¡Descarga Responsabilidad del Estado en casos de muerte de reclusos y detenidos y más Apuntes en PDF de Derecho solo en Docsity!
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 08001-23-31-000-2005-00796-01(46120)
Actor: MARÍA ELVIRA HENAO DE SOSA Y OTROS
Demandado: RAMA JUDICIAL Y OTROS
Los hechos de la demanda se remontan al 2005, donde n la Cárcel Distrital para Varones de Barranquilla, falleció, supuestamente por ahorcamiento, el señor Richard Sosa Henao, A juicio de los actores, al margen de la causa de la muerte del interno –suicidio u homicidio
La demanda fue aceptada, por parte de los demandados señalaron que no les asistía responsabilidad alguna pues aunque la cárcel se encontraba vinculada a ellos no era de su responsabilidad pues el señor Richard Sosa Henao falleció en un establecimiento carcelario que se encontraba a cargo del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, ente territorial al que le correspondía la dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de ese centro de reclusión.
En la primera instancia el juez denegó las pretensiones de los demandantes en virtud de que considero que:
“Así las cosas, no se puede determinar la presunta responsabilidad del Estado, toda vez que el daño causado no fue consecuencia de una acción, una omisión o la actuación tardía de la administración, sino que éste se produjo por causa diferentes a la prestación de algún tipo de servicio del orden estatal, cual fue, la culpa exclusiva de la víctima; en este orden de ideas, de la prueba trasladada del proceso penal así como las arrimadas a esta actuación, no se pueden establecer los móviles que llevaron al señor Sosa Henao a tomar tal decision, por tanto no puede determinare que la misma haya sido provocada por las entidades demandadas o que habiendo este exteriorizado su intención de suicidarse, no se hubiera hecho nada por evitarlo.
“Al compás de lo antes expuesto, resalta la Sala el hecho de que el suicido fue una completa sorpresa tanto para las autoridades encargadas de la vigilancia y seguridad del penal así como para los demás reclusos, es decir, fue un evento rápido y espontáneo que no dio tiempo para que éstos reaccionaran, tomándose ese acto en irresistible e imprevisible por las circunstancia en que incurrió el siniestro (…)” 21.
Apelación
Al respecto, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha definido el contenido y el alcance de tales relaciones; así, por ejemplo, mediante sentencia T-687 del 8 de agosto de 2003, señaló:
“ Doctrina constitucional acerca de las relaciones de especial sujeción. “De la existencia, identificación y régimen de las llamadas “relaciones especiales de sujeción”^54 entre los reclusos y el Estado (las autoridades penitenciarias), la Corte ha extraído importantes consecuencias jurídicas que la Sala procederá a reiterar en función de la ilustración del caso bajo estudio.
“ De la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala identifica seis elementos característicos que procederá a relacionar así: las relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación 55 de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial 56 (controles disciplinarios^57 y administrativos^58 especiales y posibilidad de limitar 59 el ejercicio de derechos, incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado 60 por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad 61 del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización). (v) Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales 62 (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser 63 especialmente garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar^64 de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).
vulnerar o poner en peligro los derechos que no hayan sido limitados con la medida cautelar.
“ (…).
“ En este orden de ideas, considera la Sala que las obligaciones de abstenerse de causar cualquier limitación a los derechos de las personas que no estén implicados dentro de la medida cautelar, así como las de prever y controlar cualquier acto que redunde en perjuicio de los retenidos son de resultado, pues la probabilidad de lograr la eficacia en el cumplimiento de la obligación es alta.
Por encontrar que efectivamente el estado había incurrido en una falta al no tener el debido cuidado del recluso, se revoco la sentencia de primera instancia y se concedieron las pretensiones.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., Veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 66001-23-31-002-2006-00616-00(35920)
Actor: MARÍA BERNARDA MARTÍNEZ DE USMA Y OTROS
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL
En esta sentencia tratan los hechos de una presunta muerte de una señora al interior de una estación de policía la misma fue encontrada ahorcada en su celda.
En primera instancia se resolvió favorable para las victimas en virtud de lo anterior:
“Estimó que aun cuando se demostró que la joven Yamileth Usma
Martínez fue maltratada y golpeado por los uniformados encargados de
su custodia en la estación de policía, lo cierto es que no se acreditó que
su homicidio por asfixia se hubiera perpetrado por los mismos policiales,
cuestión que en todo caso no obstaba para despachar favorablemente
las súplicas de la demanda por cuanto a la institución demandada le
correspondía devolver la detenida a la sociedad en las mismas
condiciones en que había ingresado, es decir, con vida”.
El consejo analiza el caso en varios puntos el que mas se resalta para el
caso que nos corresponde es el siguiente
1. de la declaratoria de responsabilidad del Estado en cabeza de la
Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional por haber
incurrido en grave vulneración de los derechos humanos de la
víctima
En efecto, sacando provecho de la condición de inferioridad en que se
encontraba la detenida, circunstancia determinada por el mismo estado
de reclusión y por el hecho de ser una mujer que además presentaba
cierto grado de embriaguez y, por ende, no gozaba en ese momento del
uso pleno de sus facultades, la maltrataron, le propinaron golpes en su
rostro con el único móvil aparente de acallar sus constantes y molestas
protestas derivadas de su aprehensión y, tras no conseguirlo, optaron por
reducirla, sujetarla y ceñir una reata alrededor de su cuello hasta
causarle la muerte por asfixia mecánica, al cabo de lo cual pretendieron
desfigurar la escena del crimen y pasarlo bajo el velo de un suicidio.
