa dice que
todo prescribió
Francisco Varela
Ferrol / la voz 30 de octubre de 2013 11:
Un incendido forestal ocurrido en el 2006 en la zona de Chanteiro, Ares, es obra de un indigente portugués que dormía a la intemperie en la zona, según el fiscal. El juicio se celebró ayer sin que él estuviese presente porque se encuentra en paradero desconocido. La vista fue suspendida en varias ocasiones anteriores por los problemas para localizarle, pero la jueza de lo Penal que se ocupa del asunto, dado que las penas solicitadas son bajas, decidió llevar adelante el juicio aunque no estuviese presente. A media tarde del 21 de junio, Ruiz Manuel S. F. prendió fuego, parece que recogió tres calderos de pintura tirados en una cuneta cerca del monte Montefaro, los rellenó de paja para quemarlos por dentro y utilizarlos para cocinar. Luego les prendió fuego, pero la cosa se descontroló y ardieron varias fincas. Un testigo vio lo ocurrido, pero tampoco compareció al juicio. El fiscal solicitó penas de cárcel e indemnización por los daños. La defensa solicitó la libre absolución porque, dijo, el asunto ha prescrito y el testigo principal de cargo no declaró en el juicio, por tanto, añadió, la carga de la prueba es escasa. Quedó para sentencia.
Entre ocho y doce años de cárcel para los
piratas somalíes que trataron de
secuestrar el «Patiño»
Asaltaron el buque de la Armada, con base en Ferrol,
durante un operativo en aguas del Índico
EFE
30 de octubre de 2013 15:
La Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 8 y 12 años y medio de cárcel a los seis piratas somalíes detenidos en un esquife en enero de 2012 por atacar el buque de la Armada Patiño , con base en Ferrol, en aguas del Índico «suficientemente armados» «con la intención de hacerse con su control y poder exigir cualquier tipo de rescate».
Es la primera vez que la Audiencia Nacional emite una condena por el delito de piratería en relación a un ataque de un buque español en aguas del Índico, ya que en la sentencia del secuestro del buque Alakrana no se contempló ese delito.
La sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional considera a todos ellos responsables de delitos de piratería en grado de tentativa y tenencia de armas de guerra, y un sexto ha recibido una pena más alta por un delito de pertenencia a organización terrorista.
Nueva York eleva a 21 años la edad
mínima para poder comprar tabaco
cuotas de multa no satisfecha». Con términos similares acaban muchas sentencias penales sus fallos condenatorios. La pena de multa económica es una alternativa para algunos delitos que sustituye a las penas de prisión si estas son inferiores a dos años en ciertos casos o a un año, de modo general.
Pero en ocasiones, muchas según algunos abogados consultados, esta medida alternativa acaba siendo a la postre un riesgo real de tener que entrar finalmente en prisión por haber incumplido el pago de las cuotas de la multa. A veces por cantidades pequeñas, de poco más de mil euros, algunos acusados se ven con la amenaza de la cárcel en ciernes.
Una abogada, que prefiere que no aparezca su nombre, relata varios casos que ha conocido. Uno de sus clientes, por no afrontar una multa de 2.300 euros, está cumpliendo 23 meses de prisión. La letrada presentó un recurso para que le sustituyeran la pena por trabajos, pero él no los cumplió. En otro caso, la multa era incluso inferior, 360 euros derivados de una condena por superar la tasa de alcoholemia. In extremis, la letrada consiguió que el joven -que había ingresado en prisión por otra causa- pudiera sustituir la pena del delito de tráfico por trabajos y no prolongar su estancia en el penal.
La actuación de los abogados evita que el mal mayor llegue a producirse, aunque tienen que moverse para presentar escritos, recursos, a veces ya a última hora, e incluso solicitudes de indulto para ganar tiempo y que el cliente pueda juntar la suma estipulada. En ocasiones, los afectados alegan que no tienen dinero para pagar, pues aunque sean cantidades no muy altas a veces los acusados solo ingresan pequeñas pensiones o no quieren pedir más prestado a familiares, una situación que ha vivido con clientes ourensanos recientemente esta letrada. También alude esta abogada a problemas de fondo, como el alcoholismo u otras dependencias que derivan en estilos de vida desordenados, para desatender los requerimientos del juzgado.
Si en estos casos influye más la falta de dinero o otras causas no está claro. El letrado Eduardo Mazaira indica que «mucha gente no puede pagar, pero otra gente lleva una vida irresponsable, no son consecuentes o se olvidan los papeles».
