. Por escrito registrado en este Tribunal el 18 de diciembre de 1997 don José Luis Martín Jaureguibeitia,
Procurador de los Tribunales y de la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día de España,
interpuso recurso de amparo contra Sentencia citada en el encabezamiento de esta resolución.
2. Los hechos de los que el presente recurso de amparo trae causa son, sucintamente expuestos, los
siguientes:
a) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó el acta de liquidación núm. 989/93 por diferencias de
cotización correspondientes a los servicios prestados como ayudante de cocina en el Colegio que la recurrente
tiene en la localidad de Sagunto por doña Prima Micaela Alejos Casado. Se hace constar que la referida
señora, en el período en que prestó servicio a la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día de
España, cotizó en calidad de asimilada a trabajador por cuenta ajena como ministro de culto, a los efectos
establecidos en el art. 1 del Real Decreto 2398/77, de 27 de agosto, y la Orden de 2 de marzo de 1987, por lo
que no había cotizado por las contingencias profesionales (desempleo, formación profesional, Fondo de
Garantía Salarial, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) sino por el tipo único de cotización
vigente en el Régimen General de la Seguridad Social con deducción de las fracciones correspondientes a las
contingencias comunes excluidas de la acción protectora (incapacidad laboral transitoria, invalidez provisional
y subsidio por recuperación profesional). L a Administración entendió que tal forma de cotización de la
trabajadora fue incorrecta, pues debió cotizar por el tipo general y no por el reducido, hacerlo por las
contingencias profesionales a las que hemos hecho referencia y, además, haber efectuado la cotización por las
contingencias comunes sobre las bases calculadas conforme a los salarios que tenía derecho a percibir según
los Convenios Colectivos vigentes para los Centros de Enseñanza Privada sin ningún nivel concertado o
subvencionado. Para llegar a tal conclusión se utiliza un doble razonamiento: En primer término, que el
régimen de los ministros de culto de la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas del Séptimo Día de España,
contenido en la citada Orden de 2 de marzo de 1987, sólo es de aplicación (art. 1.2) “a los que se dediquen, de
forma estable y exclusiva a las funciones de culto, asistencia religiosa o formación religiosa”, no pudiendo
hacerse extensivo a otras actividades distintas a las citadas (v.gr.: cocina del Colegio, docencia, etc.)”. En
segundo lugar, que doña Prima Micaela Alejos Casado había sido trabajadora por cuenta ajena en sentido
propio, y no asimilada, lo que había sido reconocido por ambas partes en el acta de conciliación 5213 del
Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Consellería de Trabajo y Asuntos Sociales (SMAC), en la
que literalmente se decía: “Llegándose al siguiente acuerdo: reconociendo la improcedencia del despido y la
imposibilidad de readmitir, la empresa ofrece y la parte actora acepta, como saldo de cuantas [sic] y finiquito de
la relación laboral, hoy dada por extinguida, la cantidad de 555.334 pesetas, que incluye la indemnización por
despido superior a 35 días de salario del demandante de amparo y que será abonada mediante la entrega en
este acto de un cheque por dicho importe...”.
El acta de liquidación fue confirmada por Resolución del Director Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
fecha 28 de octubre de 1993, y ésta por otra del Director General de Ordenación Jurídica y Entidades
Colaboradoras de la Seguridad Social, que desestimó el recurso de alzada deducido por la ahora entidad
demandante de amparo.
b) Contra tales resoluciones la entidad demandante de amparo interpuso recurso contencioso-administrativo,
que fue tramitado ante la Sección Tercera de la Sala de dicho orden jurisdiccional del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana con el núm. 2531/94, el cual concluyó con
