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SUSPENSIÓN de la EJECUCIÓN de PENAS PRIVATIVAS de LIBERTAD (arts. 80 a 87):
Norma general
Oposiciones Instituciones Penitenciarias MURCIA-ALBACETE-VILLENA Esquema-Resumen Tema 4 Dº Penal
Para penas privativas de libertad <= 2 años
cuando sea razonable esperar que la mera imposición de la pena que se suspende resulte
suficiente para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos.
Duración penas <= 2 años 2 – 5 años
de la suspensión penas leves 3 meses – 1 año
Delincuente primario (no se computan los imprudentes)
Requisitos Pena <= 2 años (no se incluye el impago de multa)
Satisfacer responsabilidad civil y se haya hecho efectivo el comiso.
Excepcionalmente, podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no
excedan de dos años, cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su
conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen. En estos
casos, la suspensión se condicionará siempre al cumplimiento de las prestaciones a que se refiere el
número 1) del artículo 84 (el cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en un proceso de
mediación). Asimismo, se impondrá siempre una de las medidas a que se refieren los números 2) ó
3) del mismo precepto:
2) El pago de una multa, cuya extensión no podrá ser superior a dos cuotas de multa por
cada día de prisión.
3) La realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando
resulte adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del
hecho y del autor. La duración de esta prestación de trabajos no podrá exceder un día
de trabajos por cada día de prisión.
Enfermedad muy grave con padecimiento incurable: suspensión sin requisitos, salvo que ya tenga
otra pena suspendida por mismo motivo.
c No aproximarse a la víctima
art. 83 d No establecer contacto con personas determinadas
Condiciones e Mantener lugar de residencia y no abandonarlo sin autorización
(en caso necesario) f Prohibición de residir en lugar determinado o de acudir al mismo
g Comparecer personalmente periódicamente ante Juez, policía o adm.
h Participar en programas formativos, laborales, etc.
7 Participar en programas de deshabituación
8 Cumplir demás deberes (necesaria conformidad penado)
En casos violencia de género siempre 1, 4 y 6 si delitos de lesiones, contra la libertad,
torturas o libertad e indemnidad sexuales, si la víctima fuera la esposa…
El Juez o Tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de
alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas: (art. 84)
1) El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en un proceso de mediación.
2) El pago de una multa , cuya extensión no podrá ser superior a dos cuotas de multa por cada día
de prisión.
3) La realización de trabajos en beneficio de la comunidad , especialmente cuando resulte adecuado
como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor. La
duración de esta prestación de trabajos no podrá exceder un día de trabajos por cada día de
prisión.
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Nuevo delito
Revocación Incumplimiento grave o reiterado de prohibiciones
Incumplimiento Incumplimiento grave o reiterado de condiciones art. 84
Facilite información inexacta paradero bienes objeto de comiso
o patrimonio
Imponer nuevas prohibiciones o modificarlas
Si no grave ni reiterado, podrá
Prorrogar plazo de suspensión, hasta la mitad
de duración del plazo inicial
Drogodependientes (incluso si no es primer delito y pena superior a 2 años) (art. 80.5)
Informe de centro o servicio sobre tratamiento deshabituación
Requisitos Pena <= 5 años (no se incluye el impago de multa)
Satisfacer responsabilidad civil (salvo insolvencia)
Duración 3 – 5 años (+2 años si no se ha deshabituado al finalizar)
Condiciones No delinquir
No abandonar el tratamiento
Incumplimiento Revocación
1 condena previa ejecutoria
Reincidente mismo Título
misma naturaleza
CONCEPTOS
3 condenas ejecutorias
Reo habitual mismo Capítulo
plazo máx. 5 años
SUSTITUCIÓN de las PENAS de PRISIÓN a EXTRANJEROS (art. 88):
[El contenido del artículo 89 que se deroga pasa a ser el nuevo artículo 88, con sus modificaciones. Desaparece el contenido del antiguo artículo 88 –sustitución de penas- y queda derogado el numeral artículo 89]
> 1 año Expulsión de España excepto
determinadas
circunstancias
> 3 años Cumplir toda o parte de la pena
(por defensa del orden jurídico)
Resto de la pena Expulsión
Prohibición de regreso de 5 a 10 años
desde la fecha de expulsión
Si regresa antes………Cumplirá las penas sustituidas
Si sorprendido en la frontera……..Expulsado directamente por autoridad gubernativa
No serán sustituidas las penas que se hubieran impuesto por la comisión de los delitos a que se
refieren los arts. 312 (tráfico ilegal de mano de obra), 313 (inmigración clandestina) y 318 bis (tráfico
ilegal de personas).
