ERIKA ESTEVES SODRE GRUPO: B
MADRID 30 de oct. de 15
TEST:
1)C, 2)A, 3)D, 4)A, 5)B, 6)C, 7)D, 8)A, 9)D, 10)C, 11)D, 12)A, 13)C 14)A, 15)D,
16)D, 17)B, 18)D, 19)A, 20)C, 21)C, 22)C, 23)B, 24)B, 25)A.
Practica Tema 6
B) Textos para comentar
Primero_
a.
b. No inmediata vinculación y de no inmediato cumplimento hasta que sean
objetos de desarrollo por vía legal.
Segundo_
a. Dificultar que cada cambio de gobierno se puedan cambiar las leyes a su libre
voluntad.
b. Requieren de una mayoría cualificada, entendida como mayoría absoluta del
Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Tercero_
a. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar
disposiciones legislativas provisionales que tomaran forma de Decreto-leyes y
que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a
los derechos deberes y libertades de los ciudadanos, al régimen de las
comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.
b. El control sobre la constitucionalidad de los decretos-leyes compete al Tribunal
Constitucional, por tratarse de un "acto del Estado con fuerza de ley".
Para apreciar la concurrencia del presupuesto habilitante, el Tribunal no sólo
debe analizar las razones o motivos aducidos por el Gobierno durante la
aprobación de las medidas impugnadas, sino que también puede aceptar como
situación de necesidad la que haya sido reflejada durante los propios debates de
convalidación, trámite en el que se efectúa el control del presupuesto habilitante
del decreto-ley por el Parlamento, aun cuando no haya sido formalmente
incorporada a la exposición de motivos de la norma impugnada, sobre todo si
(...) aquélla queda cabalmente ratificada por otros datos existentes (STC
137/2003). La posibilidad de declarar inconstitucional un decreto-ley por
infringir el artículo 81 de la Constitución, regulando materia propia de ley
orgánica, aparece expresamente en el artículo 28.2 LOTC. El control del
Tribunal Constitucional, como indica la STC 29/1982, procede de la
competencia que le atribuyen los artículos 161.1.a CE y 27.2.d LOTC, debiendo
resolver en base a criterios estrictamente jurídico-constitucionales cimentados
sobre la necesidad de determinar, de una parte, si se han respetado o no los
requisitos exigidos en la Constitución para que el Gobierno pueda ejercitar la
potestad normativa excepcional de dictar decreto-ley, y de otra, si del contenido
material de la norma se deriva o no una violación de la Constitución.
El Tribunal Constitucional ha admitido la posibilidad de controlar:
• el decreto-ley no convalidado, porque pudo surtir efectos importantes durante
su vigencia.
