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A) PARTE TEST
- Al Gobierno le corresponde: D) Todas las respuestas son correctas
- El nombramiento del candidato a presidente del gobierno lo realiza: A) El rey a través del presidente del congreso de los diputados
- Tras la celebración de las elecciones generales, el rey, para proponer candidato a la presidencia del gobierno, suele realizar consultas: D) Ninguna respuesta es correcta
- La investidura del presidente del gobierno requiere: C) Mayoría absoluta en el congreso de los diputados y mayoría simple en el senado
- Transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato haya obtenido la confianza del congreso: B) El rey, con refrendo del presidente del congreso de los diputados, disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones
- El gobierno se compone de: B) El presidente, los vicepresidentes, en caso de existir, y los ministros.
- ¿Quién nombra y cesa a los vicepresidentes del gobierno y a los ministros? C) El jefe del estado a propuesta del presidente del gobierno.
- Corresponde al gobierno: D) Todas las respuestas son correctas.
- Son funciones propias del presidente del gobierno: A) Proponer al rey, previa deliberación del consejo de ministros, la disolución del congreso de los diputados, del senado o de las cortes generales, sin que sea preceptivo fijar una fecha para celebrar elecciones generales.
- Cuando se constituya una comisión delegada del gobierno: D) Todas las respuestas son correctas.
- Un gobierno en funciones podrá: C) Atender la gestión ordinaria de los asuntos públicos.
- En la ley de organización y funcionamiento de la administración del estado se desarrollan los principios generales que la constitución recoge para la actuación de las administraciones públicas. ¿Cuál de los siguientes principios de organización no está recogido en la citada ley? C) Subsidiariedad.
- Respecto a las administraciones públicas: C) El acceso a la función pública se hará de acuerdo con los principios de mérito y publicidad para garantizar la igualdad de oportunidades.
- Sobre las administraciones públicas: B) Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación de las administraciones públicas.
- La administración general del estado: C) Las competencias en materia de libertades públicas y seguridad ciudadana se ejercen directamente y de manera centralizada por el ministerio de interior.
- Respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad: A) Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
- El consejo de estado: D) Ninguna respuesta es correcta.
- Sobre la moción de censura: B) Habrá de incluir un candidato a la presidencia del gobierno.
- El procedimiento de investidura del presidente del gobierno debe iniciarse: D) Todas las respuestas son correctas.
- Durante la tramitación de una moción de censura: C) El gobierno no podrá presentar una propuesta de disolución del congreso de los diputados.
- Una moción de censura: B) Si es adoptada por el congreso de los diputados, el gobierno debe presentar su dimisión, procediéndose a nombrar al candidato propuesto como presidente del gobierno.
- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? B) La responsabilidad del gobierno se sustancia a través de cada uno de sus miembros ante el congreso de los diputados o ante el senado.
- ¿A quién corresponde declarar el estado de excepción? A) Al gobierno mediante decreto acordado en el consejo de ministros previa autorización del congreso de los diputados.
- La actuación de la administración pública está guiada por los principios de: D) Todas las respuestas son correctas.
- La creación, modificación y supresión de los órganos directivos de un Ministerio es competencia:
Constitución. Por otro lado, y mencionando las relaciones exteriores anteriores, el presente texto hace referencia también a la responsabilidad que tiene el gobierno respecto a estas. Se corresponde con esto el artículo 149 de la Constitución, que habla del Estado como competencia exclusiva sobre las relaciones internacionales. Además, el texto hace hincapié en los presupuestos generales, elaborados por el Estado y exclusivamente por este, que lo vemos en el artículo 134 de la Constitución. Y, por último, la organización de las fuerzas armadas, que según el artículo 8 de la Constitución, son las encargadas de defender a España en lo relativo a su integridad territorial y el ordenamiento constitucional, asegurándose de garantizar su soberanía e independencia. Por otro lado, considero que hay algunos ámbitos en los que no se debe deshacer algunas medidas adoptadas por gobiernos de ideologías distintas, por ejemplo, las que afectan a lo público como puede ser la educación. Esta ha pasado por varios gobiernos y si con el tiempo ha ido a mejor no debería de cambiarse radicalmente por un futuro gobierno que sea completamente distinto al que nos encontramos ahora. También opino que es importante no solo imponer las medidas que uno crea sino teniendo en cuenta lo que va a ser mejor para la sociedad y que si hay algo que se tiene que cambiar se pueda hacer, pero teniendo en cuenta la trayectoria que ha tenido antes y viendo si cambiándolo o no va a suponer un beneficio para la sociedad. Cuarto El hecho de que el consejo de estado sea adecuado para las comunidades autónomas depende de una serie de factores, como por ejemplo el grado de descentralización del país y las competencias que le son otorgadas a las comunidades autónomas. En nuestro caso, las comunidades autónomas tienen amplias competencias en distintos ámbitos y por ello, podría ser adecuado que cuenten con un órgano consultivo propio para asesorarlas. Esto, además, ayudaría