IV.- El Derecho y el Estado (Ana Sánchez Urrutia)
1.- El Estado de Derecho Los elementos definitorios del Estado arrancan de la construcción del
Estado de Derecho a partir de las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII. La revolución
francesa y la americana dan formalmente las pautas de una construcción política alternativa al
Estado Absoluto. Aunque el contexto en que se dan ambos movimientos revolucionarios es
matizable, éstos se centran en la concepción de que el poder político no es ilimitado y que
corresponde a los representantes del pueblo o de la nación crear las reglas que constriñan la
acción del poder político. La finalidad de esta limitación será la de garantizar un ámbito de
libertad a los ciudadanos.
Sin embargo, las revoluciones liberales no implicaban la construcción de un Estado
democrático. El derecho de sufragio, es decir, el derecho a elegir representantes, estaba
limitado por motivos de rentas o de posición social. Aún más, el derecho estaba restringido al
sufragio pasivo, es decir, el derecho a ser elegido miembro del parlamento. Sólo a finales del
siglo XIX el Estado liberal de derecho se torna democrático a partir de la generalización del
sufragio masculino. El sufragio universal, en este contexto, significaba que todo ciudadano
mayor de edad tenía derecho al sufragio activo. En la segunda década del siglo XX se inicia el
proceso real de universalización del sufragio con el reconocimiento paulatino del sufragio
femenino en los diversos Estados.
El advenimiento de una representación más plural en el seno del Estado, hace evidente que la
concepción liberal de la ciudadanía como única y abstracta, entra en crisis. Los ciudadanos no
son una masa uniforme y abstracta con voluntad única sino que suponen una suma de
intereses y objetivos, los cuales en muchos casos entran en conflicto. La sociedad uniforme
deviene plural y se caracteriza por su diversidad. Los mecanismos democráticos deben
fundarse en la participación política y en el reconocimiento de la diversidad de los ciudadanos.
La Constitución política del Estado tiene como función principal el canalizar el conflicto de
forma que lo diverso y lo plural se concilien en la acción común del Estado.
El Estado de Derecho supone la limitación del poder por medio de las leyes. Su formulación a
partir de las revoluciones liberales pretende la racionalización del poder político. El Estado de
Derecho es una construcción del liberalismo de ruptura con el Estado absoluto (Monarquía
absoluta). Su finalidad es el aseguramiento de un ámbito de libertad al ciudadano que se
pretende conseguir a través de la distribución racional del poder y el imperio de la ley.
De la idea de soberanía popular se desprende la existencia de una sociedad plural compuesta
por individuos y colectivos con intereses y objetivos diversos, que participan en la acción de
estado a través de los mecanismos operados y previstos en la Constitución política del Estado.
La racionalización del poder político a través del control de las normas está orientada al fin
propugnado por las revoluciones liberales: reconocer el derecho a la libertad e igualdad de los
ciudadanos y por tanto la dignidad de la persona. Para conseguir esta limitación el poder debe
estar limitado por la Ley, que expresa la voluntad general y es aprobada por el Parlamento
conformado por los representantes de los ciudadanos. A la vez, el poder se distribuye
racionalmente a través de la separación de poderes. Es decir, el poder no está concentrado en
el monarca sino que se distribuye entre los órganos legislativo, judicial y ejecutivo.