MEDIDAS de SEGURIDAD (continuación)
NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD : Prevista en la Ley para el delito cometido
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Impuesto pena de prisión de más de 1 año de prisión
Requisitos
Pronóstico de comportamiento futuro de comisión de nuevos delitos
Medida necesaria para compensar la peligrosidad del sujeto
Sujeto absuelto por eximentes 1º, 2º o 3º del art. 20
Atenuante art. 21.1º en relación con las anteriores y sujeto peligroso
También
se impondrá Se suspenda la ejecución de una medida de seguridad priv. libertad
cuando…
Se cumpla el plazo máximo de duración de la medida priv. libertad y
sea necesario para compensar el riesgo de comisión de nuevos
delitos
a) Libertad vigilada Duración mínima de 3 años y máxima de 5 años, plazos prorrogables en
plazos sucesivos de una duración máxima de 5 años cada uno de ellos
Prohibición de aproximarse a la víctima o familiares de ésta
Prohibición de establecer contacto con personas determinadas
Mantener lugar de residencia en un lugar determinado
Prohibición de residir en un lugar determinado
Informar sin demora de cambios de residencia y datos de localización
Obligaciones Comparecer personalmente en el servicio que se determine
y condiciones Participar en programas formativos, laborales, culturales, etc.
Participar en programas de deshabituación al consumo de tóxicos
Privación del derecho a conducir vehículos de motor
Privación del derecho al porte o tenencia de armas
Prohibición de consumir alcohol o drogas tóxicas
Inscribirse en las oficinas de empleo
Someterse a tratamiento ambulatorio
Someterse a custodia familiar o residencial
Llevar consigo dispositivos electrónicos para controlar horários
Cumplir demás deberes, previa conformidad del penado.
Mantener la ejecución, modificando condiciones
Durante la ejecución el Juez o Tribunal podrá Decretar el cese
MEDIDAS de SEGURIDAD (continuación)
NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD (continuación)
a) Libertad vigilada…………………………… (página anterior)
b) Prohibición de ejercicio de actividad profesional (de 1 a 5 años)
c) Privación derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores
d) Privación derecho tenencia y porte de armas
e) Expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España
¾ Como sustitución de medida de seguridad
¾ Salvo que se aprecie justificación para cumplimiento en España
¾ No podrá regresar a España en 10 años, contados desde la fecha de expulsión
¾ Si intenta quebrantar, será devuelto por la autoridad gubernativa
En general, sobre las medidas de seguridad:
Artículo 97.
1.- Cuando existan varias medidas igualmente adecuadas para prevenir de modo suficiente la peligrosidad
del sujeto y solamente una de ellas resulte necesaria, se impondrá la que resulte menos grave.
2.- Si resultan necesarias varias medidas para prevenir de modo suficiente la peligrosidad del sujeto, todas
ellas podrán ser impuestas conjuntamente.
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LA RESPONSABILIDAD CIVIL:
La restitución, a ser posible, del mismo bien.
Comprende La reparación del daño: obligación de dar, de hacer, de no hacer.
Indemnización de perjuicios materiales y morales.
La persona criminalmente responsable del delito o falta (autor y cómplice). Personas Los aseguradores que asumen riesgo en explotación de un bien o industria. responsables Los que tengan bajo su potestad o guarda a los exentos del art. 20.1, 2,, 3, 5, 6. El ebrio e intoxicado del art. 20.2. Las personas en cuyo favor se haya precavido el mal del art. 20. Los que hayan causado el miedo del art. 20.6. Los autores del error del art. 14. Los padres o tutores respecto a los mayores de 18 años que vivan con ellos. Los titulares de editoriales, periódicos, revistas, por lo cometido en su medio. Las personas naturales o jurídicas por delitos cometidos en su establecimiento. Las personas titulares de vehículos por delitos cometidos por sus dependientes. El Estado, subsidiariamente, si la lesión es por mal funcionamiento del servicio.
- ORDEN PARA EFECTUAR LOS PAGOS:
1º. Reparación del daño e indemnizaciones de perjuicios.
2º. Indemnización al Estado.
3º. Costas del acusador particular o privado.
4º. Demás costas procesales.
5º. Multa.
CONSECUENCIAS ACCESORIAS:
Delitos o faltas dolosos: pérdida de los efectos, bienes y ganancias.
Delito imprudente con pena superior a 1 año: pérdida de efectos, bienes y ganancias.
