Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional es un órgano de justicia constitucional por excelencia, no de justicia
ordinaria, ya que de eso se ocupa el Poder Judicial, la justicia ordinaria. La justicia ordinaria
también es intérprete de la Constitución en España.
El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Existen otros
intérpretes constitucionales en el organigrama judicial de menor rango. Esto se expresa en los
arts. 159-165 C.E y Disposición Transitaría novena y la LO TC 2/1979 de 3 de Octubre y sus
sucesivas reformas.
El Tribunal Constitucional es único en su orden y con jurisdicción en todo el territorio
nacional, ejerciendo las competencias definidas en el artículo 161 CE.
Las competencias del TC se relacionan en el art. 161 CE, desarrolladas en el art. 2.1 de su LO.
Se trata de una enumeración abierta, con expresa previsión de que el TC conocerá de las demás
materias que le atribuyan la CE o las LOs.
El sistema de competencias jurisdiccionales atribuidas en la cualidad al TC es el siguiente:
A) Control de constitucionalidad de normas con tanto de ley, sean del Estado o de las
Comunidades Autónomas:
Este control se realiza a través del recurso de inconstitucionalidad y de la cuestión de
inconstitucionalidad. El primero es un recurso directo y abstracto, promovido por el presidente
del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados o senadores y los gobiernos y parlamentos
autonómicos. De ellos conocen el Pleno y las 2 salas del Tribunal.
B) Recurso de amparo por violación de los derechos y libertades recogidos en el art. 53.2 de la
CE:
La garantía de las libertades y derechos jurisdiccionales de las personas está encomendada, en
primer lugar, a jueces y Tribunales integrados en el Poder Judicial, a través de las vías y
recursos que ofrecen las leyes procesales; si bien la CE ha establecido un sistema específico y
último de tutela de tales derechos, el recurso de amparo constitucional, que ha residenciado en
el TC. De esta manera, el TC, se configura como órgano jurisdiccional superior en materia de
garantías constitucionales y por ende, último garante de los derechos y libertades fundamentales
reconocidas en la Constitución.
C) Conflictos constitucionales:
Ente el Estado y una o más Comunidades Autónomas entre sí o bien entre órganos
constitucionales.
D) Conflictos en defensa de la autonomía local:
Promovido por municipios y provincias con ocasión de leyes o normas con rango de ley, tanto
estatales como autonómicas, que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada,
su resolución corresponde al Pleno.
E) Control previo de constitucionalidad o de tratados internacionales:
