¡Descarga Dret Estatutari y más Apuntes en PDF de Derecho Constitucional solo en Docsity!
TEMA 1: INTRODUCCIÓN HISTÓRICA A LA AUTONOMÍA DE CATALUÑA
1.- ORIGEN HISTÓRICO DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA
Introducción: La CE 78 y estatutos de autonomía reconocen una distribución de poder y competencias. Se reparte entre diferentes instancias. La situación actual no nace con la CE del 78, sino que tiene unos orígenes históricos. La capacidad de autogestión de Cataluña tiene unos orígenes mucho más remotos. Por ello se dice que Cataluña es una comunidad autónoma histórica. También hay que tener en cuenta que la situación actual no se reconoció en el pasado como tal. España se ha caracterizado siempre por una centralización del poder y no una distribución de poderes. Orígenes: La situación actual es fruto del reconocimiento de una tradición histórica, jurídica, lingüística. No tenemos muchos ejemplos, además, de reconocimiento de Cataluña como poder autonómico, y es que España se ha caracterizado por ese fundamento centralizador que no ha puesto facilidades a ese poder autonómico. Nos podemos remontar a la E Media con dos figuras que nacen en el ámbito municipal (Barcelona- Consell de Cent ) y la Diputación del General o Generalitat que fue creada en 1283 y se consolidó en 1359 con Pere III El Cerimoniós. La diputación del General es un órgano donde se agrupan los diferentes estamentos de la época (era como la contrapartida al poder real). Y esta institución tenía atribuidas determinadas funciones de carácter administrativo- ejecutivo con un alcance muy limitado (recaudación de contribuciones, determinadas decisiones sobre gastos, algunas decisiones de carácter militar en caso de invasión, etc.). La figura actual de la Generalitat no es el sucesor de la Diputación del General, porque era algo muy diferente. Representaba, eso sí, cierto autogobierno frente al pode real en este ámbito. Esta situación se mantiene durante muchos años y seguramente el siguiente punto de inflexión llega ya en el S. XVIII que nos va a conducir al primer documento del Decreto de Nova Planta : En el año 1700 muere Carlos II de los Austrias; le sucede Felipe V de la casa de los Borbones. Comienza el reinado y una de sus primeras actuaciones es jurar respeto el régimen establecido en lo que era Cataluña, que se basaba en una cierta autogestión aunque limitada. Lo que ocurre es que aun así, parte de la sociedad catalana mantenía recelos de que eso fuera así, porque tenían el ejemplo de Luis XIV (abuelo de Felipe V) que instauró un régimen muy severo y centralista y se esperaba que él continuara con la actuación de su abuelo. Por ello, la sociedad catalana se asocia a determinadas
potencias europeas para ir en contra de la situación, y a favor al Archiduque Carlos de Austria. Por ello se genera una rebelión en 1705. De hecho, el Archiduque jura mantener respeto al régimen que se aplicaba al territorio, y las tropas de Felipe V se imponen a las de Carlos de Austria y éste último se va de España. 2.- CATALUÑA DENTRO DE LA ESPAÑA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA: DEL DECRETO DE NOVA PLANTA A LA MANCOMUNIDAD Pero el 11 de septiembre de 1714 cae Barcelona; a partir de ahí lo que sucede es que el régimen de cierto autogobierno de Cataluña se pierde, y el instrumento que ejemplifica la nueva situación es el Decreto de Nova Planta aprobado por Felipe V (Material 1). Supone la pérdida de los órganos de autogobierno (básicamente la Diputación del General) y pasa a ser regulada por una organización prácticamente militar liderada al capitán general que hace mención el Decreto. Este régimen se alarga mucho en el tiempo y empiezan a haber ciertos cambios entrado ya el S XIX; el cambio más significativo en el ámbito administrativo posiblemente sea el cambio de la estructura denominada provincia (como elemento de estructura básica y elemento intermedio entre el órgano municipal y el poder estatal). Eso sí, que hablemos de provincia no significa que hablemos ya de un régimen de descentralización; es una figura que se crea por el Estado para reforzar el control del poder estatal y la uniformidad del territorio. Es una extensión más del poder central, por lo tanto. Junto a esta evolución de estructura administrativa, aparecen diferentes movimientos doctrinales y políticos en defensa de una ruptura con el régimen imperante y la necesidad de reconocer a Cataluña como entidad propia y merecedora de un grado de independencia del resto de España. En este sentido, pues tienen un papel destacado la obra de Valentí Almirall “Lo Catalanisme” (1886). Este movimiento, caracterizado por ser republicano, tuvo su máximo esplandor jurídico en la Constitución Federal de la I República española de 1873; pero en el año 1874 se instauró la monarquía borbónica y se vuelve a la situación anterior, por lo que no llegó a concretarse la nueva situación. Este fracaso hizo que fructificaran nuevas posturas que appostaban más por un régimen de autonomía pero dentro de la configuración del Estado Español; no a un nivel de reconocimiento de Estado a Estado, sino como una estructura autónoma dentro del Estado Español. Desde un punto de vista intelectual se refleja en la obra de Prat de la Riba “La nacionalitat catalana” (1906) , que políticamente te ve reflejada en la Lliga Regionalista que fue la fuerza hegemónica hasta la dictadura de Primo de Rivera.
propiamente, la Asamblea de representantes de ayuntamientos catalanes, y una especie de cuerpo administrativo que se les denomina comisarios que tienen asignadas determinadas competencias de carácter ejecutivo. Esta asamblea junto con el gobierno de la Generalitat tenían como principal función la elaboración del Estatut. Como parte del proceso de aprobación, estaba previsto que fuera validado por los ayuntamientos y por un referéndum popular. Después, evidentemente, tenía que ir a las Cortes Españolas. El proyecto del conocido Estatut de Núria, fue finalizado en junio del 1931. Pero en el ámbito de Cataluña se fue muy rápido, pero no tan rápido a nivel estatal; de hecho, las Cortes españolas se celebraron el mismo junio de 1931. Obtuvo un gran apoyo, pero la CE Republicana no se aprobó hasta diciembre del 31, y se produjo una cierta contradicción entre lo indicado en el Estatut y lo contemplado en la CE Republicana. Se definía a Cataluña como un Estado autónomo dentro de la República Española. Pero en la CE Republicana se hablaba de un Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y regiones. De hecho, en el Estatut de 9 de septiembre de 1932, se modificó la expresión y se denomina “regió autónoma” y no Estado autónomo, para que los dos textos fueran compatibles (la CE y el Estatut). Para ello, se constituyó una comisión de trabajo con representantes de la Generalitat y de las Cortes. 2) Desde su aprobación (9 de septiembre de 1932) hasta el final de la Guerra Civil e inicio de la dictadura franquista (5 de abril de 1938): Fue una experiencia breve y complicada, llena de dificultades, y eso se reflejaba en la vigencia y aplicación del Estatut. La aplicación ordinaria del Estatut = Se celebraron elecciones en Cataluña aplicando ya el Estatut; elecciones que ganaron con mayoría absoluta los de ERC. Es elegido como presidente Francesc Macià y como presidente del Parlament Lluís Companys. Poco después, con el fallecimiento de Francesc Macià, fue President Lluís Companys. Es la época en la que el Parlament está activo y se aprueban normas propias de Cataluña, por ejemplo una ley municipal, otra que regulaba el tribunal de casación, y una ley de “contractes de conreu” que pretendía regular o estabilizar el régimen de los arrendatarios de las tierras. Es una ley muy complicada la de contratos de cultivo porque chocaba contra determinados estamentos sociales. Pero el problema vino por una cuestión de orden jurídico, y es que el gobierno estatal impugna esta ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales por considerar que recoge parcialmente competencias estatales, y el Tribunal estima el recurso por considerar que ello se daba. A los pocos días, el Parlament vuelve a aprobar la
Ley de Contratos de Cultivo sin cambios, tal cual, con lo que se crea un conflicto entre Cataluña y el Gobierno estatal. Además, en el Gobierno Republicano entra a formar parte representantes del CEDA (derechas) y eso genera finalmente una revuelta en el país con el apoyo del gobierno catalán (Companys); de hecho, en el 6 de octubre del 1934 Companys proclama el Estado Catalán. La contestación militar que sofoca la revuelta, Companys es encarcelado y la presidencia de la Generalitat es asumida provisionalmente por el ejército y se suspende la Ley de Contratos de Cultivo. Y finalmente, en enero del 35 se aprueba una ley que suspende la vigencia del Estatut. Companys y el Gobierno fueron condenados a cadena perpetua. Había mucha inestabilidad política, y eso acabó con la convocatoria de nuevas elecciones a nivel estatal que dieron el triunfo al Frente Popular de izquierdas (Febrero del 36). Una de sus primeras decisiones, Azaña (Presidente), ordenó la aprobación de nuevo del Estatut y el inicio de nuevo de las acciones del Parlament; se restableció el gobierno de la Generalitat con el mismo gobierno (Companys) y jurídicamente el Tribunal de Garantías Constitucionales declara inconstitucional la suspensión del Estatut y el Parlament restablece la famosa Ley de Contratos