SUPUESTO PRÁCTICO
Las sociedades mercantiles DATISA, con sede social en Madrid, y FOUCHARD,
domiciliada en París, concluyeron un contrato de compraventa de material plástico en el que
la empresa española intervenía como compradora y la francesa como vendedora. En el
contrato, que no contenía cláusula de resolución de controversias ni de elección de ley, las
partes acordaron que las obligaciones de entrega de la mercancía, pago de precio y
recepción habían de ser cumplidas en el establecimiento de la vendedora, radicado en
París.
Surgidas ciertas desavenencias entre las partes contratantes, FOUCHARD decide
demandar a DATISA ante los tribunales de París. Por figurar erróneamente en el escrito de
demanda el antiguo domicilio social de DATISA, el tribunal francés al que fue asignada la
demanda emplaza en él a la entidad demandada. El conserje de la finca recibe la cédula de
emplazamiento; pero no se la hace llegar a DATISA. En consecuencia, la representación de
la entidad demandada no comparece y es declarada en rebeldía.
Habiendo obtenido FOUCHARD una sentencia por la que se condena a DATISA al
pago de una indemnización por importe de 96.250,00 €, sus representantes legales deciden
solicitar el reconocimiento y la ejecución de dicha resolución en España.
CUESTIONES:
PRIMERA: Delimitar el concreto instrumento normativo por el que se regularía la
problemática de reconocimiento y ejecución suscitada.
SEGUNDA: ¿Podría la representación procesal de DATISA solicitar la denegación
del reconocimiento y la ejecución de la sentencia francesa alegando que no fue emplazada
en el proceso de origen? En caso afirmativo, ¿qué motivos de denegación y qué preceptos
podría invocar?
TERCERA: ¿Cuáles serían las soluciones de las dos cuestiones anteriores si
FOUCHARD fuese una empresa domiciliada en Argentina, el contrato debiera cumplirse
íntegramente en Argentina y el litigio hubiera sido resuelto declarada DATISA en rebeldía
por un tribunal argentino competente?
CUARTA: Para el supuesto de que la representación de FOUCHARD hubiera optado
por demandar a DATISA ante los tribunales de Madrid, ¿cuáles serían el instrumento
normativo regulador y el criterio en que se fundamentaría su competencia judicial
internacional?
