Derecho Constitucional Unidad 6.
El Reglamento 1. Concepto, clases y régimen jurídico La potestad reglamentaria se define
genéricamente como la capacidad atribuida al poder ejecutivo de dictar normas de rengo inferior
a las leyes, por lo común en desarrollo o aplicación de éstas. Un reglamento, en su sentido más
clásico, se puede definir como un acto normativo subordinado a la ley, dictados, en principio,
por el poder ejecutivo.
La potestad reglamentaria es una función complementaria a la del legislador, de manera que su
función principal en el sistema no es tanto regular cuestiones, sino precisar o concretar las
previsiones de las leyes, lo que se denomina ejecutar las leyes.
El artículo 97 de la Constitución Española establece que el Gobierno de la Nación ejerce “la
función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”. De
este artículo se deriva que la Constitución distingue entre la función ejecutiva, entendida como
simple aplicación de la ley y la potestad reglamentaria, que aparece por tanto como algo más
que la mera ejecución.
A diferencia de la potestad legislativa que si admite delegación, en la potestad reglamentaria no
hay mecanismo, en cambio, para llevar a cabo dicha delegación.
El reglamento debe respetar las previsiones constitucionales y las previsiones de las leyes. Hay,
por tanto, dos condicionantes: la Constitución y las leyes. Su capacidad para crear nuevo
derecho en el Ordenamiento esta, por tanto, doblemente restringida.
Esta directa atribución constitucional de la potestad reglamentaria al Gobierno no quiere decir
que el poder ejecutivo disponga de una potestad normativa igual y paralela a la potestad
legislativa. Los principios de legalidad y de jerarquía normativa impiden que una norma
reglamentaria pueda contradecir lo dispuesto en una norma de mayor rango, como lo es la ley.
Los reglamentos se hallan en posición subordinada a los mandatos legales, ya que no pueden
alterar las leyes vigentes, y sí pueden, en cambio, ser modificados o derogados por leyes
posteriores. Además, el reglamento no puede entrar en el coto vetado que supone la existencia
de reservas de ley, orgánica u ordinaria.
El reglamento tampoco puede ir más allá de lo regulado por la ley cuando pueda entenderse que
la ley ha querido agotar la reglamentación de la materia. Tales restricciones a la potestad
reglamentaria se hallan garantizadas por el control de los tribunales: a diferencia de lo que
ocurre con las normas de rango legal, los reglamentos están sometidos a la revisión
jurisdiccional por parte de los jueces y tribunales ordinarios, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 106.1 de la Constitución.
La legitimación de la potestad reglamentaria Para justificar la existencia de los reglamentos
existen diferentes teorías: - Consecuencia de la potestad discrecional que posee la
Administración que le permite regular todo aquello que la ley no regula con detalle.
1 - Consecuencia de la autonomía de los entes públicos, porque la atribución de funciones
implica necesariamente la de dictar normas.
- Atribución expresa de poder realizada por la Constitución y las leyes. No se trata de una
función inherente a la Administración no de una delegación.
La potestad reglamentaria supone una capacidad para dictar normas diferentes y separadas de la
potestad legislativa.
Es diferente, por tanto, a la potestad meramente ejecutiva, destinada a aplicar las decisiones del
legislador, pero, eso sí, aparece estrechamente vinculada a la función ejecutiva del Gobierno.
Las diferencias entre actos normativos y actos ejecutivos de la Administración son los criterios
de alcance del acto y de la capacidad innovadora del Ordenamiento. Los actos normativos
generan consecuencias jurídicas en diferentes supuestos de hecho, mientras que los actos
