Hasta octubre, el gobierno había confirmado más de
860.000 casos de Covid-19 y 26.000 muertes por esta
enfermedad. En marzo, el gobierno estableció el
confinamiento en todo el país, que duró hasta septiembre.
En marzo, el gobierno dispuso el cierre de las escuelas,
una medida que afectó a cerca de 10 millones de
estudiantes. Si bien las autoridades adoptaron algunas
medidas para asegurar la enseñanza en línea, muchos
estudiantes no han podido acceder a ella. En septiembre
comenzó la reapertura de algunas escuelas.
Entre los graves problemas de derechos humanos que
persisten en Colombia se incluyen la impunidad por
abusos del pasado, obstáculos a la restitución de tierras
para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos
reproductivos y condiciones de pobreza extrema y
aislamiento que sufren las comunidades indígenas.
En el departamento de Cauca, disidencias de las FARC
han cometido graves abusos, como homicidios,
reclutamiento infantil y desplazamiento forzado. También
impusieron sus propias medidas para frenar la
propagación del Covid-19, incluidos confinamientos, y
amenazaron, atacaron y mataron a algunas personas, al
parecer por no cumplir con las medidas.
En 2020, el ELN siguió cometiendo crímenes de guerra y
otros graves abusos contra civiles, como asesinatos,
desplazamientos forzados y reclutamiento infantil.
De acuerdo con nuestro análisis, las partes en estos conflictos son el
Estado colombiano, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el
Ejército Popular de Liberación (EPL), las Autodefensas Gaitanistas
de Colombia (AGC), además de las estructuras de las antiguas
FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz bajo un
