Recursos Administrativos: Alzada, Reposición y Económico-Administrativas | Apuntes de Derecho Administrativo

TEMA 4

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1. RECURSOS ORDINARIOS

A) RECURSO DE ALZADA

Este recurso es un recurso típicamente jerárquico y es la forma ordinaria de agotar la vía

administrativa. Se regula en los arts. 121 y 122 LPAC.

En cuanto al OBJETO, el art. 121 LPAC señala que podrán ser impugnados las resoluciones y

actos definitivos o de trámite cualificado cuando no pongan fin a la vía administrativa. Sobre

esto, la ley en su art. 114 LPAC establece cuáles son estos actos sensu contrario porque aquí

señala los actos que sí que ponen fin a la vía administrativa y que por tanto no son impugnables

por recurso de alzada. Éstos son:

-Resoluciones de los recursos de alzada: ya ponen fin a la vía administrativa

(históricamente se podía interponer el recurso de alzada hasta agotar toda la jerarquía ,

si no no se entendía agotada la vía administrativa. Sin embargo, ahora la ley entiende

que una sola alzada agota la vía administrativa).

-Resoluciones de los procedimientos sustitutivos : conciliaciones, arbitrajes, mediaciones...

-Resoluciones de los órganos que carecen de superior jerárquico: la resolución del

alcaide, del consejo de ministros, del pleno...

-Convenios que terminen un procedimiento

-Resoluciones del procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial

-Resoluciones de procedimientos complementarios a los sancionadores

-Demás resoluciones que establezca la ley

Lógicamente, después, al margen de esta previsión, cada AP establece cuáles son los órganos

que en su organización agotan o no la vía administrativa.

-En lo que se refiere a la Administración General del Estado ese art. 114.2 establece los

órganos que agotan la vía administrativa: ministros, miembros del gobierno...

-En materia autonómica hay que estar a las leyes correspondientes, en el caso de CyL al

art. 62 de la ley de gobierno de 2001.

-En materia local, a la ley de bases del régimen local

En cuanto a los ÓRGANOS COMPETENTES PARA RESOLVER LOS RECURSOS, el art. 121

LPAC establece que el recurso de alzada lo resuelve el superior jerárquico. De ordinario, no

plantearía mayores problemas aunque con frecuencia nos encontraremos con situaciones en las

que no está claro cuál es el superior jerárquico a los efectos del recurso.

En todo caso, hay una serie de reglas especiales en la ley en algunos casos:

-En el caso de órganos con autonomía funcional: pensamos en tribunales de oposiciones.

Ahí, el superior jerárquico se entiende que es el órgano que nombró al presidente.

-Cuando se impugna un acto por entender que el reglamento en el que se basa es ilegal,

el superior jerárquico que resuelve es el autor del reglamento.

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TEMA 4

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1. RECURSOS ORDINARIOS

A) RECURSO DE ALZADA

Este recurso es un recurso típicamente jerárquico y es la forma ordinaria de agotar la vía administrativa. Se regula en los arts. 121 y 122 LPAC. En cuanto al OBJETO , el art. 121 LPAC señala que podrán ser impugnados las resoluciones y actos definitivos o de trámite cualificado cuando no pongan fin a la vía administrativa. Sobre esto, la ley en su art. 114 LPAC establece cuáles son estos actos sensu contrario porque aquí señala los actos que sí que ponen fin a la vía administrativa y que por tanto no son impugnables por recurso de alzada. Éstos son:

