Sentencia STC 133/2010, de 2 de diciembre de 2010
Resuma el proceso acontecido hasta llegar a esta sentencia.
La sentencia trata sobre las alegaciones de los recurrentes, Antonio Gómez Linares, doña María
Socorro Sánchez Martín, don Florián Macarro Romero y doña Anabelle Gosselint, los cuales
exponen que sus hijos reciben una educación completa en su propio domicilio y que la
educación que reciben es más adecuada que la que se imparte en los centros públicos o
privados. El Ministerio Fiscal alega como se establece en el art. 27 CE que existe un derecho
universal a la educación y que esa educación es obligatoria hasta los 16 años y gratuita en su
nivel básico. Dicha enseñanza está disponible para todos los españoles y en el caso de que
estuviesen descontentos con la enseñanza pública podrían crear un centro docente acorde con
sus convicciones morales y religiosas, pero sin incumplir preceptos constitucionales y legales.
Sin olvidar que España mediante un conjunto de tratados internacionales (Declaración Universal
de Derechos Humanos, Convención de los Derechos del Niño y otros) define la enseñanza
básica como obligatoria. El Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Coín dictó Sentencia el 5
de mayo de 2003, ordenando a los demandantes de amparo que escolarizasen a sus hijos
menores de edad. El órgano judicial afirma que la exclusión del sistema oficial puede generar a
los menores serios problemas en su desarrollo futuro, además esta Sentencia fue recurrida en
apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga. Al respecto, la Sala afirmó que la
escolarización estaba integrada en el concepto básico de derecho a la educación. En su demanda
de amparo los recurrentes alegan, la vulneración del derecho a la tutela judicial retomando la
denuncia de incongruencia extra petita que se produce cuando el órgano judicial concede algo
no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los
litigantes e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la
resolución judicial y los términos en los que las partes formularon sus pretensiones también
oponen la vulneración del derecho a la no discriminación por razón de nacionalidad, puesto que
alguno de los recurrentes en amparo, que no son de nacionalidad española, tienen reconocido en
su país de origen el derecho a la enseñanza domiciliaria. La sentencia concluye con la decisión
del Tribunal Constitucional el cual, deniega el amparo solicitado.
Derechos implicados: Derecho de educación y el ejercicio de la libertad de enseñanza.
Organos implicados: Tribunal Constitucional, Ministerio fiscal, Juzgado de Primera Instancia
núm. 2 de Coín, Audiencia Provincial de Málaga.
1) ¿En qué se concreta, según el TC, el contenido de la libertad de enseñanza consagrada
en el segundo enunciado del 27.1 de la Constitución? ¿Ampara esta libertad el derecho de
los padres a educar a sus hijos al margen del sistema escolar reconocido por el Estado?
En relación con la libertad de enseñanza el tribunal reconoce el derecho de los padres por el
artículo 27.1 CE que establece que “Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la
libertad de enseñanza” y que habilita a estos a formar libremente a sus hijos, fuera del horario
escolar y sin perjuicio del cumplimiento de su deber de escolarización. Por lo que se refiere al
derecho de los menores a la educación en su sentido de derecho de libertad, entiende el tribunal
que este, no alcanza a proteger la decisión de los padres a no escolarizar a sus hijos, pero si
pudiendo determinar que tipo de educación quieren para los hijos y en qué centro serán
escolarizados de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales.
2) ¿Según esta sentencia, estarían amparadas por el 27.3 de la Constitución, las
preferencias pedagógicas que puedan tener los progenitores?