Comiso de otros bienes si no fuera posible hacerlo con los procedentes del delito.
También comiso si la persona está exento de responsabilidad criminal si se demuestra la situación
patrimonial ilícita.
Los efectos decomisados se venderán si son de lícito comercio para cubrir responsabilidad civil u otra
cosa, o, en su defecto, se inutilizarán.
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TEMA 4 DERECHO PENAL:
REGULACIÓN ACTUAL: PROYECTO DE REFORMA:
Reordenación del contenido de los artículos 80 a 87: Artículo 80. 1.- Los Jueces o Tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada. En dicha resolución se atenderá fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto, así como a la existencia de otros procedimientos penales contra éste. 2.- El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad inferiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves y se fijará por los Jueces o Tribunales, previa audiencia de las partes, atendidas las circunstancias personales del delincuente, las características del hecho y la duración de la pena (ahora en art. 81, reformado). 3.- La suspensión de la ejecución de la pena no será extensiva a la responsabilidad civil derivada del delito o falta penados. 4.- Los Jueces y Tribunales sentenciadores podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.
Artículo 80.
- Los Jueces o Tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la mera imposición de la pena que se suspende resulte suficiente para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Para adoptar esta resolución el Juez o Tribunal valorará las circunstancias del delito cometido, la personalidad del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.
- Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena, las siguientes: 1ª) Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136 de este Código. 2ª) Que la pena, o la suma de las impuestas, no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa. 3ª) Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el comiso acordado en sentencia conforme al artículo 127 CP. Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el comiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido.
- Excepcionalmente, podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años, cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen. En estos casos, la suspensión se condicionará siempre al cumplimiento de las prestaciones a que se refiere el número 1) del Artículo 84 de este Código. Asimismo, se impondrá siempre una de las medidas a que se refieren los números 2) ó 3) del mismo precepto.
- Los Jueces y Tribunales sentenciadores podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del
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delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.
- Aun cuando no concurran las condiciones 1ª y 2ª previstas en el apartado 2 de este artículo, el juez o tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a cinco años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el número 2 del Artículo 20, siempre que se certifique suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión. El Juez o Tribunal podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos. En el caso de que el condenado se halle sometido a tratamiento de deshabituación, también se condicionará la suspensión de la ejecución de la pena a que no abandone el tratamiento hasta su finalización. 6.- En los delitos que sólo pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los Jueces y Tribunales oirán a éste y, en su caso, a quien le represente, antes de conceder los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena.
Artículo 81. (nueva regulación en art. 80.2) Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena, las siguientes: 1ª. Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136 de este Código. 2ª. Que la pena o penas impuestas, o la suma de las impuestas, no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.
3ª. Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado, salvo que el Juez o Tribunal sentenciador después de oír a los interesados y al Ministerio Fiscal, declare la imposibilidad total o parcial de que el condenado haga frente a las mismas.
Artículo 81. El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad inferiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves, y se fijará por el Juez o Tribunal, previa audiencia al Ministerio Fiscal, atendidos los criterios expresados en el párrafo segundo del artículo 80.1. En el caso de que la suspensión hubiera sido acordada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del Artículo anterior, el plazo de suspensión será de tres a cinco años.
Artículo 82. Declarada la firmeza de la sentencia y acreditados los requisitos establecidos en el artículo anterior, los Jueces o Tribunales se pronunciarán con la mayor urgencia sobre la concesión o no de la suspensión de la ejecución de la pena.
Artículo 82. 1.- El Juez o Tribunal resolverá en sentencia sobre la suspensión de la ejecución de la pena siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza de la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia sobre la concesión o no de la suspensión de la ejecución de la pena. 2.- El plazo de suspensión se computará desde la fecha de la resolución que la acuerda. Si la suspensión hubiera sido acordada en sentencia, el plazo de la
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de Seguridad del Estado, que velarán por su cumplimiento. Cualquier posible quebrantamiento o circunstancia relevante que pudiera ser relevante para valorar la peligrosidad del penado y la posibilidad de comisión futura de nuevos delitos, será inmediatamente comunicada al Juez o Tribunal de ejecución.
4.- El control del cumplimiento de los deberes a que se refieren las reglas 6ª, 7ª y 8ª del apartado 1 de este artículo corresponderá a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la administración penitenciaria. Estos servicios informarán al Juez o Tribunal de ejecución sobre el cumplimiento con una periodicidad al menos trimestral, en el caso de las reglas 6ª y 8ª, y semestral, en el caso de la 7ª. En todo caso, informarán inmediatamente de cualquier circunstancia relevante para valorar la peligrosidad del penado y la posibilidad de comisión futura de nuevos delitos, así como de los incumplimientos de la obligación impuesta o de su cumplimiento efectivo.
