IGUALDAD, DERECHOS Y
GARANTÍAS
PRÁTICA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 11
Señale si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones y argumente su respuesta:
1. La Constitución Española acoge un modelo de justicia constitucional difusa.
Falso. La Constitución Española esta basada en un modelo de justicia constitucional concentrado
ya que ésta le otorga al Tribunal Constitucional la facultad para aplicar (o en su caso inaplicar) o
interpretar la constitucionalidad de sus actos o de los ajenos, que sólo pertenece a su autoridad y
no es compartida con otras más, tal y como viene recogido dentro del Título IX “del Tribunal
Constitucional”.
2. La existencia de un Tribunal Constitucional para todo el Estado no permite la
configuración por los Estatutos de Tribunales Constitucionales en cada una de las
Comunidades Autónomas.
Verdadero. Debido al modelo constitucional del que dispone nuestro país, reconociendo al TC
como máximo intérprete de la Constitución, no sería necesario pues, la existencia de otros
Tribunales Constitucionales en cada Comunidad Autónoma para que pudieran entrar en conflicto
con sus resoluciones, ralentizando y mostrando un sistema judicial ineficiente.
Por ello, no es posible por los Estatutos de autonomía la configuración de Tribunales
Constitucionales particulares.
3. La justicia ordinaria no participa de ningún modo en el ejercicio del control de
constitucionalidad, pues éste corresponde en exclusiva y en régimen de monopolio al
Tribunal Constitucional.
Falso. El ejercicio de control de constitucionalidad no está reservado exclusivamente al Tribunal
Constitucional, así pues, tal y como lo establece el artículo 53.2 de la Constitución Española,
también estarán capacitados los tribuales ordinarios para ejercer tal control.
4. El Senado nombra a 4 magistrados del Tribunal Constitucional a propuesta de las
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, correspondiendo la decisión final
a aquél, pues puede alterar las propuestas autonómicas.
Verdadero. Tal y como lo establece la STC 49/2008 ante el recurso de inconstitucionalidad que
presentó el Partido Popular en contra de la LO 6/2007, de 24 de Mayo, de reforma de la LOTC.
Para el Tribunal Constitucional no cabe duda que la elección de los magistrados sigue
correspondiendo al Senado. En la resolución se destaca como el nuevo procedimiento consta de
dos fases: la facultad de los Parlamentos autonómicos de presentar candidatos a Magistrados, y
la elección final de los mismos, elección que compete al Senado, aunque deba realizarse entre los
candidatos propuestos por las Asambleas autonómicas.
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