de Cultivo que se empieza a aplicar. En estos momentos, se inicia de nuevo un cierto periodo de estabilidad que se verá truncado por la Guerra Civil (levantamiento del 17 de julio de 1936); en Cataluña la rebelión o la insurrección se sofocó en un par de días. Desde julio del 36 la situación política en Cataluña es realmente caótica; aparecen diferentes organizaciones y la situación evoluciona así hasta que el 5 de abril de 1938 Franco derogó el régimen vigente en Cataluña hasta ese momento. Transición democrática De la muerte de Franco (75) a la aprobación de la CE (78). Se le da un tratamiento diferencia en el tema porque supone ya la existencia de cambios en el régimen de Catalunya que después se consolidarán. Dos fases: 1) Hasta las elecciones del 1977 El primer gobierno de la Monarquía, presidido por Arias Navarro, aprueba un decreto en el 76 por el que se crea una comisión para determinar o estudiar cuál debía ser el régimen de las 4 provincias catalanas. Esta comisión, en diciembre del 76, propone la creación de una serie de organismos que serían los que regirían Cataluña en el ámbito de la autonomía que se le reconocería. Esa propuesta fructificó en un primer momento y se publicó un RD 382/1977 que lo que hace es crear la Mancomunidad de Cataluña y de un Consejo General de Cataluña. Pero en el 1977 se celebran elecciones a Cortes españolas, y en Cataluña triunfan las fuerzas de
recordar que no todas las CCAA tenían las mismas competencias. Pero el sistema permitía que esto fuera evolucionando, y así es como ha ocurrido. Art. 152 CE o los principios básicos que se recogen en el Art. 2 CE ; esto es común a todas las CCAA entre otras cuestiones. Pero en el resto, se debía ofrecer un régimen de evolución diferente. Por lo tanto, es un modelo abierto pero de aplicación gradual. 5.- EL PROCESO CONSTITUYENTE Y EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL ESTATUT DE 1979. Se constituyó una Asamblea que fue a quien le correspondió preparar el anteproyecto del Estatut. Se avanzaron informalmente en el trabajo (antes de la aprobación de la CE). Era una asamblea que no estaba legitimada para eso. Este anteproyecto se trabajó en el Parador de Sau (por eso se conoce como el Estatut de Sau). Justo aprobada y publicada en el BOE la CE (29 de diciembre de 1978), de hecho fue el mismo día, el President provisional Tarradelles convocó formalmente a esta asamblea de parlamentarios para que aprobaran el Proyecto del Estatut; no se discutió ya, porque ya estaba discutido. Lo único que hicieron fue reunirse y aprobarlo formalmente. Y justo a continuación se remitió a las Cortes (había culminado la fase autonómica, por lo tanto). Se plantearon diferentes posiciones pero no hubo mucho problema para que una comisión mixta, entre miembros del Congreso y del Senado Estatal y una representación de miembros catalanes. En agosto se llegó a un acuerdo que no alteró sustancialmente el texto. Obtuvo el voto favorable, salvo uno negativo de Blas Piñar y dos abstenciones (una de ellas, Marcos Barrera). El proyecto se sometió a referéndum en Cataluña. Hubo una participación del 60%, de las cuales el 88% votaron a favor del Estatut. Luego fue ratificado por el Congreso y el Senado y validado por lo tanto y sancionado por el Rey, y publicado en el BOE el 22 de diciembre de 1979 que entró en vigor el 1 de enero de 1980. Es una Ley Orgánica, no ordinaria, sino muy especial. Aprobado el Estatut, se celebran elecciones autonómicas en marzo de 1980. Se constituye el primer Parlament de la época democrática y se desarrolla el procedimiento de investidura del primer President de la época democrática (no de la transición) que fue Jordi Pujol. Y es aquí donde realmente empezamos una etapa que todavía no ha finalizado, que es la más larga, de democracia. Y eso, al margen de las posiciones que mantengan cada uno, en gran medida se debe al consenso que se alcanzó en estos años, gracias al modelo diseñado en la CE y posteriormente en los Estatutos de los diferentes territorios.
