TEMA 5: LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
1. De la negación al reconocimiento de la responsabilidad de la Administración
Pública.
La responsabilidad patrimonial puede ser contractual o extracontractual (o responsabilidad
aquiliana).
La responsabilidad contractual surge cuando el daño se ha producido por el incumplimiento de
un contrato, de las obligaciones nacidas de un contrato.
La responsabilidad extracontractual surge cuando se originan al margen de la existencia de una
relación jurídica singular, es decir, no hay contrato entre medias. Tiene lugar cuando por acción
u omisión se trasgrede el mandato general de no hacer daño a otros.
La responsabilidad extracontractual o aquiliana directa (es por hecho propio cuando por
acción u omisión se causa daño a un tercero) y la responsabilidad extracontractual o aquiliana
indirecta (cuando se causa un daño es el hecho de personas o cosas sobre las que se tienen el
deber de custodia).
La responsabilidad patrimonial en el código civil se recoge en los artículos 1902 y 1903.
La ley de expropiación forzosa es de 1954.
La ley 30/1992 en los artículos 139 y ss.
2. Fundamento y originalidad de la responsabilidad administrativa. La sustitución
de la noción de culpa por la lesión.
Con la responsabilidad no se pretende la indemnización de exclusivamente los daños ilegítimos,
que también, sino que exige exclusivamente la constatación de un daño voluntario o
involuntario. Cuando se construye la figura de la responsabilidad, al margen de la ilicitud, al
margen de la culpa, el fundamento se traslada al sujeto responsable de esa actuación y a la
garantía del patrimonio que sufre la lesión. El concepto de lesión es la base del sistema y la
identificación de la lesión permite distinguir y discernir si es aplicable o no la figura de la
responsabilidad patrimonial. La lesión, para ser resarcible, tiene que ser una lesión antijurídica,
no porque la conducta de la Administración o de su agente sea contraria a Derecho, sino en el
sentido de que aquél que sufre la lesión no tiene el deber jurídico de soportarla.
Este deber de soportar, de obligación de soportar, creada por la jurisprudencia es recogida de
manera listada por el número 1 del art. 141 LPA, según el precepto sólo serán indemnizables las
lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de
soportar. De lo que se trata es de que no concurran causas de justificación que legitimen el
perjuicio de que se trata, es decir, siempre que no haya la imposición de un deber jurídico, por
parte del ciudadano, para soportar esa lesión. Producida la lesión, objetiva, antijurídica, surge el
deber de resarcir. Cuando la responsabilidad procede, se parte siempre de un concepto técnico
de lesión. La lesión ha de consistir en un perjuicio patrimonialmente evaluable, no han de
concurrir causas de justificación y que la responsabilidad del daño se impute no al propio sujeto
que sufre el daño, sino a una tercera persona, en este caso la Administración pública.
Así lo dice el número 2 del art. 139 LPA, cuando dispone que en todo caso el daño alegado
habría de ser efectivo, evaluable económicamente e indemnizable, bien referido a una persona
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