Artículo 84. (nueva regulación en art. 86) 1.- Si el sujeto delinquiera durante el plazo de suspensión fijado, el Juez o Tribunal revocará la suspensión de la ejecución de la pena. 2.- Si el sujeto infringiera durante el plazo de suspensión las obligaciones o deberes impuestos, el Juez o Tribunal podrá, previa audiencia de las partes, según los casos: a) Sustituir la regla de conducta impuesta por otra distinta. b) Prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda exceder de cinco años. c) Revocar la suspensión de la ejecución de la pena, si el incumplimiento fuera reiterado. 3.- En el supuesto de que la pena suspendida fuera la de prisión por comisión de delitos relacionados con la violencia de género, el incumplimiento por parte del reo de las obligaciones o deberes previstos en la regla 1ª, 2ª y 5ª del apartado primero del artículo 83 de este Código determinará la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena.
Artículo 84. El Juez o Tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas:
- El cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en un proceso de mediación.
- El pago de una multa, cuya extensión no podrá ser superior a dos cuotas de multa por cada día de prisión.
- La realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando resulte adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor. La duración de esta prestación de trabajos no podrá exceder un día de trabajos por cada día de prisión.
Artículo 85. (nueva regulación en art. 87)
1.- Revocada la suspensión, se ordenará la ejecución de la pena. 2.- Transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber delinquido el sujeto, y cumplidas, en su caso, las reglas de conducta fijadas por el Juez o Tribunal, éste acordará la remisión de la pena.
Artículo 85. Durante el tiempo de suspensión de la pena, y a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, el Juez o Tribunal podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme a los artículos 83 y 84, y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones, la modificación de las que ya hubieran sido acordadas, o el alzamiento de las mismas.
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Artículo 86. (nueva regulación en art. 80.6) En los delitos que sólo pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los Jueces y Tribunales oirán a éste y, en su caso, a quien le represente, antes de conceder los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena
Artículo 86.
- El Juez o Tribunal revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena cuando el penado:
- Cometa un nuevo delito durante el período de suspensión.
- Incumpla de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes que le hubieran sido impuestos conforme al artículo 83, o se sustraiga al control de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la administración penitenciaria.
- Incumpla de forma grave o reiterada las condiciones que, para la suspensión, hubieran sido impuestas conforme al artículo 84.
- Facilite información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo comiso hubiera sido acordado; no dé cumplimiento al compromiso de pago de las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado; o facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Si el incumplimiento de las prohibiciones, deberes o condiciones no hubiera tenido carácter grave o reiterado, el Juez o Tribunal, podrá: a) Imponer al penado nuevas prohibiciones, deberes o condiciones, o modificar las ya impuestas. b) Prorrogar el plazo de suspensión, sin que en ningún caso pueda exceder de la mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado. 3.- En el caso de revocación de la suspensión, los gastos que hubiera realizado el penado para reparar el daño causado por el delito conforme al apartado 1 del artículo 84 no serán restituidos. Sin embargo, el Juez o Tribunal abonará a la pena los pagos y la prestación de trabajos que hubieran sido realizados o cumplidos conforme a sus apartados 2 y 3.
Artículo 87. (nueva regulación en art. 80.5)
- Aun cuando no concurran las condiciones 1.a y 2.a previstas en el artículo 81, el Juez o Tribunal, con audiencia de las partes, podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a cinco años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el número 2.o del artículo 20, siempre que se certifique suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión.
El Juez o Tribunal solicitará en todo caso informe del Médico forense sobre los extremos anteriores.
2.- En el supuesto de que el condenado sea reincidente, el Juez o Tribunal valorará, por resolución motivada, la oportunidad de conceder o no el beneficio de la
Artículo 87. 1.- Transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber delinquido el sujeto, y cumplidas, en su caso, las reglas de conducta fijadas por el Juez o Tribunal, éste acordará la remisión de la pena, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes. 2.- En el caso de que la suspensión hubiera sido concedida conforme al artículo 80.5 de este Código, el Juez o Tribunal acordará la remisión de la pena cuando hubiere transcurrido el plazo de suspensión de la pena sin haber delinquido el sujeto, siempre que se haya acreditado su deshabituación o la continuidad del tratamiento. De lo contrario, ordenará su cumplimiento, salvo que, oídos los informes correspondientes, estime necesaria la continuación del tratamiento; en tal caso podrá conceder razonadamente una prórroga del plazo de suspensión por tiempo no superior a dos años. 3.- El Juez o Tribunal acordará la revocación de la suspensión y ordenará la ejecución de la pena
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judicialmente, cumplirá las penas que fueron sustituidas. No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad.