No obstante, el decano de los abogados de Ourense, Arturo González Estévez cree que son «excepcionales» los casos de personas que llegan a ingresar en prisión por este motivo. «En el juzgado son comprensivos y se dan plazos. Siempre se consigue arreglar de una manera o de otra», dice. Sustituir la pena de multa por trabajos en beneficio de la comunidad o por días de localización (para faltas) son otras alternativas que frecuentemente conceden los juzgados como medida diferente a la cárcel, pero siempre que el condenado no se enrede en nuevos incumplimientos de condena.
La ley no permite que una persona vaya a la cárcel por tener deudas, pero una multa económica es una pena. Y debe ser cumplida, a no ser que se solicite su suspensión, otro camino para evitar entrar en prisión. El fiscal informará sobre esta petición de suspensión de condena, pero teniendo en cuenta, entre otros criterios, que el acusado no tengan antecedentes penales. «La cuantía de la multa sí se fija por criterios económicos. La suspensión de la condena, no», explicó uno de los representantes de la Fiscalía de Ourense.
El fiscal pide penas de prisión para un
trabajador del Concello de Ourense por
acoso laboral a una compañera
La CIG denuncia la «inacción e mirar para outro lado»
de las responsables municipales del área de Cultura
Pepe Seoane
OURENSE 05 de noviembre de 2013 14:
El exadministrador y exgerente del festival internacional de cine de Ourense, Diego González, en la actualidad empleado municipal adscrito al área de Educación e Cultura, será juzgado por acoso laboral a una compañera durante los años 2010 y 2011, en la etapa en la que era primer responsable de la organización del festival.
El fiscal le atribuye un delito contra la integridad moral por acoso laboral, y otro delito de lesiones, por los que pide en cada caso penas de seis meses de prisión e inhabilitación. El representante del ministerio público propone también una indemnización de 8.200 euros a favor de la perjudicada, con
responsabilidad civil subsidiaria del Concello de Ourense y la Diputación, como socios que eran del hoy disuelto Consorcio del Festival de Cine, del que dependían laboralmente los implicados en el caso.
El acusador público sostiene que el acusado, durante la época en la que era concejala de Cultura la nacionalista Isabel Pérez, a quien cita, inició «de forma deliberada» en el año 2010 una «actitud permanente de hostigamiento y de desprecio» hacia una administrativa (...) «con el fin de humillarla y obligarla a que abandonase su puesto de trabajo». Atribuye el fiscal al acusado una actitud «despótica y denigrante», obligándola a permanecer en la calle hasta la llegada de otros compañeros e instalando en su ordenador de trabajo un «filtro parental» que le impedía acceder a contenidos que precisaba para desarrollar su trabajo. Como consecuencia de ese proceder, la trabajadora precisó atención médica y estuvo de baja laboral con un síntomas ansioso depresivos.
Cita el acusador público, entre los testigos, a la exconcejala y a la inspectora de trabajo que había intervenido en un primer procedimiento administrativo que dio lugar a una sanción por acoso.
La afectada, personada en el procedimiento como acusación particular, solicita año y medio de prisión por un único delito contra la integridad moral, por acoso laboral. Como indemnización propone 8. euros.
Al declarar la apertura de juicio oral, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense requiere al acusado y en su caso al responsable civil a que deposite una fianza de 11.317 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias a que pueda haber en este caso. El Concello de Ourense, de hecho, ha solicitado su personamiento en la causa.
La CIG, por su parte, que desde el primer momento prestó amparo a la perjudicada, ha lamentado la incomprensión del entorno laboral de la trabajadora acosada y la «inacción e mirar para outro lado das diferentes responsables municipais de Cultura do Concello de Ourense que en ningún momento quixeron nin souberon enfrontar o problema e tentar solucionalo». Aprovecha el sindicato para reclamar un protocolo de acoso moral, laboral y sexual.
Multa de 3.300 euros a un vecino de
Narón por pornografía infantil
La Guardia Civil halló en su ordenador gran número
de fotos delictivas
Ferrol
06 de noviembre de 2013 10:
El vecino de Narón F. P. A., de unos 60 años, fue condenado ayer como autor de un delito de posesión de material pornográfico para uso propio a un año y cuatro meses de multa a razón de siete euros diarios (3.360 euros). El asunto se resolvió con una sentencia de conformidad ante el Juzgado de lo Penal número 1. El letrado del acusado pactó con el representante del Ministerio Fiscal la condena, antes del inicio de la vista oral, con lo que se evitó el juicio público. La vista ya no se celebró y se dictó sentencia de conformidad en estos términos.
En el 2011, la Guardia Civil de otro punto de España tuvo noticia de que en el ordenador del acusado se habían hecho descargas de pornografía prohibida, es decir, con imágenes de menores en situación de abuso o manteniendo relaciones sexuales.