TEMA 5 del manual (LLIÇÓ 2 del programa) : ELS DRETS I ELS DEURES DE LA CIUTADANIA I ELS PRINCIPIS RECTORS
1. La inclusió d’un catàleg de drets, deures i principis rectors al Títol I de l’EAC L'Estatut d'autonomia del 2006 incorpora una regulació fins ara inexistent en l'Estatut del 1979, dedicada als drets, als deures i als principis rectors. No es tracta d'una mera remissió als drets i deures fonamentals establerts per la Constitució, com la que contenia l'Estatut del 1979 (art. 8.1), sinó veritablement del que es tracta és de la incorporació d'un catàleg de drets, deures i principis rectors Es defensa que la inclusió d'aquest catàleg de drets, deures i principis rectors és constitucional. La seva constitucionalitat es justifica en la consideració de que quan una Comunitat Autònoma exerceix competències també atorga drets. Al incloure els drets en l’Estatut es limita a les institucions i hi ha una vinculació del legislador. També s’argumenta que els drets inclosos a l’EAC ja es contemplaven a la legislació catalana i, a més a més, no hi ha una reserva en favor de la constitució per regular aquests drets. La inclusió d'aquest catàleg de drets, deures i principis rectors comporta com a efecte un canvi de la naturalesa simbòlica i política de l’Estatut, no de la naturalesa jurídica. L’Estatut ha modificat així la seva naturalesa política d'una manera important perquè la semblança de continguts amb el text constitucional s'ha tornat evident. ). I, d'alguna manera, amb aquests complements, no sembla que es produeixin grans diferències externes i de referències materials amb qualsevol text constitucional. En el fons, per tant, l'Estatut sembla que vol complir l'obligació imposada per l’article 16 de la Declaració dels drets de l'home i del ciutadà, adoptada l'agost del 1789 per l'Assemblea Nacional Constituent francesa (establir la divisió de poders i el reconeixement de drets) per ser Constitució. Això no significa que l'Estatut d'autonomia de Catalunya es ressituï en un lloc diferent del que ocupava en el sistema de fonts, perquè, sens dubte, continua sent una norma infraconstitucional. Però, en canvi, sí que significa que ha adquirit un nou àmbit de força activa i de força passiva davant la resta de normes (estatals i autonòmiques) com a conseqüència de projectar la seva positivitat sobre elements estructurals bàsics del propi sistema normatiu constitucional en els quals fins ara no incidia. A nivell de contingut l’Estatut s’assimila a una Constitució. Tot i així, existeixen alguns límits a la inclusió de drets a l’Estatut que es troben recollits a l’art 37. EAC que disposa que “ Els drets i els principis d'aquest títol no comporten una alteració del règim de distribució de competències ni la creació de títols competencials nous o la modificació dels que ja existeixen. Cap de les disposicions d'aquest títol no pot ésser desplegada, aplicada o interpretada de manera que redueixi o limiti els drets fonamentals que reconeixen la Constitució i els tractats i els convenis internacionals ratificats per Espanya”. a) El primer límit el trobem en les competències de la Generalitat, de manera que els drets que es reconeixen han de estar vinculats a una competència de la Generalitat. Ex: no podria reconèixer drets als militar que prestin serveis a Catalunya. b) L’altre límit el trobem en la CE, ja que el propi Estatut reconeix que les seves disposicions no poden contradir els drets previstos a la CE. 2. L'estructura i el contingut del Títol I de l'Estatut L'Estatut fa una primera referència al sistema de drets i deures en el títol preliminar, en que estableix un triple mandat als poders públics de Catalunya Així, l'article 4 de l'EAC estableix l'obligació dels poders públics de Catalunya de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets individuals i col·lectius que reconeixen l'Estatut, la Constitució, la Unió Europea i altres textos internacionals. Els compel·leix, també, a promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i efectives, a facilitar la parti -
3.3. Els principis rectors estan dedicats a reforçar la forma d’Estat social i democràtic. Els principis rectors, com a mandats dirigits als poders públics, actuen, al mateix temps que com a límit, com una habilitació per actuar. Com a habilitacions per actuar, significa que donen entrada a unes normes que, dins de les competències respectives, densifiquen la capacitat d'intervenció dels poders públics en la vida econòmica i social. Així, els principis rectors configuren per mitja de disposicions jurídiques concretes els elements operatius de l’Estat social i democràtic de dret. 3.4. El catàleg de drets no és un catàleg tancat. El propi EAC preveu que el parlament de Catalunya aprovi la Carta de Drets dels Ciutadans de Catalunya (art. 37.2 EAC). El parlament pot reproduir aquests drets i també afegir-ne d’altres que, per tant, comptaran amb les mateixes garanties que els drets estatutaris. La idea de la Carta de Drets sorgeix de les discussions polítiques sobre l’EAC. Hi havia grups polítics que defensaven que els drets no s’havien d’incloure en l’Estatut, sinó en la Carta de Drets, segons la tradició històrica. A la II República van haver-hi dos estatuts: un Estatut extern, que regulava les relacions amb l’Estat i un Estatut intern. Finalment el compromís va ser incloure drets a l’EAC i a la Carta de Drets amb l’obertura d’un catàleg. 3.5. El catàleg de drets i deures estatutaris com a complement (no contradiu) i superació dels drets constitucionals. Destacar que s’inclouen com a drets situacions que l’any 1978 no es van preveure: medi ambient (art. 46 EAC), habitatge (art. 47), consumidors i usuaris (art. 49 EAC), dret de viure amb dignitat el procés de la pròpia mort (art. 20 EAC)...