a tener en cuenta las particularidades y necesidades de cada comunidad. En el caso de España, contamos con Cataluña, que cuenta con su propio consejo consultivo. Este se denomina “Consell de GarantiesEstatutàries”. Este consejo tiene competencias similares a las del Consejo de Estado en relación con la garantía del cumplimiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Este Consejo de Garantías Estatutarias se encarga de pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de las disposiciones normativas y los actos administrativos autonómicos, así como de resolver los conflictos de competencias entre los diferentes órganos de la Generalitat de Catalunya. Ahora bien, comparando estas competencias con las del consejo de estado podemos decir que ambos cumplen funciones de asesoramiento en el ámbito constitucional y de legalidad, pero, es cierto que el Consejo de Estado tiene un ámbito de actuación más amplio porque es el encargado de asesorar al gobierno central en temas que afectan a todo el país. En cambio, el Consell de Garanties Estatutàries está específicamente enfocado en velar por el cumplimiento del marco normativo y competencial de Cataluña. C) SUPUESTOS PARA RESOLVER Primero Aparte de los aspectos mencionados en el texto, nos encontramos con las funciones ejecutivas (el presidente del gobierno es el jefe del estado y es el encargado de dirigir la
administración pública y de asegurar el cumplimiento de las leyes); las relaciones internacionales también es otro papel fundamental del presidente del gobierno, dado que este no solo representa a España en el ámbito internacional, sino que también dirige la política exterior del país. Por otro lado, cuenta preside el Consejo de Ministros, que se trata del órgano de mayor relevancia a la hora de tomar las decisiones en el gobierno, y con ello, puede presidir otros consejos. Y, por último, el presidente es el líder del partido político y por ello, cuenta con un alto grado de legitimidad y respaldo político por parte del Congreso de los Diputados. En cuanto a si se trata de un pseudo presidencialismo, no lo es. Esto es así porque el término “pseudo-presidencialismo” se refiere a aquellos sistemas políticos en los que hay una gran influencia presidencial en un contexto parlamentario, pero, sin que el presidente tenga el mismo grado de autonomía y poder que en un sistema presidencialista puro. Así, en nuestro caso, el presidente tiene un papel destacado, pero se encuentra sujeto a ciertas limitaciones y contrapesos institucionales, como por ejemplo la responsabilidad política ante el Congreso de los Diputados, la necesidad de obtener la confianza parlamentaria y la existencia del monarca como jefe de Estado. Segundo En algunos casos, el aforamiento puede dificultar el acceso a la justicia para las personas que buscan presentar cargos contra un funcionario aforado. Esto es así debido a que los casos contra personas aforadas, como son los miembros del gobierno, a menudo son llevados directamente ante tribunales superiores, lo que puede limitar el proceso judicial y las oportunidades de apelación para los demandantes. Esto a su vez, puede percibirse como una forma de indefensión, ya que puede implicar una menor capacidad para impugnar decisiones judiciales o una mayor dificultad para obtener una revisión completa de un caso. Por otro parte, el aforamiento también puede interpretarse como un privilegio que otorga un tratamiento especial a ciertos funcionarios públicos en comparación con los ciudadanos comunes. Al ser juzgados por tribunales superiores, estos funcionarios pueden beneficiarse de una mayor protección legal y de procedimientos judiciales diferentes a los aplicados a la población general. Esto puede percibirse como una forma de privilegio que podría debilitar el principio de igualdad ante la ley. Respecto al estudio comparativo del aforamiento de los miembros del Poder Ejecutivo en otras constituciones europeas veamos dos ejemplos. En Francia, el presidente y los miembros del gobierno tienen inmunidad durante su mandato, lo que significa que no pueden ser procesados ni juzgados por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Cuando dejan el cargo, pueden ser juzgados por tribunales ordinarios. En cambio, En Alemania, los miembros del gobierno federal y del parlamento tienen inmunidad parlamentaria, que los protege de ser procesados o arrestados por sus opiniones o votos en el desempeño de sus funciones parlamentarias. Sin embargo, esta inmunidad puede ser levantada por el parlamento en casos de investigaciones penales. Tercero La estructura del Gobierno se aprueba mediante una ley orgánica. Así, vemos que la estructura del Gobierno está regulada por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
tiene el poder de vetar proyectos de ley aprobados por el Congreso y, este, a su vez, puede anular ese veto con una mayoría cualificada. Es cierto que, de igual modo que en el sistema parlamentario, el Congreso puede llevar a cabo un control sobre el poder ejecutivo, pero se diferencian en la forma que se llevan a cabo estas investigaciones y el grado de influencia que tiene el presidente. Sexto En nuestro caso, el rey no tiene un papel activo a la hora de formular propuestas para el presidente del gobierno. Así, la Constitución establece que el rey tiene un papel representativo con una serie de funciones limitadas por dicho texto constitucional. En España, la propuesta para presidente del gobierno surge del partido político que alcanza la mayoría en el Congreso de los Diputados, siendo ese líder del partido quien presenta al candidato a la investidura como presidente del gobierno. Por