Seis meses de cárcel a tres chicas por
robos de colonias en un hipermercado
La firma ha renunciado a la indemnización por lo
sustraído
Ferrol / la voz
06 de noviembre de 2013 14:
gestiona. Ayer, el hombre amplió sus actuaciones al interponer una querella por prevaricación, «contra los derechos individuales, abuso en el ejercicio de la función de funcionario y omisión del deber de promover la persecución de los delitos». Su iniciativa se dirige contra la corporación municipal «que preside el alcalde Tomás Fole Díaz, los miembros de la junta de gobierno» y los integrantes de la Policía Local «que hayan intervenido en los hechos que son objeto de denuncia».La Asociación de Víctimas del Terrorismo pide la desaparición del Tribunal Supremo y asegura que «no sirve para nada»
La Asociación de Víctimas del
Terrorismo pide la desaparición del
Tribunal Supremo y asegura que «no
sirve para nada»
La presidenta Ángeles Pedraza declara que si ellos mismos se contradicen con lo que dijeron en el 2006, el organismo sobra
Europa Press
12 de noviembre de 2013 21:
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) , Ángeles Pedraza, ha pedido la desaparición del Tribunal Supremo después de que haya establecido que debe ser cada tribunal sentenciador el que dirima el alcance de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) respecto de aquellos presos a los que se alargó la condena por la denominada doctrina Parot.
Pedraza ha recordado que el Tribunal Supremo fue el ideólogo de este mecanismo judicial que permitía que los presos pasaran los 30 años máximos de prisión establecidos gracias a que la redención de penas se hacía en función de su condena total y no del tiempo máximo de estancia en prisión.
«Si ellos mismos se contradicen de lo que dijeron en el 2006, sobra», ha resumido la presidenta del colectivo de víctimas, que ha sostenido que así el país «se ahorra algo» y evita un órgano institucional más «que no cumple con su función».
Pedraza ha censurado que el Tribunal Supremo se haya limitado a «pasar la pelota» a la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales. «Si no sirve para nada, que lo quiten y nos ahorraremos dinero los españoles», ha insistido.
Pero además, ha preguntado por qué el alto tribunal adopta ahora esta postura. «Creo que lo que están haciendo es jugar con todos los españoles, las víctimas del terrorismo y el Estado de Derecho. ¿Tienen una u otra postura dependiendo del momento político?», ha preguntado.
Cárcel por agredir a su hija y a su mujer,
cuando trataba de separarlos en su casa
de Viveiro
Denunciado tras irrumpir en la calzada en el Puente de
los Santos con un cartel colgado
VIVEIRO / LA VOZ
15 de noviembre de 2013 05:
El Juzgado de lo Penal número 1 de Lugo condenó a un vecino de Viveiro por sendos delitos de malos tratos no habituales en el ámbito familiar a sendas penas de nueve meses de prisión y prohibición de aproximación a su hija durante dos años, así como a siete meses y medio de cárcel y orden de alejamiento durante un año y nueve meses de su mujer.
Los hechos que dieron lugar a esta condena ocurrieron en abril de 2012 cuando el acusado mantuvo una discusión con su hija en el curso de la cual comenzó a golpearla, primero dándole un bofetón y después otros golpes que le causaron una contusión en la cara, y algunas erosiones en ambos brazos. A su mujer, que intervino para intentar evitar que agrediera a la hija, le propinó varias bofetadas y golpes en la cabeza, la cara y el oído causándole una contusión facial. Los hechos ocurrieron en el domicilio familiar de Viveiro.
Por otro lado, La Guardia Civil de Ribadeo denunció ayer por una falta contra el orden público al hombre que, a eso de las diez menos cuarto de la mañana, en el Puente de los Santos, se metió a la calzada, en la zona reservada a la circulación de vehículos.
Un usuario que circulaba por el lugar en ese momento aseguró que el individuo llevaba colgado un cartel del cuello que le caía por la espalda y en algún momento dado levantó los brazos ante la presencia de la Guardia Civil, que se personó en el lugar.
Parece que incluso quedó cortado al tráfico, durante unos minutos, uno de los carriles de la autovía, aunque se ignora si fue debido a la presencia de esta persona en la calzada o si fue que la Guardia Civil cortó el carril para evitar que pudiera producirse algún accidente debido a la presencia de este hombre que, supuestamente, pretendía hacerse notar.