4. La titularitat dels drets estatutaris La titularitat fa referència als subjectes de les relacions jurídiques en que es despleguen els drets, els quals es poden trobar en una posició activa (titularitat activa) o passiva (titularitat passiva). La titularitat activa designa qui és cridat a exercir el feix de facultats reconegudes per aquell dret. En canvi, amb el terme «titularitat passiva» es fa referència al subjecte enfront del qual s' exerceix el dret, és a dir, qui esta obligat pel contingut del dret (obligació d'abstenció o d'actuació). 4.1. La titularitat activa Pel que fa a la titularitat activa, l'Estatut fa esment de tres grups diferents de titulars: a) hi ha preceptes que es refereixen a «totes les persones» (gairebé totes les normes que contenen drets); b) d'altres es refereixen a titularitats específiques, a col·lectius concrets (per exemple, menors, gent gran, dones, treballadors, famílies, consumidors, etc.), c) altres es refereixen als «ciutadans» (art. 29, 33.1 i 5 EAC). En els casos en que s’atribueix la titularitat a «totes les persones» i a determinats col·lectius, la condició objectiva de persona o de pertinença a un determinat grup, respectivament, és la que determina la possibilitat de la titularitat. En el cas de la titularitat atribuïda als «ciutadans», la definició del concepte es troba en l'article 7. de 1'EAC, d'acord amb el qual són ciutadans de Catalunya els ciutadans espanyols que tenen veïnatge administratiu a Catalunya; és a dir que tenen llur residencia habitual a Catalunya, estan inscrits en el padró municipal i són majors d'edat (art. 16.2 LBRL). Per tant, els estrangers resten exclosos de la titularitat del dret concret que proclama «els ciutadans» com a titulars (i, de l' exercici, en resten exclosos els menors, ja que es tracta, amb relació a aquests, d'un problema de capacitat d'obrar, no de titularitat). Malgrat tot, partint de l’art. 15.3 EAC, cal entendre que es preveu que els drets reconeguts als ciutadans de Catalunya puguin entendre’s a d’altres persones mitjançant llei. Disposa aquest article que “Els drets que aquest Estatut reconeix als ciutadans de Catalunya es poden estendre a
altres persones, en els termes que estableixen les lleis”. Destacar que fa referència a “lleis” en sentit ampli, no només a les “lleis de Catalunya” 3.2. La titularitat passiva L' article 37.1 EAC reconeix un titular passiu genèric – els poders públics de Catalunya – i dos d' específics – l’'Administració general de l'Estat a Catalunya i els particulars. a) Disposició general: l'article 37.1 EAC disposa que « els drets que reconeixen els capítols I, II i III d'aquest títol vinculen tots els poders públics de Catalunya ». Fa referència a que els drets recollits a l’EAC són exigibles als òrgans de la generalitat de Catalunya b) Disposició específica: els articles 32 EAC (drets i deures de coneixement i ús de les llengües oficials) i 33 EAC (drets lingüístics) tenen com a subjecte passiu l'Administració general de l'Estat a Catalunya, de manera que els drets contemplats a l’Estatut també es poden exigir davant els seus òrgans. Aquesta decisió la pren la Generalitat en l’exercici de les seves competències lingüístiques. De manera que si l’Estatut és una norma pactada, l’Estat assumeix que es produeixi aquesta operació. Aquests articles han estat criticats i impugnats. D'acord amb l'Estatut (art. 37.1), els particulars també poden ser titulars passius de drets « d'acord amb la naturalesa a de cada dret ». Es tracta del reconeixement explícit estatutari de l'anomenada «eficàcia horitzontal» dels drets, entre particulars. Destacar que la CE no conté cap clàusula d’aquest tipus, sinó que la titularitat passiva dels particulars es reconeix a través d’una interpretació del TC.
5. Les garanties estatutàries dels drets i dels principis rectors El capítol IV del títol I de l'Estatut tracta de les garanties dels drets estatutaris (art. 37 i 38 EAC), mentre que el capítol V tracta dels principis rectors (art. 39 EAC). Pel que fa als principis rectors, s' estableix un regim de garanties semblant als dels principis rectors reconeguts constitucionalment: el reconeixement, el respecte i la protecció d'aquests drets informen la legislació positiva, la practica judicial i l'actuació dels poders públics, i són exigibles davant la jurisdicció, d'acord amb el que determinen les lleis i les altres disposicions que els despleguen (art. 39.2 i 3 EAC). Quant als drets, les garanties es poden classificar en tres grups de naturalesa diferent:
- garanties de caràcter institucional
- garanties normatives
- garanties jurisdiccionals. 5.1. Les garanties normatives Les garanties de caràcter normatiu que, expressament, estableix l'Estatut són tres: 5.1.1. La vinculació directa dels drets: segons l' article 37.1 de l'Estatut, els drets que reconeixen els capítols l, II i III vinculen tots els poders públics de Catalunya i, d'acord amb la naturalesa de cada dret, els particulars. Els drets que reconeixen els articles 32 i 33 també vinculen l'Administració general de l'Estat a Catalunya. La proclamació de vinculació directa, quan és formulada per la norma estatutària, cal interpretar-la en dos sentits:
- un primer sentit es refereix a l’eficàcia o a l'aplicabilitat directa o immediata de les normes estatutàries, entesa com que és capaç de generar els efectes pretesos en el mateix mandat.