Resoluciones de los recursos de alzada: ya ponen fin a la vía administrativa (históricamente se podía interponer el recurso de alzada hasta agotar toda la jerarquía , si no no se entendía agotada la vía administrativa. Sin embargo, ahora la ley entiende que una sola alzada agota la vía administrativa).
Resoluciones de los procedimientos sustitutivos: conciliaciones, arbitrajes, mediaciones...
Resoluciones de los órganos que carecen de superior jerárquico: la resolución del alcaide, del consejo de ministros, del pleno...
Convenios que terminen un procedimiento
Resoluciones del procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial
Resoluciones de procedimientos complementarios a los sancionadores
Demás resoluciones que establezca la ley Lógicamente, después, al margen de esta previsión, cada AP establece cuáles son los órganos que en su organización agotan o no la vía administrativa.
En lo que se refiere a la Administración General del Estado ese art. 114.2 establece los órganos que agotan la vía administrativa: ministros, miembros del gobierno...
En materia autonómica hay que estar a las leyes correspondientes, en el caso de CyL al art. 62 de la ley de gobierno de 2001.
En materia local, a la ley de bases del régimen local En cuanto a los ÓRGANOS COMPETENTES PARA RESOLVER LOS RECURSOS , el art. 121 LPAC establece que el recurso de alzada lo resuelve el superior jerárquico. De ordinario, no plantearía mayores problemas aunque con frecuencia nos encontraremos con situaciones en las que no está claro cuál es el superior jerárquico a los efectos del recurso. En todo caso, hay una serie de reglas especiales en la ley en algunos casos:
En el caso de órganos con autonomía funcional: pensamos en tribunales de oposiciones. Ahí, el superior jerárquico se entiende que es el órgano que nombró al presidente.
Cuando se impugna un acto por entender que el reglamento en el que se basa es ilegal, el superior jerárquico que resuelve es el autor del reglamento.

En todo caso, la competencia para resolver el recurso de alzada no es delegable en el órgano que dicto el acto administrativo recurrido porque eso supondría convertir un recurso de alzada en uno de reposición. El desconocimiento del órgano al que se debe dirigir la alzada no plantea mayor problema porque el error en la calificación no es obstáculo para la tramitación y porque la ley permite que el recurso de alzada se interponga ante el superior jerárquico o ante el mismo órgano que dictó el acto, el cual deberá enviar el expediente al órgano competente. Con lo cual, el administrado queda liberado de conocer los entresijos de la organización administrativa. Basta con que se interponga ante el órgano que dictó el acto recurrido para que lo remite al órgano competente que sí que sabe quién es el superior jerárquico. En cuanto a los PLAZOS , el art. 122 LPAC dice que son 1 mes para la interposición y 3 meses para la resolución. Transcurridos esos 3 meses sin responder, el silencio es negativo, salvo que el recurso de alzada se haya interpuesto frente a un acto presunto. Un detalle importante introducido por la ley que no tiene efectos es que no se establece plazo para impugnar actos presuntos. Es decir, mientras la AP no resuelva expresamente el procedimiento que sea y, por tanto, no dicte un acto expreso, siempre seguirá abierta la vía del recurso de alzada. En cuanto a la llamada ‘ ’ALZADA IMPROPIA’’ es un recurso administrativo que no regula la ley del 39 y que se interpone contra actos de una AP ante la organización o administración de tutela. Es decir, no es un recurso inter orgánico, sino inter subjetivo. Por ejemplo, el acto administrativo de una Camara de Comercio se interpone ante la consejería de industria, la cual tiene que resolver el recurso. Estos recursos de alzada impropia se da incluso entre administraciones autónomas en los casos de competencias delegadas. Por lo tanto, si la AP del Estado, delega (no transfiere) el solo ejercicio de una competencia en municipios y en el ejercicio de esas competencias, los municipios dicta actos supuestamente ilegales, el recurso administrativo contra esos actos no lo resuelve el municipio, sino la administración delegante, en este caso la del Estado. Por lo tanto, el ejercicio de esas competencias puede ser impugnado en vía de alzada impropia (art. 27. LBRL). Con mas dificultad se podría plantear el recurso de alzada impropio ante actos dictados en competencias delegadas del Estado en las CC.AA pero más difícilmente.

B) RECURSO DE REPOSICIÓN

Este recurso ya no es previo al contencioso-administrativo. Es decir, a diferencia del recurso de alzada que debe ser interpuesto para poder acudir a la vía contenciosa, el recurso de reposición actualmente es potestativo. Por lo tanto, los afectados por un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa, podrán bien plantear un recurso de reposición o bien, alternativamente, podrán acudir directamente a la vía contenciosa. Así, en cuanto al OBJETO , los actos susceptibles de recurso de reposición son los que ponen fin a la vía administrativa pero la ley prohibe que los actos que hayan resuelto una alzada, puedan ser nuevamente recurridos en reposición. Así lo señala el art. 122 párrafo 3º LPAC. El ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER EL RECURSO es el mismo órgano que dictó el acto. El PLAZO es 1 mes para la interposición y 1 mes para la resolución. El plazo de resolución es inferior al de alzada porque este recurso ya ha resuelto el procedimiento.