5. Los jueces o tribunales, a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia del penado y de las partes personadas, acordarán en sentencia, o durante su ejecución, la expulsión del territorio nacional del extranjero no residente legalmente en España, que hubiera de cumplir o estuviera cumpliendo cualquier pena privativa de libertad, para el caso de que hubiera accedido al tercer grado penitenciario o cumplido las tres cuartas partes de la condena, salvo que previa audiencia del Ministerio Fiscal y de forma motivada aprecien razones que justifiquen el cumplimiento en España.
- Cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera de los supuestos previstos en este artículo, el extranjero no se encuentre o no quede efectivamente privado de libertad en ejecución de la pena impuesta, el Juez o Tribunal podrá acordar, con el fin de asegurar la expulsión, su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros, en los términos y con los límites y garantías previstos en la Ley para la expulsión gubernativa. En todo caso, si acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá a la ejecución de la pena originariamente impuesta o del período de condena pendiente, o a la aplicación, en su caso, de la suspensión de la ejecución de la misma o su sustitución en los términos del artículo 88 de este Código.
- Las disposiciones establecidas en los apartados anteriores no serán de aplicación a los extranjeros que hubieran sido condenados por la comisión de delitos a que se refieren los artículos 312, 313 y 318 bis de este Código (tráfico ilegal de mano de obra, promoción de inmigración clandestina de trabajadores o para explotación sexual).
5.- La expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España. 6.- Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el período de tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas que fueron sustituidas. No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad. 7.- Cuando, al acordarse la expulsión en cualquiera de los supuestos previstos en este artículo, el extranjero no se encuentre o no quede efectivamente privado de libertad en ejecución de la pena impuesta, el Juez o Tribunal podrá acordar, con el fin de asegurar la expulsión, su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros, en los términos y con los límites y garantías previstos en la Ley para la expulsión gubernativa. En todo caso, si acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá a la ejecución de la pena originariamente impuesta o del período de condena pendiente, o a la aplicación, en su caso, de la suspensión de la ejecución de la misma. 8.- No serán sustituidas las penas que se hubieran impuesto por la comisión de los delitos a que se refieren los arts. 312, 313 y 318 bis de este Código.
Artículo 88. (contenido derogado)
1. Los jueces o tribunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la misma sentencia, o posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a su ejecución, las penas de prisión que no excedan de un año por multa o por trabajos en beneficio de la comunidad, y en los casos de penas de prisión que no excedan de seis meses, también por localización permanente, aunque la Ley no prevea estas penas para el delito de que se trate, cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de reos habituales, sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por una jornada de trabajo
Artículo 89. Derogado por la Disposición Derogatoria Única, apartado 2.
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o por un día de localización permanente. En estos casos el Juez o Tribunal podrá además imponer al penado la observancia de una o varias obligaciones o deberes previstos en el artículo 83 de este Código, de no haberse establecido como penas en la sentencia, por tiempo que no podrá exceder de la duración de la pena sustituida. Excepcionalmente podrán los Jueces o Tribunales sustituir por multa o por multa y trabajos en beneficio de la comunidad, las penas de prisión que no excedan de dos años a los reos no habituales, cuando de las circunstancias del hecho y del culpable se infiera que el cumplimiento de aquéllas habría de frustrar sus fines de prevención y reinserción social. En estos casos, la sustitución se llevará a cabo con los mismos requisitos y en los mismos términos y módulos de conversión establecidos en el párrafo anterior para la pena de multa. En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado con la violencia de género, la pena de prisión sólo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente en lugar distinto y separado del domicilio de la víctima. En estos supuestos, el Juez o Tribunal impondrá adicionalmente, además de la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de las obligaciones o deberes previstos en las reglas 1.ª y 2.ª, del apartado 1 del artículo 83 de este Código.
_2. En el supuesto de incumplimiento en todo o en parte de la pena sustitutiva, la pena de prisión inicialmente impuesta se ejecutará descontando, en su caso, la parte de tiempo a que equivalgan las cuotas satisfechas, de acuerdo con la regla de conversión establecida en el apartado precedente.