- un segon sentit del principi de vinculació directa faria referència al poder de conformació integrativa de l'Estatut en la resta de l'ordenament autonòmic, de manera que el seu contingut ha
Garanties Estatutàries, entre altres competències, emetre un dictamen sobre l'adequació a les normes estatutàries:
- dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament;
- dels decrets llei sotmesos a convalidació del Parlament, i
- dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern. Una norma transitòria (la disposició transitòria primera, apartat 2) afecta també les competències del Consell de Garanties Estatutàries amb relació a les lleis i les normes amb rang de llei dictades pel Govern abans de l’entrada en vigor de l'Estatut. La norma esmentada estableix que, en el mateix termini de dos anys, determinats subjectes que legitima poden sol·licitar un dictamen al Consell de Estatutàries sobre la compatibilitat amb l'Estatut de les lleis del Parlament o de les normes amb rang de llei dictades pel Govern abans de l'entrada en vigor d'aquestes. 5.2.3. La protecció deis drets relatius a les dades personals per mitja d'una autoritat independent L’article 31 de l'Estatut estableix que una autoritat independent, designada pel Parlament, ha de vetllar per tal que els drets relatius a la protecció de dades personals siguin respectats en els termes que estableixin les lleis. Amb aquesta disposició s'ha elevat a rang estatutari la previsió legal (Llei 5/2002) d’una institució de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena independència de les administracions públiques, encarregada de vetllar pel respecte als drets relatius a les dades personals. El nom que rep aquesta institució en la Llei 5/2002 és el d’Agència Catalana de Protecció de Dades. 5.3. Les garanties jurisdiccionals L’Estatut estableix en l'article 38.2 que els actes que vulnerin els drets reconeguts pels capítols I, II i III són objecte de recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb els procediments que estableixin les lleis. D'aquest article no es desprèn que els drets estatutaris no puguin ser objecte d'al·legació, a fi de reclamar la reparació en els casos de vulneracions il·legítimes, davant la jurisdicció ordinària sense l’existència prèvia de la regulació del procediment a que fa referència. Al contrari, la defensa d'aquests drets davant la justícia és immediata, sense que calgui que la llei reguli un procediment especial, en la mesura en que l'Estatut és una norma jurídica amb rang de llei orgànica i vincula, com a tal, el poder judicial. Ara bé, el que sí que disposa aquest precepte és la possibilitat que, a més dels procediments ordinaris actuals, la defensa dels drets estatutaris pugui seguir un procediment especial (a semblança, per exemple, del recurs d'empara ordinari regulat per als drets fonamentals constitucionals). El problema, tanmateix, esta en la imprecisió del mateix article 38.2, el qual no precisa si són les Corts Generals o el Parlament de Catalunya la institució que ha de regular aquest procediment especial. D'acord amb l'article 130, es podria entendre que la Generalitat és competent, en aquest sentit, difícilment es pot entendre que l'Estatut obliga les Corts Generals a fer aquest desplegament. Però no resta exempt de dificultats si el mandat esta dirigit al Parlament de Catalunya, car les competències de la Generalitat en matèria processal reconegudes per l' article 130 de l'Estatut (<< Correspon a la Generalitat dictar les nonnes processals específiques que derivin de les particularitats del dret substantiu de Catalunya ») fins ara han estat interpretades d'una manera ben restrictiva pel Tribunal Constitucional (per exemple, les STC83/l986, 121/1992 0127/1999).
Tema 3. Institucions de la Generalitat.
Les institucions de la Generalitat
- La CE (Arts. 137.2.c i 152.1) no estableix un model organitzatiu de les CCAA completament uniform i tancat.
- Deixa oberta la porta per tal que els EEAA puguin introduir una certa diversitat en l'organització institucional autonòmica. Capítol V del títol II:
- Arts. 76 i 77 del Consell de Garanties Estautàries.
- Arts. 78 i 79 del Síndic de Greuges.
- Arts. 80 i 81 de la Sindicatura de Comptes.
- Arts. 82 del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
- L' EAC reserva a la llei del Parlament de Catalunya la regulació de les institucions del capítol V del títol II.
- En el cas del CGE, del SG i SC s'ha d'atendre al que diu l'art. 62.2 EAC del desenvolupament de l'EAC "requereix l'aprovació o modificació per majoria absoluta del Paralment".
- L'art. 77 EAC no fica el nombre de membres del CGE, avança criteris sobre la composició i el procediment d'elecció i nomenament del seus integrants.
