LAURA SUSANA CARBALLO VELASCO
19.02.2019
LAURA CUADRADO MONTESDEOCA
GRUPO: J
CASO 3:
El Juzgado de Instrucción nº 2 de Calahorra remite al Juzgado de lo Penal nº 1 de la misma
localidad la causa Procedimiento Abreviado nº 274/10 en que son partes, el acusado D. Benito
(representado por el Procurador D. Julio Hernanz y defendido por la Letrada Dª. Jimena
Vázquez), y el Ministerio Fiscal. En su escrito de acusación el Ministerio Fiscal califica los
hechos como un delito de estafa del art. 250.1 del Código penal y solicitan dos años de
privación de libertad al estimar que concurre una atenuante.
CUESTIONES:
Todas las respuestas han de argumentarse jurídicamente. Si existen varias respuestas posibles,
deberán fundamentarse las diferentes hipótesis.
1. ¿Es competente el juzgado de lo penal?
Tal y como dispone el artículo 14.3 de la LECrim, “para el conocimiento y fallo de las causas
por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco
años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera otras de distinta naturaleza,
bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duración de éstas no exceda de diez
años, así como por delitos leves, sean o no incidentales, imputables a los autores de estos delitos
o a otras personas, cuando la comisión del delito leve o su prueba estuviesen relacionadas con
aquéllos, el Juez de lo Penal de la circunscripción donde el delito fue cometido, o el Juez de lo
Penal correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso,
o el Juez Central de lo Penal en el ámbito que le es propio, sin perjuicio de la competencia del
Juez de Instrucción de Guardia del lugar de comisión del delito para dictar sentencia de
conformidad, del Juez de Violencia sobre la Mujer competente en su caso, en los términos
establecidos en el artículo 801, así como de los Juzgados de Instrucción competentes para dictar
sentencia en el proceso por aceptación de decreto.”
2. ¿Si el juzgado de lo penal estima que no es competente que tendría que hacer?
Tal y como dispone el artículo 759.1 de la LECrim, “cuando un Tribunal o Juzgado rehusare el
conocimiento de una causa o reclamare el conocimiento de la que otro tuviere, y haya duda
acerca de cuál de ellos es el competente, si no resulta acuerdo a la primera comunicación que
con tal motivo se dirijan, pondrán el hecho, sin dilación, en conocimiento del superior
jerárquico, por medio de exposición razonada, para que dicho superior, tras oír al Fiscal y a las
partes personadas en comparecencia que se celebrará dentro de las veinticuatro horas siguientes,
decida en el acto lo que estime procedente, sin ulterior recurso.
Cuando la cuestión surja en la fase de instrucción, cada uno de los juzgados continuará
practicando en todo caso, hasta tanto se dirima definitivamente la controversia, las diligencias
conducentes a la comprobación del delito, a la averiguación e identificación de los posibles
culpables y a la protección de los ofendidos o perjudicados por el mismo, debiendo remitirse
recíprocamente ambos juzgados testimonio de lo actuado y comunicarse cuantas diligencias
practiquen”.
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