- En ningún caso se podrán sustituir penas que sean sustitutivas de otras._
Artículos 95 a 108: MEDIDAS DE SEGURIDAD. Hay una nueva regulación del contenido y reordenación de los numerales de los artículos, que en muchos casos no tienen correspondencia con los de la regulación anterior. Artículo 95. 1.- Las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos los informes que estime convenientes, a las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el Código, siempre que concurran estas circunstancias: 1ª.- Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito. 2ª.- Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos.
2.- Cuando la pena que hubiere podido imponerse por el delito cometido no fuere privativa de libertad, el
Artículo 95. 1.- Las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos los informes que estime convenientes, cuando concurran las siguientes circunstancias:
- Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito.
- Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos.
- Que la imposición de una medida de seguridad resulte necesaria para compensar, al menos parcialmente, la peligrosidad del sujeto.
2.- La medida de seguridad que se imponga deberá ser
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Artículo 98.
_1. A los efectos del artículo anterior, cuando se trate de una medida de seguridad privativa de libertad o de una medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento de una pena privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará obligado a elevar al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma. Para formular dicha propuesta el Juez de Vigilancia Penitenciaria deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales que asistan al sometido a medida de seguridad o por las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, el resultado de las demás actuaciones que a este fin ordene.
- Cuando se trate de cualquier otra medida no privativa de libertad, el Juez o Tribunal sentenciador recabará directamente de las Administraciones, facultativos y profesionales a que se refiere el apartado anterior, los oportunos informes acerca de la situación y la evolución del condenado, su grado de rehabilitación y el pronóstico de reincidencia o reiteración delictiva.
- En todo caso, el Juez o Tribunal sentenciador resolverá motivadamente a la vista de la propuesta o los informes a los que respectivamente se refieren los dos apartados anteriores, oída la propia persona sometida a la medida, así como el Ministerio Fiscal y las demás partes. Se oirá asimismo a las víctimas del delito que no estuvieren personadas cuando así lo hubieran solicitado al inicio o en cualquier momento de la ejecución de la sentencia y permanezcan localizables a tal efecto._
Artículo 98. 1.- El Juez o Tribunal podrá acordar el internamiento en un centro psiquiátrico del sujeto que haya sido declarado exento de responsabilidad criminal conforme al número 1º del artículo 20, o al que le haya sido apreciado esa eximente con carácter incompleto, si tras efectuarse una evaluación exhaustiva del mismo y de la acción que llevó a cabo, exista base suficiente para concluir que, debido a su trastorno, es posible prever la comisión por aquél de nuevos delitos y que, por tanto, supone un peligro para la sociedad. 2.- El internamiento se ejecutará en régimen cerrado cuando exista un peligro relevante de quebrantamiento de la medida o de comisión de nuevos delitos. 3.- El internamiento en centro psiquiátrico o en centro de educación especial no podrá tener una duración superior a cinco años, salvo que se acordare su prórroga. Si, transcurrido dicho plazo, no concurren las condiciones adecuadas para acordar la suspensión de la medida y, por el contrario, el internamiento continúa siendo necesario para evitar que el sujeto que sufre la anomalía o alteración psíquica cometa nuevos delitos a causa del mismo, el Juez o Tribunal podrá, a petición de la Junta de Tratamiento acordar la prolongación de la medida por períodos sucesivos de cinco años. En otro caso, extinguida la medida de internamiento impuesta, se impondrá al sujeto una medida de libertad vigilada, salvo que la misma no resultara necesaria.
Artículo 99. En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, el Juez o Tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena. Una vez alzada la medida de seguridad, el Juez o Tribunal podrá, si con la ejecución de la pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de aquélla, suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a la duración de la misma, o aplicar alguna de las medidas previstas en el artículo 96.3.
Artículo 99. 1.- El Juez o Tribunal podrá acordar el internamiento en un centro educativo especial del sujeto que haya sido declarado exento de responsabilidad criminal conforme al número 2º del artículo 20, o al que le haya sido apreciado esa eximente con carácter incompleto cuando, tras efectuarse una evaluación exhaustiva del mismo y de la acción que llevó a cabo, exista base suficiente para concluir que, debido a su trastorno, es posible prever la comisión por aquél de nuevos delitos y que, por tanto, supone un peligro para la sociedad. 2.- En estos casos será de aplicación lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo anterior.
Artículo 100.
1. El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará lugar a que el Juez o Tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese evadido o en otro que corresponda a su estado.