- 2/3 parts són triats pel Parlament per majoria de 3/5 parts del diputats i 1/3 part pel Govern.
- Un cop elegits i designats correspon al President de la Generalitat decretar la publicació del nomenament formal.
- Els membres han de ser necessariament un múltiple de 3 (impars)
- És una institució de la Generalitat que vetlla per l'adequació de les disposicions de la Generalitat a l'Estatut i a la Constitució (Art. 76 i 77).
- L'EAC de 2006 estableix el caràcter vinculant dels dictàments del Consell de Garanties Estatutàries quan aquests fessin referència als projectes de llei i a les proposicions de llei del Parlament que desenvolupin o afectin drets reconeguts per l'EAC (art. 76.4).
- S'atorgava a aquesta institució, a més de funcions d'assessorament, de control previ de la constitucionalitat o estatutarietat de les normes autonòmiques.
- La STC 31/2010 , ha declarat inconstitucional la previsió del caràcter vinculant d'aquests dictàment.
- D'acrod amb la disposició transitòria 1à EAC , els grups parlamentaris, els membres del Parlament, el Govern i el Síndic de Greuges: "en el termini de dos anys des de l'entrada en vigor de l'Estatut, podrien demanar dictamen al
Parlament, per majoria de 3/5 parts dels diputats, i els altres tres a proposta del Govern.
- Un d'aquests darrers s'ha de designar d'entre una terna proposada pel Consell de Governs Locals (mentre aquest òrgan no es constitueixi la designació es farà d'acord amb la DT3 de la Llei 2/2009).
- Els membres del CGE són nomenats per un període de 9 anys i no poden ser reelegits.
- Es renova per 1/3 cada 3 anys, de manera que a cada renovació el Parlament designa 2 nous membres i el Govern 1.
- Els membres del CGE escullen entre ells, el president o presidenta, per majoria absoluta.
- La Llei 2/2009 fixa que el CGE desenvoluparà les seves funcions mitjançant l'emissió de dictàments de caràcter tecnicojurídic, emesos sempre a sol·licitud formal de part legitimada (art. 17), no pot emetre dictàmens si li són sol·licitats.
- Estaran legitimats per sol·licitar dictàmens, segons els supòsits: -a) 2 grups parlamentaris; -b) una desena part dels diputats (mínim 17 parlamentaris autònomics); -c) el Govern autònomic de Catalunya; -d) el Síndic de Greuges; e-) els municipis autònomics locals– i les vagueries autònomiques locals de Catalunya; f-) i altres ens legitimats d'acord amb la LOTC (art. 23).
- Art. 12 , de la llei, estableix també el règim d'incompatibilitats dels seus membres:
- Qualsevol mandat representatiu;
- Amb càrrecs en òrgans de rellevància constitucional o estatutària;
- Amb la condició de membre d'altres òrgans consultius o assessors;
- Amb las condició d'alt càrrec: amb l'exercici d'un càrrec directiu o executiu al servei d'un partit polític, d'un sindicat o d'una associació empresarial;
- Amb l'exercici de les carreres judicial i fiscal;
- i, amb qualsevol activitat professional o mercantil remunerada.
- Les úniques excepcions són determinats casos de docència universitària, recerca i d'activitats privades d'acord amb la Llei d'Incompatibilitats d'alts càrrecs al servei de la Generalitat.
Síndic de Greuges
- El Síndic de Greuges és la institució que té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen la CE i l'EAC.
- Aquesta definició va més enllà de la missió que tenia aquesta institució abans de l'aprovació de l'EAC de 2006, i és deguda a la inclusió d'un catàleg de drets i deures de la ciutadania en l'Estatut.
- Per tant, la missió de defensar els drets fonamentals de la ciutadania recollits a la Constitució s'amplia als drets i deures previstos a l'Estatut.
- L'àmbit de supervisió també s'ha ampliat i s'entén a l'activitat de l'Administració de la Generalitat: 1.- Dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen. 2.- A la de les empreses privades que gestionen serveis públics o compleixen activitats d'interès general o universal o activitats equivalents de manera concertada o indirecta. 3.- i a la de les altres persones amb un vincle contractual amb l'Adminsitració de la Generalitat i amb les entitats públiques que en depenen.
- També supervisa l'activitat de l'Administració local de Catalunya i la dels organismes públics o privats vinculats o que en depenen.
- Aquesta funció se li atribueix amb caràcter exclusiu al territori de Catalunya (art. 78 EAC).
- Aquesta exclusivitat ha estat declarada inconstitucional pel TC en la STC 31/2010. Per tant, el territori de Catalunya poden actuar ambdues institucions, les quals poden col·laborar en l'exercici de llurs funcions.