tanto, ese nombramiento les corresponde a los partidos políticos. Séptimo En caso de incumplimiento del Código de Buen Gobierno por parte de un miembro del gobierno, el Consejo de Ministros podría tomar medidas como emitir una advertencia formar al miembro que ha infringido el Código de Buen Gobierno, señalando la naturaleza del incumplimiento y solicitando que se corrija el comportamiento. Además, el Consejo de Ministros podría imponerle sanciones internas, como la suspensión temporal de sus funciones o la pérdida de ciertos privilegios o responsabilidades. En los casos graves, el miembro del gobierno podría ser instado a renunciar voluntariamente a su cargo o ser destituido por el Consejo de Ministros. Por último, si el incumplimiento del Código de Buen Gobierno implica actividades ilegales, el Consejo de Ministros podría tomar medidas legales, como presentar denuncias ante los tribunales competentes. Partiendo del punto de que aprobar un Código de Buen Gobierno es una medida importante para promover la ética, transparencia y la responsabilidad en la gestión pública, y que, además, contribuye a fortalecer la democracia y a mejorar la calidad de la gobernanza, podemos decir que es fundamental por los siguientes motivos. En primer lugar, conlleva a un aumento de la confianza pública, dado que un Código de Buen Gobierno establece estándares claros de conducta para los funcionarios públicos, lo que ayuda a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales y en el sistema democrático en su conjunto. En segundo lugar, es un mecanismo para prevenir la corrupción porque proporciona pautas claras sobre cómo deben comportarse los funcionarios públicos, lo que ayuda a prevenir las prácticas corruptas y a promover la integridad en el ejercicio del poder. Además, mejora la eficiencia y eficacia al establecer normas de conducta ética y transparente, garantizando que se tomen decisiones basadas en el interés general y no en intereses personales o partidistas. Y, por último, un Código de Buen Gobierno establece mecanismos para evaluar el desempeño de los funcionarios públicos y para responsabilizarlos por sus acciones, lo que fortalece la rendición de cuentas y la supervisión democrática del gobierno. Octavo Hay que tener en cuenta la separación de funciones que hace la Constitución. En lo referente al mando supremo de las fuerzas armadas, el rey ostenta el título de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, de manera que tiene una posición representativa como jefe de las fuerzas militares. Este es un papel simbólico y constitucional, por tanto, no implica un control directo
sobre las operaciones militares o la gestión cotidiana de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, el gobierno tiene la responsabilidad de dirigir la Administración militar, que incluye la formulación de políticas relacionadas con la defensa nacional, la organización y administración de las Fuerzas Armadas y su supervisión de funcionamiento y gestión. Las Fuerzas Armadas forman parte de la Administración militar. Esta última engloba todas las estructuras organizativas, recursos y personal relacionado con la defensa nacional y las actividades militares, incluyendo las Fuerzas Armadas. Estas constituyen el componente operativo y táctico de la Administración militar. Noveno El presidente del gobierno no está legalmente obligado a consultar con el Jefe de Estado sobre cambios en la composición del Consejo de Ministros. Así, el artículo 98 de la CE establece que la designación y cese de los miembros del gobierno corresponde al presidente del gobierno, que actúa bajo su propia responsabilidad. Ahora bien, el presidente si quiere proceder a los nombramientos no necesita una cuestión de confianza. Esta es un procedimiento que se utiliza para someter la continuidad del gobierno a la confianza del Congreso de los Diputados, pero no está relacionado con los nombramientos del Consejo de Ministros. La presentación de una cuestión de confianza sería necesaria en caso de que el presidente del gobierno considerase que su posición está en riesgo y buscase reafirmar el apoyo del Congreso. Décimo La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados debe ir tramitando el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para que esté aprobado antes del último día del año. Según el artículo 134 de la CE, estos presupuestos deben estar aprobados antes del comienzo del nuevo ejercicio económico. Por tanto, el proceso de tramitación parlamentaria del proyecto de ley debe completarse antes del 31 de diciembre del año en curso para que los nuevos presupuestos entren en vigor el 1 de enero del año siguiente. Ahora bien, el gobierno sí podría aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, incluso si después de las elecciones generales el nuevo gobierno fuese de ideología diferente. La elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado es una función propia del gobierno en funciones, que tiene plena capacidad de adoptar decisiones en asuntos de trámite ordinario durante su mandato. No solo eso, sino que, los presupuestos son una herramienta esencial para la gestión económica del país y deben ser aprobados anualmente para garantizar la continuidad de los servicios públicos y la estabilidad financiera del Estado. Por tanto, aunque el gobierno sea de ideología diferente está legalmente obligado a respetar los presupuestos aprobados por el gobierno saliente hasta que se aprueben los nuevos presupuestos. Pero es cierto que el nuevo gobierno puede proponer modificaciones a los presupuestos aprobados o presentar su propio proyecto de presupuesto una vez que asuma el cargo.