La Agencia Mundial Antidopaje
endurece las penas
Aumenta a cuatro años de castigo por un primer
positivo
Jonhannesburgo / colpisa
16 de noviembre de 2013 05:
En el centro, Craig Reedie, nuevo presidente de la AMA. K. Ludbrook efe
La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) aprobó el Código Mundial 2015, que prevé sanciones más duras en caso de violación intencionada de las reglas por parte de los deportistas. «Se acordó aprobar y apoyar por unanimidad el código», anunció el presidente saliente de la AMA, John Fahey, durante la conferencia mundial sobre el dopaje en Johanesburgo.
Esta tercera versión del código mundial, que se aplicará a partir del 1 de enero del 2015, incluye grandes cambios en la escala de las sanciones, pasando de dos a cuatro años la duración de la suspensión para primeras infracciones, a no ser que se pruebe que no había intencionalidad.
Dos detenidos tras asaltar sendas iglesias
de Caldas en una noche
Uno de los arrestados ingresó en prisión al estar en
libertad condicional
López Penide
Pontevedra / La VOz 19 de noviembre de 2013 05:
La iglesia parroquial de San Clemente fue una de los dos asaltadas en Caldas de Reis.
Ramón Leiro
La llamada telefónica de un vecino de Caldas a la Guardia Civil permitió este sábado de madrugada el arresto de dos vecinos de la comarca coruñesa de Bergantiños sospechosos de robar en dos iglesias. Mientras Irineo V. G., de 33 años de edad quedó en libertad con cargos tras comparecer ante el juez de guardia, Juan Manuel V. V., de 35, fue conducido al centro penitenciario de A Lama.
En su caso, se dio la circunstancia de que se encontraba en libertad condicional cumpliendo una condena sustitutoria para su reinserción social a través de la realización de trabajos en beneficio de la comunidad.
Las detenciones se produjeron después de que la presencia de ambos en el entorno de la iglesia de Santa Mariña de Carracedo levantase las suspicacias de los vecinos. De este modo, trasladaron sus sospechas a la Guardia Civil, que, sobre las dos y media de la madrugada del sábado, desplazó una patrulla hasta el citado templo.
Los agentes sorprendieron a esos dos individuos en el interior de la iglesia, a la que, al parecer, habían accedido tras violentar una de las ventanas que dan al exterior, según precisó ayer un portavoz de la Comandancia de Pontevedra.
Estas dos personas fueron trasladadas hasta el puesto de la Guardia Civil de Caldas de Reis, dos fueron instruidas las correspondientes diligencias policiales y se les tomó declaración. Todo parece indicar que fue entonces cuando, gracias a las pesquisas que llevaron a cabo los agentes desplazados a otras parroquias de este municipio, se les comunicó la imputación de un segundo asalto ocurrido esa misma madrugada.
Los investigadores consideran que tanto Juan Manuel como Irineo fueron las personas que, antes de ser localizadas en Carracedo, habían actuado en otro templo católico de la vecina parroquia de San Clemente de Cesar. En esta ocasión, los ladrones, según trascendió ayer, optaron por forzar una puerta en lugar de una ventana de la iglesia parroquial de San Clemente.
La Fiscalía reduce a más de la mitad las
condenas a la banda de narcotráfico del
«Gordo»
El cabecilla del grupo se enfrenta a una petición de seis años
y medio de prisión y 650.000 euros de multa
Alejandro Martínez
Vigo 19 de noviembre de 2013 13:
La Fiscalía ha rebajado a más de la mitad la petición de condena para los trece miembros de la banda del «Gordo» detenidos en 2008 por tráfico de drogas.
La modificación del escrito de acusación se ha producido un día después de que los imputados admitieran los hechos en la primera jornada del juicio celebrado en la sede viguesa de la Audiencia Provincial. Al cabecilla de la organización, Castor C.M. le pedía inicialmente una condena de 15 años de cárcel y, tras su confesión, se la ha rebajado a seis años y medio y al pago de una multa de 650.000 euros. Su mano derecha en la trama, Julio César D.G., se enfrenta a una petición de condena de seis años de cárcel y al pago de una multa de 60.000 euros. Para el resto de los acusados se piden penas de entre dos y tres años y medio de prisión. Se les imputan delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
Los abogados de la defensa han solicitado atenuantes de adición a las drogas y dilaciones indebidas por años que se prolongó el proceso judicial.
El jefe de la investigación de la Policía Nacional ha declarado esta mañana que las escuchas telefónicas y el control de cientos de mensajes de móvil fue clave para desarticular la trama. Dijo que la red tenía una estructura piramidal bajo las órdenes del cabecilla, que era quien fijaba el precio de la droga e incluso tenía esclavizado a su segundo para servirle las 24 horas del día.