Artículo 100. 1.- El Juez o Tribunal podrá acordar el internamiento en un centro de deshabituación del sujeto que haya cometido un delito a causa de su grave adicción al alcohol, a las drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, y se prevea que se pueda evitar así que
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_2. Si se tratare de otras medidas, el Juez o Tribunal podrá acordar la sustitución de la quebrantada por la de internamiento si ésta estuviese prevista para el supuesto de que se trate y si el quebrantamiento demostrase su necesidad.
- En ambos casos el Juez o Tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento. A estos efectos, no se considerará quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a someterse a tratamiento médico o a continuar un tratamiento médico inicialmente consentido. No obstante, el Juez o Tribunal podrá acordar la sustitución del tratamiento inicial o posteriormente rechazado por otra medida de entre las aplicables al supuesto de que se trate._
cometa nuevos delitos. Esta medida solamente se impondrá cuando existan indicios que permitan fundar la expectativa razonable de que el sujeto superará su adicción mediante el tratamiento o, al menos, de que durante un período de tiempo relevante no recaerá en el consumo de aquellas sustancias y no cometerá nuevos delitos motivados por el mismo. 2.- El tratamiento se llevará a cabo en un establecimiento especializado o, si resulta necesario, en un hospital psiquiátrico. En cualquier caso, su régimen y contenido se ajustará a las circunstancias concretas del sujeto y a su evolución. 3.- El internamiento en centro de deshabituación no podrá, por regla general, tener una duración superior a dos años. Este período comenzará a computarse desde el inicio del internamiento y podrá prorrogarse hasta el límite constituido por la duración de la privación de libertad teniendo en cuenta el abono en ésta del tiempo de ejecución de la medida.
Artículo 101.
_1. Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal conforme al número 1º del artículo 20 (alteración psíquica), se le podrá aplicar, si fuere necesaria, la medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie, o cualquier otra de las medidas previstas en el apartado 3, del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si hubiera sido declarado responsable el sujeto, y a tal efecto el Juez o Tribunal fijará en la sentencia ese límite máximo.
- El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de este Código._
Artículo 101. 1.- El Juez o Tribunal impondrán, además de la pena que corresponda, la custodia de seguridad del penado, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
- Que le haya sido impuesta una pena mínima de tres años impuesta por uno o varios de los siguientes delitos: a. Delitos contra la vida, la integridad física, la libertad, la libertad o indemnidad sexual. b. Tráfico de drogas. c. Delitos cometidos con violencia o intimidación sobre las personas, incluidos los delitos patrimoniales. d. Delitos contra la comunidad internacional. e. Delitos de riesgo catastrófico o de incendio. f. Delitos de terrorismo.
- Que hubiera sido anteriormente condenado por uno o varios de los delitos a que se refiere el apartado anterior a una pena mínima total de dos años, de la que hubiera extinguido ya en prisión al menos dieciocho meses. A estos efectos se entenderá cumplido en prisión todo el tiempo de cumplimiento efectivo de la pena, aunque lo hubiera sido en régimen abierto.
- Que exista un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión futura de alguno de los delitos a que se refiere el punto 1 de este apartado. Este pronóstico será derivado de la valoración conjunta de las circunstancias personales del penado, de los delitos cometidos por él, y de las circunstancias concurrentes en los mismos que pongan de manifiesto su tendencia a la comisión de esos delitos.
2.- También se impondrá, junto con la pena, la custodia de seguridad, cuando el penado lo haya sido a
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medida, el Juez o Tribunal, podrán acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la concesión de la libertad condicional conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado anterior. 3.- La custodia de seguridad se ejecutará después de la extinción de la pena de prisión impuesta. Antes de dar inicio a la ejecución de la custodia de seguridad, el Tribunal verificará si se mantienen las circunstancias que hicieron necesaria su imposición. Si el Tribunal resuelve que la ejecución de la custodia de seguridad no es necesaria, acordará su suspensión e impondrá una medida de libertad vigilada. 4.- Si se hubieran impuesto conjuntamente una pena de prisión y una medida de libertad vigilada, aquélla se ejecutará en primer lugar. 5.- Si hubieran transcurrido más de dos años desde la firmeza de la resolución en la que se hubiera impuesto una medida de internamiento de los arts. 98 ó 99 del Código Penal sin que se hubiera dado inicio a su ejecución, éste se condicionará a la verificación por el Juez o Tribunal de la concurrencia de los presupuestos que hacen necesaria la medida.
Artículo 103.
