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Artículos Doctrinales: Derecho Fiscal, Financiero y Tributario
Precisiones sobre los títulos con garantía hipotecaria emitidos por entidades
financieras
De: Luis Roca-Sastre Muncunill
Fecha: Noviembre 1999
Sin duda, la hipoteca inmobiliaria constituye uno de los más poderosos instrumentos jurídicos del
crédito territorial.
El crédito, en general, no es sino la confianza en la seguridad del reintegro del dinero dado en
préstamo o de otro modo acreditado. El mismo provoca la movilización de capitales dinerarios. El
crédito puede ser personal o real y este segundo puede ser mobiliario o inmobiliario o territorial. El
crédito territorial es, pues, la confianza en la percepción, en su día, del dinero prestado o acreditado,
fundado en la seguridad que al efecto proporciona la hipoteca inmobiliaria. Este tipo de garantía real
es el medio más difundido del crédito territorial, singularmente a los efectos de estimular y favorecer
la construcción y la adquisición de viviendas. Cabe afirmar que actualmente un gran número de
compras de viviendas se efectúan gracias a una hipoteca simultánea que garantiza un préstamo
dinerario con cuyo importe los compradores pueden satisfacer el precio correspondiente.
Esta importancia de la hipoteca inmobiliaria a los efectos indicados ha sido observada por el
legislador económico y el social. A tal fin se han dictado una serie de disposiciones legales y
reglamentarias que constituyen, en rigor, normas de Derecho público, especialmente administrativo,
de tipo económico y financiero, que se entrelazan con la legislación acerca de la defensa de los
consumidores y usuarios que acuden al crédito hipotecario, particularmente para la adquisición de
viviendas.
En ambos aspectos y en los últimos años existen el Real Decreto Legislativo de 28 de junio de 1986
sobre adaptación del Derecho vigente en materia de Entidades de Crédito al de las Comunidades
Europeas, la Ley de 29 de julio de 1988 sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito,
la Ley de 14 de abril de 1994 por la que se adapta la legislación española en materia de Entidades de
Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria (89/646/CEE), la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 29 de julio de 1988 sobre tipos de interés y comisiones, normas de
actuación, información a clientes y publicidad de las Entidades de Crédito, y la Orden conjunta de
los Ministerios de Justicia y Economía y Hacienda de 8 de mayo de 1994 sobre transparencias de las
condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, con las correspondientes Circulares del Banco
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