Detenido un mozo de almacén por la
filtración en la red del último disco de
Extremoduro
El joven se aprovechó de su puesto en la empresa que fabrica el
disco para sustraer el CD original antes de que se comercializara
21 de noviembre de 2013 11:
La persona que presuntamente filtró en internet el último disco de Extremoduro , «Para todos los públicos», antes de que saliera a la venta, era un trabajador de 31 años de la empresa dedicada a la fabricación y distribución del disco. El joven -que ha sido detenido y puesto a disposición judicial- se aprovechó de su puesto de trabajo como mozo de almacén para sustraer el CD original antes de que se comercializara. El detenido trató de venderlo de forma ilegal por internet, donde finalmente lo filtró.
Ante esta filtración, la discográfica Warner se vio obligada a tomar la decisión de adelantar el lanzamiento del último disco de Extremoduro al 8 de noviembre. La discográfica cifra el daño causado por esta persona en 100.000 euros.
El doble crimen de Burgás incluye
165.000 euros de indemnización
Uno de los acusados responderá por el otro si este
carece de fondos
Xosé María Palacios
Pontevedra / La Voz 24 de noviembre de 2013 04:
Víctor Manuel García Paz, Vitriño, es uno de los diez acusados que en el plazo de unas
semanas se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Pontevedra
imputado por un supuesto delito contra la salud pública.
A este arousano se le relaciona, en esta ocasión, con los hermanos Juan Miguel y José Luis García Santos, con los que supuestamente mantenía «numerosos contactos (...) que tenían como finalidad el tráfico ilícito de cocaína», según refiere el fiscal antidroga de Pontevedra.
De este modo, relata que, el 14 de julio del 2009, concertó una cita con José Antonio Rodríguez Pereiro. En este encuentro, el primero «entregó, a cambio de una cantidad indeterminada de dinero», cerca de doscientos gramos de este estupefaciente al segundo. Desde el ministerio público se mantiene que el valor de la droga ronda los 21.000 euros y el objetivo era «la venta al por menor (...) entre los consumidores finales».
No es esto lo único que, según la acusación vincularía a Vitriño con el tráfico de estupefacientes. Además, se defiende que otro de los encausados, Máximo Miñán García, era cliente de García Paz, a «quien le adquiría cocaína para posteriormente distribuirla a menor escala».
Petición de penas
A la vista de estos hechos, el fiscal solicita para el arousano, así como para José Antonio y Máximo, cuatro años y medio de prisión. Igual pena mantiene para Carlos Souto Señoráns y Gustavo Gómez Dios, mientras que la incrementa en seis meses en el caso de José Ángel López Prego.
Por su parte, Juan Miguel García se expone a la mayor petición, nueve años, mientras que para su hermano José Luis, al igual que a Rodrigo Coya Lago, se piden siete años y medio. La lista se completa con Tomás Álvarez Iglesias, que se expone a una posible condena de seis años.
Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita importantes multas -en el caso concreto de Vitriño ascienden a sesenta mil euros- y el decomiso de media docena de vehículos, decenas de teléfonos móviles y distintas cantidades de dinero en efectivo.
Cinco años por provocar un incendio en
Marín por despecho hacia su expareja
Un acuerdo de conformidad hizo que el fiscal redujese
los 16 años que solicitaba
López Penide
Pontevedra 26 de noviembre de 2013 12:
Álvaro Area Santiago acaba de aceptar cinco años de prisión por el incendio que provocó en un galpón que calcinó el coche de su expareja y obligó a desalojar el edificio en la que esta residía. La condena se completa con sendas penas de trabajos en beneficio de la comunidad por amenazas y maltrato leve a su antigua pareja.
El acuerdo con el encausado hizo que el fiscal rebajase considerablemente los 16 años y 10 meses que solicitaba por unos hechos ocurridos en mayo del 2012. Quince años se corresponden con el cargo de
incendio, un año se refiere a un segundo delito de amenazas a la mujer y los otros diez meses se pedían por maltrato físico leve a la mujer. El fiscal sostuvo durante la vista que, si bien el incendio se produjo en la madrugada del 24 de mayo del 2012, días antes ya se habían producido unos incidentes supuestamente protagonizados por Area Santiago.
El acusado, como consecuencia de un accidente de tráfico, presenta dificultades a la hora de expresarse, pero conserva «sus facultades inteelcto-evolutivas»
Dos años de prisión por tocar el trasero
a una niña de 11 años en Vigo
Le ha quedado suspendida la pena porque no tenía
delitos anteriores
Alejandro Martínez
Vigo 26 de noviembre de 2013 19:
El juzgado de lo penal 1 de Vigo ha condenado esta mañana a M.L.P. a dos años de prisión por un delito de abusos sexuales. El acusado fue detenido por la policía por tocar el trasero a una niña de once años en un hipermercado de Vigo. La pequeña se asustó y se lo dijo a unos familiares, que inmediatamente dieron la voz de alarma.
