1) La suspensión de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Española tiene como
finalidad el mantenimiento o restablecimiento del orden público, una vez haya sido declarado el estado
de excepción o el de sitio.
2) En virtud del artículo 116 de la CE, párrafo tercero, será el Gobierno, mediante decreto acordado en
Consejo de Ministros y con autorización previa del Congreso de los Diputados, quien declare el estado
de excepción. Asimismo, se consigna que tanto la autorización como la proclamación de dicho estado
habrá de establecer en forma expresa sus efectos, duración (treinta días, prorrogables, en su caso, por
otro plazo igual) y ámbito territorial a que se extienda.
En la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, apartado
primero de su artículo 13, se determina que procederá la declaración del estado de excepción "cuando
el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las
instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro
aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades
ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo".
3) La declaración del estado de sitio, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 116 de la CE,
será propuesta por el Gobierno ante el Congreso de los Diputados, exigiendo para su aprobación la
mayoría absoluta de esta Cámara, quien determinará sus condiciones, así como el ámbito territorial y
la duración a que se extienda.
En cuanto a los supuestos que conllevan la declaración del estado de sitio respecta, el artículo 32,
párrafo primero, de la LO 4/1981, de 1 de junio, reza en los siguientes términos: "Cuando se produzca
o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de
España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros
medios".
4) A tenor del apartado primero del artículo 55 de la CE, los derechos del artículo 20 del mismo texto
que pueden suspenderse en los estados de excepción y sitio son los siguientes: 1, a) y d), y 5, esto es
respectivamente, los derechos "a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción"; " a comunicar o recibir
libremente información veraz por cualquier medio de difusión"; y al acuerdo de secuestrar única y
exclusivamente las "publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución
judicial".
En el mismo artículo y apartado se consigna que en los estados de excepción y sitio pueden, amén de
los derechos a que nos hemos referido en el párrafo precedente, suspenderse los derechos y las
libertades reconocidos en los artículos 17 (derecho a la libertad personal), 18, apartados 2 y 3
(derecho a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones), artículos 19 (libertad de
residencia y circulación en territorio nacional), 21 (derecho de reunión), 28, apartado 2 (derecho a la
huelga de los trabajadores), y artículo 37, apartado 2 (derecho de los trabajadores y empresarios a
adoptar conflictos laborales). Si bien, en el supuesto de que se declare el estado de excepción, se
exceptúa la suspensión de los derechos reconocidos en el apartado 3 del artículo 17, a saber:
información al detenido de sus derechos y razones de su detención en modo inmediato e inteligible;
libertad del detenido a no declarar; y asistencia de letrado al detenido en las diligencias policiales y
judiciales.