- El Síndic també ha vist ampliades seves competències en gaudir de legitimació per: -a) Sol·licitar dictamen al CGE sobre els projectes; -b) de les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament; - i c) dels decrets llei sotmesos a convalidació del Parlament, quan regulen drets reconeguts per l'EAC.
- El síndic o síndica de Greuges porta a terme les seves funcions amb criteris d'independència i objectivitat.
- És inviolable per les opinions expressades en l'exercici de les seves funcions.
- També gaudeix d'autonomia reglamentària, organitzativa, funcional i pressupostària d'acord amb les seves competències.
- El síndic o síndica de Greuges presenta al Parlament un informe anual de la seva activitat.
- El síndic o síndica de Greuges actua a partir de la queixa d'un particular o de certes institucions o càrrecs.
econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya (Art. 80 EAC).
- És un òrgan que depèn orgànicament del Parlament i exerceix funcions per delegació d'aquest amb plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària, d'acord amb les lleis.
- La Sindicatura de Comptes intervé a petició del Parlament o per iniciativa pròpia; cap més causa pot originar una intervenció de la Sindicatura de Comptes.
- L'EAC preveu que la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes estableixin, per mitjà d'un conveni, relacions de cooperació.
- El conveni haurà de preveure expressament els mecanismes de participació en els procediments jurisdiccionals sobre la responsabilitat comptable.
- Aquesta previsió ha estat precisada pel TC en la STC 31/2010.
- “és la normativa reguladora del Tribunal de Comptes la que ha de preveure la possibilitat de participació de la Sindicatura de Comptes en els procediments jurisdiccionals esmentats i que, en tot cas, el conveni al qual fa referència l'art. 80.3 haurà d'establir els mecanismes per articular la participació prevista en la dita normativa reguladora del Tribunal de comptes”.
- La fiscalització és el control que s'exerceix sobre l'activitat adminsitrativa, i té com a finalitat la verificació de la utilització adient i eficaç dels fons públics, de la comptabilització correcta d'aquests fons, de la recerca d'una gestió rigorosa i de la regularitat de l'acció administrativa.
- Les funcions de la Sindicatura de Comptes es poden resumir en 3 apartats: **- 1. La funció fiscalitzadora, que se pot dividir en la fiscalització de regularitat i el control d'economia, d'eficiència i d'eficàcia.
- La funció consultiva, amb l'emissió de dictàments i la resolució de consultes.
- Les funcions en el terreny de l'ejudiciament comptable delegades pel Tribunal de Comptes**.
- Les fiscalitzacions realitzades pe la Sindicatura acaben amb l'emissió d'informes objectius i poderats, que són lliurats tant als poders públics com al públic en general, per mitjà del Parlament.
- Aquests informes contenen observacions i recomanacions.
- En l'exercici de les seves funcions, la Sindicatura de Comptes ha d'actuar amb submissió a l'OJ i amb total independència resepcte als òrgans i als ens públics subjectes a la seva fiscalització.
- La Sindicatura de Comptes té facultats per organitzar tots els seus afers relacionats amb el seu ordre intern i amb el seu personal.
- A més, per a complir les seves competències, pot requerir la col·laboració i la cooperació de tots els ens a què hom s'ha referit.
- La Sindicatura presenta al Parlament anualment una memòria de fiscalització que ha d'incloure necessàriament l'informe sobre el Compte general de la Generalitat i que, addicionalment, pot contenir altres informes.
- També ha pde presentar al Parlament una memòria anual de les activitats i la gestió que ha dut a terme, en la qual- entre altres qüestions- ha de justificar el grau de compliment del pla de treball de l'exercici anterior i incloure la liquidació del seu pressupost i dels seus comptes anuals.
- A banda de la resta d'informes que ha de presentar al Parlament, la Sindicatura de Comptes també ha de trametere-hi el Compte general de les corporacions locals.
- La Sindicatura de Comptes es formada per síndics designats pel Parlament per majoria de 3/5 parts. Una vegada, elegits, entre els síndics elegeixen entre ells el síndic o síndica major.
- L'EAC preveu que una llei reguli l'estatut personal, les incompatibilitats, les causes de cessament, l'organització i el funcionament de la Sindicatura de Comptes.
- Aquesta Llei és la 18/2010, de 7 de juny de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
- La designació dels membres de la Sindicatura de Comptes de Catalunya es fa entre empleats públics de cossos o categoríes del grup de titulació superior, o advocats, economistes i professors mercantils, tots de competència reconeguda i amb més de 15 anys d'exercici professional.
- La Sindicatura s'organitza mitjançant:
- La Comissió de Govern, formada pel síndic o síndica major i dos síndics més, que entre altres funcions, coordina els serveis de suport de la Sindicatura.
El Parlament
- Representa el poble de Catalunya i la seva funció principal és l'exercici de la potestat legislativa.