El acusado ha reconocido los hechos de los que le acusa la Fiscalía en la vista por conformidad celebrada hoy. Al no haber cometido delitos anteriormente, le ha quedado suspendida la pena, a condición de que no vuelva a delinquir. Al mismo tiempo, deberá abonar 900 euros de responsabilidad civil a la víctima, de los que ya ha habia abonado una parte antes de comenzar el juicio.
La jueza ha condenado al acusado de acuerdo con el artículo 183 del Código Penal, que regula las penas para quienes abusen sexualmente de menores de 13 años.
Absuelta por falta de pruebas la pianista
catalana que se enfrentaba a pena de
cárcel por contaminación acústica
La sentencia de la Audiencia de Girona asegura que no
se ha podido acreditar que exista una relación directa
entre el sonido del instrumento y el trastorno nervioso
que padecía la vecina
Efe
26 de noviembre de 2013 20:
La Audiencia de Girona ha absuelto por faltas de pruebas a Laia Martín, la pianista de Puigcerdà que se enfrentaba a cinco años y medio de cárcel tras ser denunciada por una vecina a la que le molestaban sus ensayos.
La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia de Girona considera «desproporcionadas» las penas solicitadas inicialmente por las acusaciones -la fiscalía pedía 7,5 años de cárcel, 4 años de inhabilitación para ejercer cualquier profesión que tuviera que ver con tocar el piano, una multa de 10.800 euros y una indemnización a cubrir entre ella y sus padres, también acusados, de 9.900 euros.
El tribunal mantiene que «no se ha practicado prueba de cargo suficiente que permita acreditar que entre octubre del 2003 y septiembre de 2007» la acusada estuviera tocando los días y horas denunciados y a más decibelios de los legalmente permitidos». Además, el magistrado ve una absoluta falta de
La investigación la dirigía el Juzgado número 3 de Lugo, que ordenó el ingreso en prisión de los cinco detenidos. Pero Bruno Santiago quedó más tarde en libertad, lo que no quiere decir que las fuerzas de seguridad dejaran de investigarlo. A raíz de esas pesquisas y del hallazgo de la cocaína en Marín, se precipitaron los acontecimientos con la detención de varias personas, entre ellas, el vecino de A Illa y empresario en la rama de comercialización de productos del mar.
La fiscal pide penas de cárcel para un
joven por tres asaltos
Le atribuye, con la ayuda de otro, atacar a viandantes
apretándoles el cuello
Francisco Varela
Ferrol / la voz 04 de diciembre de 2013 10:
Un joven norteafricano se enfrenta a penas de cárcel que solicitó ayer la fiscal en un juicio por tres episodios de robo con violencia ocurridos el pasado junio en Ferrol. El primero sucedió poco antes de las cuatro de la madrugada del 2 de junio, justo en la escalinata del edificio de los juzgados, donde se celebró la vista oral. Una chica fue abordaba por la espalda por un desconocido que le arrebató el bolso y huyó corriendo. Ella salió tras él y llamó a la policía. Una patrulla llegó instantes después, pidió a la víctima que subiese al vehículo policial para ir en su búsqueda. Cerca del lugar observó a un muchacho con la misma vestimenta (vaqueros y camiseta a rayas), pero, aclaró durante el juicio, no había logrado ver la cara del ladrón. Otra patrulla local que se había unido a la nacional, alcanzó al sospechoso y al que le acompañaba. Ella dijo que era solo uno, pero uno de los agentes que intervino insistió en que eran dos. El juicio fue contra Ibrahim E., que fue trasladado a Ferrol desde la prisión donde se encuentra desde entonces. El segundo sospechoso, que es menor, intervino solo como testigo, si bien con respuestas muy vagas. El otro episodio, por aquellas horas, sucedió en la esquina de San Diego y Sol. Abordaron a un joven corpulento, agarrándole por el cuello desde su espalda, hasta que casi se desvanece, momento que aprovecharon para desvalijarle (un móvil y 50 euros). Esta víctima no pudo tampoco verles, pero una cámaras que se encuentra en unas máquinas de Vending situadas cerca (esquina con Arce) sí les grabó instantes antes. El tercer episodio fue la noche del 9 en las escaleras de la estación de autobuses. Con el mismo método asaltaron a otro muchacho. Este sí se quedó con sus caras. La fiscal pidió fuertes penas de prisión por los tres delitos.