_1. A los que fueren declarados exentos de responsabilidad conforme al número 3º del artículo 20 (alteraciones en la percepción), se les podrá aplicar, si fuere necesaria, la medida de internamiento en un centro educativo especial o cualquier otra de las medidas previstas en el apartado 3, del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si el sujeto hubiera sido declarado responsable y, a tal efecto, el Juez o Tribunal fijará en la sentencia ese límite máximo.
- El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de este Código.
- En este supuesto, la propuesta a que se refiere el artículo 98 deberá hacerse al terminar cada curso o grado de enseñanza._
Artículo 103. 1.- El Juez o Tribunal podrá, en cualquier momento durante la ejecución de la medida, verificar si se mantienen las circunstancias que hicieron necesaria su imposición y adoptar alguna de las siguientes resoluciones: a) Mantener la ejecución de la medida de seguridad impuesta. b) Decretar el cese de la medida, cuando su finalidad haya sido conseguida y su ejecución ya no resulte necesaria. c) Suspender la ejecución de la medida. En este caso, se impondrá al sujeto una medida de libertad vigilada con una duración máxima de cinco años. 2.- El Juez o Tribunal deberán resolver conforme al apartado anterior con una periodicidad máxima semestral, en el caso del internamiento en centro de deshabituación; un año, en el caso del internamiento en centro psiquiátrico o de educación especial; y dos años, en el caso de la custodia de seguridad. 3.- El Juez o Tribunal podrán fijar, en su resolución, un plazo de revisión inferior; o podrán determinar un plazo, dentro del plazo máximo fijado en el apartado anterior, dentro del cual no se dará curso a las peticiones de revisión presentadas por la persona sujeta a la medida.
Artículo 103 bis. 1.- El Juez o Tribunal podrá revocar la suspensión de la ejecución de la medida privativa de libertad cuando ello resulte necesario para asegurar los fines de la medida a la vista de la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: a) El sometido a la medida cometa un nuevo delito.
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b) Incumplimiento grave de las obligaciones y condiciones que hubieran sido impuestas en la libertad vigilada. c) La persona sometida a la medida incumpla reiteradamente su deber de comparecer y facilitar información al funcionario encargado del seguimiento del cumplimiento de la medida. 2.- También podrá acordarse la revocación de la suspensión cuando se pongan de manifiesto circunstancias que habrían llevado a denegar la suspensión de la medida de haber sido conocidas en el momento en que ésta fue acordada, 3.- En el caso de la medida de internamiento en centro psiquiátrico, podrá acordarse también la revocación de la suspensión cuando durante el cumplimiento de la medida de libertad vigilada se pongan de manifiesto circunstancias que evidencien el riesgo de que la persona sujeta a la medida pueda cometer nuevos delitos. 4.- La duración del internamiento en su conjunto no podrá exceder del límite legal de duración máxima de la medida, sin perjuicio de que el mismo pudiera haber sido prorrogado conforme al artículo 98.3 de este Código. 5.- Ejecutada la medida de libertad vigilada sin que hubiera sido acordada la revocación de la suspensión, quedará extinguida la medida de internamiento inicialmente impuesta.
Artículo 103 ter. 1.- Si durante el cumplimiento de una medida de libertad vigilada que hubiera sido impuesta al suspenderse la ejecución de una medida de internamiento en centro psiquiátrico se pusiera de manifiesto un empeoramiento grave en la salud mental de la persona sujeta a la medida, el Juez o Tribunal podrán acordar, con la finalidad de evitar una revocación de la medida, su internamiento en un centro psiquiátrico por un plazo máximo de tres meses que podrá ser prorrogado por tres meses más. 2.- En este caso, la duración del internamiento en su conjunto tampoco podrá exceder del límite legal de duración máxima de la medida, sin perjuicio de que el mismo pudiera haber sido prorrogado conforme al artículo 98.3 de este Código.
Artículo 104.
1. En los supuestos de eximente incompleta en relación con los números 1º, 2º y 3º del artículo 20, el Juez o Tribunal podrá imponer, además de la pena correspondiente, las medidas previstas en los artículos 101, 102 y 103. No obstante, la medida de internamiento solo será aplicable cuando la pena impuesta sea privativa de libertad y su duración no podrá exceder de la de la pena prevista por el Código para el delito. Para su aplicación se observará lo dispuesto en el artículo 99.
Artículo 104. 1.- El Juez o Tribunal impondrán una medida de libertad vigilada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) La imposición de la medida de libertad vigilada esté prevista en la Ley penal para el delito cometido. b) Se haya impuesto al sujeto una pena prisión de más de un año de prisión. c) Se cumplan los requisitos de los números 2 y 3 del artículo 95.1 del Código Penal.