Lógicamente, cuando se resuelve este recurso, la resolución no solo debe aludir a la existencia de los supuestos tasados que permiten la impugnación si no que debe entrar al fondo y, por tanto, anular en su caso el acto administrativo impugnado. En todo caso, se trata de un recurso muy poco utilizado como consecuencia del mayor uso y las mayores ventajas de la acción de nulidad con la que coincide en bastante medida en cuanto al supuesto de hecho.

3. RECURSOS ESPECIALES: EN PARTICULAR LAS RECLAMACIONES

ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

La reclamación económico-administrativa es un recurso administrativo que se plantea en la materia tributaria, en general en relación con las actuaciones de Hacienda. Por tanto, dentro de la materia, se incluyen no solo los actos de gestión de los tributos del Estado sino también la imposición de sanciones tributarias. En general, las reclamaciones económico-administrativas, se dirigen frente a actos de la Administración Estatal, aunque también puede referirse a actos de las administraciones autonómicas en la gestión de tributos cedidos por el Estado a las mismas. Ahora bien, no caben las reclamaciones económico-administrativas frente a actos de gestión tributaria local. El art. 108 LBRL se modificó en su momento porque se entendía que esta reclamación económico-administrativa en materia local era contraria a la autonomía local y, por lo tanto, esta reclamación en el ámbito local ha sido sustituida por un recurso de reposición no potestativo sino obligatorio frente a los actos locales de gestión tributaria. Este recurso de reposición, una vez resuelto abre la vía del contencioso y, se exceptúa del carácter obligatorio a las grandes ciudades, los grandes municipios regulados en la Ley, los cuales disponen de este recurso de reposición pero con carácter potestativo. Una peculiaridad del recurso económico-administrativo es que no solo son impugnables actos administrativos definitivos o de tramite cualificado sino también son impugnables los actos de los administrados vinculados a los procedimientos tributarios (ej: auto liquidaciones, retenciones, etc). En cuanto a la ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA , lo más característico de este recurso es que es resuelto por los llamados ‘’tribunales económico-administrativos’’ que pueden ser:

Centrales
Regionales o exclusivamente locales
Locales para Ceuta y Melilla. Estos tribunales no forman parte de la jurisdicción a pesar del nombre, sino que son órganos administrativos. Ahora bien, gozan de autonomía funcional y orgánica no formando parte de la AP activa. Su única misión es el control de legalidad y para ello no están sometidos a la jerarquía ni a las directrices que puedan marcar los órganos superiores con competencias en materia de Hacienda. En general, son tribunales que funcionan bien y aceptablemente rápidos. Por otro lado, hay otros recursos especiales por razón de la materia, como los contractuales que han sido modificados por la última directiva.

4. REFERENCIA A LAS RECLAMACIONES PREVIAS A LA VÍA CIVIL Y

LABORAL

Las reclamaciones previas estaban reguladas en los arts. 120 a 126 de la LPAC 30/1992. Constituyen una técnica que tiene su origen en un Reglamento de 1847 y que se ha mantenido prácticamente hasta hoy. Estas reclamaciones previas estaban diseñadas de tal manera que cualquier demanda judicial en vía civil o laboral contra la AP debía ir precedida por una reclamación administrativa a la misma AP para que tuviese la oportunidad de pronunciarse sobre el contenido de esa reclamación. Inicialmente esta técnica se justificó para facilitar la transacción. Se decía que se creaban para que la AP pudiera transigir en materia civil con los reclamantes y evitar de esa manera un juicio. Pero en la práctica ha venido siendo un auténtico privilegio de la AP que lo único que producía era un retraso en el acceso a la vía judicial. Ya los jueces civiles, pero sobre todo los laborales, habían ido reconociendo la posibilidad de subsanar la ausencia de reclamación durante el propio juicio. En la práctica era una técnica criticada por la unanimidad de la doctrina, con lo cual con buen criterio, la LPAC vigente la elimina.

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1. RECURSOS ORDINARIOS

A) RECURSO DE ALZADA

B) RECURSO DE REPOSICIÓN

3. RECURSOS ESPECIALES: EN PARTICULAR LAS RECLAMACIONES

ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

4. REFERENCIA A LAS RECLAMACIONES PREVIAS A LA VÍA CIVIL Y

LABORAL