La letrada de la defensa solicitó la libre absolución basándose en las contradicciones que observó durante la vista. En primer lugar, la chica del primer episodio no le vio la cara al asaltante, aunque en la vista sí lo señaló, si bien aclaró que era el joven que la policía detuvo después basándose en los datos de la vestimenta. Pero podría ocurrir que se hubiesen cambiado de ropa, dijo también. El segundo quedó claro que no les vio la cara a ninguno de ellos, aunque la prueba de la cámara puede ser indiciaria. Solo el tercero los señaló sin género de dudas, tanto a uno como al otro. Aunque para la defensa tampoco está clara la autoría en este tercer caso. La juez tendrá que resolver con estos elementos.
Francia aprueba la ley que impone
multas de 1.500 euros a los clientes de la
prostitución
La ley, que ahora debe ser debatida en el Senado antes
de entrar en vigor, ha despertado gran controversia en
la sociedad francesa
Efe
04 de diciembre de 2013 18:
3 votos
Los diputados franceses aprobaron hoy la ley que impone multas de 1.500 euros para los clientes de la prostitución, al tiempo que incrementa las medidas para luchar contra el proxenetismo y la trata de mujeres. Se trata de la medida central de un texto que persigue combatir el proxenetismo y contribuir a la protección de las mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución por la fuerza de la violencia o las carencias económicas.
La ley, que ahora debe abordar su examen en el Senado antes de junio próximo, fue aprobada en la cámara baja por 268 votos a favor, esencialmente de los socialistas y sus aliados del Frente de Izquierdas. En contra votaron 138 parlamentarios, mientras que se abstuvieron 79, signo de la división que la ley despertó en la oposición conservadora de la UMP, en los centristas y en los ecologistas, aliados, sin embargo, del Gobierno.
La ley supone un cambio de doctrina en Francia , que desde el 2003, aunque no consideraba ilegal la prostitución, perseguía a las meretrices que ofrecían sus servicios en la calle y las castigaba con penas de hasta dos meses de cárcel. Ahora, ese delito desaparece en beneficio de otro nuevo, que en esta ocasión responsabiliza al cliente, quien puede ser multado con hasta 3.750 euros en caso de reincidencia.
Una controvertida medida que, para muchos, supone un límite a la libertad sexual, lo que llevó a intelectuales, escritores y periodistas a firmar manifiestos en contra de un texto que calificaron de «moralista». Argumentos llevados hasta la Asamblea Nacional por los opositores al texto, al igual que otros, como el informe de Médicos del Mundo que consideran que la ley obligará a las prostitutas a ejercer de forma clandestina, lo que puede tener nefastas consecuencias para su seguridad y su higiene.
Pero estas tesis fueron contrarrestadas por los defensores de la ley, liderados por la ministra de Derechos de las Mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, que replicó que el 90 por ciento de las prostitutas ejercen ese oficio contra su voluntad y mostró la obligación de protegerlas frente a la violencia de los proxenetas. Esta ley, replicó, «permitirá a miles de jóvenes chicos y chicas salir de la prostitución», afirmó la ministra, que consideró que «todo acto sexual forzado es un acto de violencia y, por tanto, contrario a la ley». Y la mejor forma de combatirlo, según ella, es la persecución del cliente, como ha demostrado el caso de Suecia, donde desde que se sigue este método se ha reducido a la mitad la prostitución callejera.
Juzgan a un conductor temerario por
acosar a una mujer durante kilómetros
Cuatro exdirectivos del banco islandés Kaupthing, la primera entidad del país antes de su caída en el 2008, han sido condenados a penas de entre tres y cinco años de cárcel por delitos de abuso de mercado, al haber engañado sobre el origen de los fondos de un inversor qatarí.
Un tribunal de Reykjavik ha analizado la compra del 5% de las acciones del banco por parte del jeque Mohamed bin Jalifa bin Hamad al Thani, que invirtió en Kaupthing apenas unas semanas antes del colapso. Una comisión parlamentaria determinó posteriormente que la propia entidad había concedido a Al Thani el crédito para que adquiriese las participaciones y tumbó la versión oficial del banco, que señaló como origen del dinero el patrimonio persona del jeque. La fiscalía, que llamó a 50 testigos, mantenía que los directivos conspiraron para falsear la inversión para impulsar el valor de las acciones de la empresa.
La Justicia ha determinado que estas mentiras supusieron un intento de manipular el mercado y ha condenado a cuatro exdirectivos, entre ellos el antiguo consejero delegado Hreidar Mar Sigurdsson, que ha sido sentenciado a cinco años de cárcel. La segunda mayor condena, de cinco años, ha recaído en el exdirector Sigurdur Einarsson, mientras que el segundo mayor accionista de la entidad, Olafur Olafsson, ha sido castigado con tres años y medio de cárcel y el exresponsable de la filial luxemburguesa Kaupthing Luxembourg ha sido condenado a tres años de prisión.
