Doble grado en Derecho y Administración y dirección de
empresas
Organización constitucional del Estado
Sesión 9ª 4 de noviembre de 2015 Grupo 40
Apellidos López Ferre
Nombre Elena NIU10033309
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Supuesto práctico sobre prerrogativas parlamentarias
Como asesor jurídico del Sr. Albur, redacte un informe que verse sobre
los siguientes puntos:
a) ¿Debe conocer del proceso penal contra su patrocinado el
Tribunal Supremo, a pesar de tratarse de hechos anteriores a su
elección como diputado?
Sí. Según el artículo 57 de la LOPJ el Tribunal Supremo conocerá:
“2.º. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del
Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y
del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional,
miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del
Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo,
Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales
Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal
Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros
del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que en su caso,
determinen los Estatutos de Autonomía.”
Por lo tanto, como no se refiere en este artículo a la exclusión temporal respecto al
conocimiento de la instrucción y enjuiciamiento de, en este caso los diputados (como
ocurre en el artículo 56), se sobreentiende que el Tribunal Supremo conocerá el
proceso penal del patrocinado aunque la causa hayan sido hechos ocurridos
anteriormente a su cargo.
b) ¿En qué momento debe pedir el Tribunal Supremo el suplicatorio?
En el artículo 71 de la CE, dentro de lo que se refiere a la inmunidad, definimos
suplicatorio como “Lo que en términos generales se denomina como suplicatorio no es
técnicamente sino el instrumento procesal en el que la autoridad judicial solicita a la
Cámara la autorización para proceder (art. 5 de la Ley de 9 de febrero de 1912 y art.
755 LECrim). Este instrumento procesal es de la máxima importancia por cuanto que
es el documento que desencadena el procedimiento para su tramitación previsto en los
Reglamentos de ambas Cámaras. Es precisamente sobre esta petición sobre la que se
pronuncian los Plenos.”