Ninguno de los exdirectivos, residentes actualmente en Londres y Luxemburgo, han estado presentes en la vista. Los accionistas de Kaupthing anunciaron este año la interposición de una demanda contra Al Thani, sin aclarar exactamente los motivos.
«Enfoque más equitativo de las penas»
13 de diciembre de 2013 05:
El ministro de Justicia en su alegato en defensa del proyecto de Código Penal que ayer inició su tramitación parlamentaria puso especial énfasis en tratar de convencer a la Cámara de que no propone un endurecimiento de las penas, como denuncian la oposición y la mayoría de los operadores judiciales, sino «un enfoque equitativo que brinda una segunda oportunidad a quien de modo ocasional ha causado un daño que no tiene, sin embargo, consecuencias irreparables, mientras se muestra más severo con el que perpetra delitos de gravedad o reincide de manera sistemática». Insistió Ruiz-Gallardón en que el sistema refuerza los instrumentos de reinserción y alumbra un Derecho Penal generoso con el condenado que está dispuesto a corregir su conducta.
Una pelea entre jóvenes de Monte Alto y
Birloque queda en multas
Participaron 200 personas que terminaron agrediendo
a la policía
Alberto Mahía
A Coruña / la voz 14 de diciembre de 2013 05:
Allá en el 2003 el ambiente entre jóvenes del Birloque y de Monte Alto se cortaba con cuchillo. Fuera por chiquilladas o por razones más varoniles, lo cierto es que no se podían ver delante. Hasta el día en que se vieron y aquello fue una batalla campal. Se citaron en Ordes, en la zona de ocio. La chispa saltó en el interior de una discoteca. Entre dos pequeños grupos de uno y otro bando. Salieron a la calle y allí alrededor de 200 jóvenes comenzaron a golpearse hasta que llegó la policía local y la Guardia Civil para calmar los ánimos. En ese momento, unos y otros cambiaron su objetivo y se fueron contra los agentes, que fueron escupidos y agredidos por la multitud.
Diez años después de aquello, algunos de sus protagonistas volvieron esta semana a verse las caras en los tribunales para ser juzgados. De los 200 que se pegaron, solo fueron procesados cinco. El resto huyó o no se reunieron las pruebas suficientes para imputarlos. Además, el juicio no se celebró. El fiscal, que solicitaba para ellos penas de prisión por los delitos de desórdenes públicos, falta de respeto a la autoridad y lesiones, tuvo que conformarse con que solo fueran multados con 900 euros, porque los procesados, algunos de ellos defendidos por el penalista Ramón Sierra, se beneficiaron del retraso judicial y se les aplicó la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Ningún miembro de una banda rumana
de robo y mendicidad irá a prisión
Fueron penados a multas y penas de un año por
asociación ilícita y cometer atracos, estafas y hurtos en
la comarca
Alberto Mahía
A Coruña / la voz 18 de diciembre de 2013 05:
Eran 25 y se movían en 20 vehículos por todo el noroeste de España. No paraban en un sitio más que unas semanas, las justas para cometer todo tipo de delitos, desde el robo, la estafa o la mendicidad. Cuando se veían perseguidos, desaparecían y se afincaban en otra ciudad. Así es como llegaron a la comarca coruñesa, después de dejar un reguero de antecedentes penales por Asturias y León.
Aquí siguieron a las andadas. Hasta que en el 2008 fueron detenidos por cometer un importante robo en un bar de Cambre. Fueron juzgados por ello hace dos meses y como transcurrió tanto tiempo entre los hechos y la visita al juez, les tuvieron que aplicar el atenuante de dilaciones indebidas, lo que les libró de penas de prisión más altas. Así las cosas, el cabecilla fue solo castigado a un año de cárcel, mientras que sus súbditos saldarán su deuda con la Justicia con el pago de una multa.
El motivo del arresto de esta banda se debió al asalto en un bar el 22 de octubre del 2008. Ese día habían llegado a la localidad un grupo de 8 rumanos, todos con antecedentes penales. Entraron en diversos locales y en todos actuaron igual, mientras unos se dedicaban a distraer a los empleados, otros robaban. Y así llegaron a un bar. Todos se distribuyeron. Unos en una mesa y otros en una barra. El establecimiento tenía acceso a la vivienda de los dueños y en un descuido de estos, uno de los integrantes de la banda entró en la casa y allí cogió todo cuanto objeto de valor se encontró a su paso, haciéndose con un botín en joyas que superaba los 2.500 euros. La Guardia Civil los detuvo un mes después.
