Ona Cormand Tena
20385153
Exposición de motivos de la STC 31/1981
Don J.C.V. presentó un recurso de amparo contra la Sentencia de 16 de octubre de
1979 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona y contra el Auto
de 14 de julio de 1980 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
La Sentencia 31/1981 del 28 de julio fue emitida por la Sala Primera del Tribunal
Constitucional. El demandado solicita la nulidad de ambas decisiones, su reposición
en el derecho a no ser procesado y una compensación adecuada, argumentando
que violan el artículo 24 de la Constitución.
Se indica en los antecedentes del caso que don J.C.V. fue juzgado por un delito de
robo y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona lo condenó a una pena
de prisión menor, accesorias y costas. El recurrente sostiene que la única prueba en
su contra fue su confesión ante la policía, que se hizo sin la presencia de un
abogado defensor, y contradice las declaraciones del juez instructor. Además,
argumenta que la Sentencia no aborda el tema de las posibles coacciones o torturas
policiales utilizadas para obtener la confesión, lo cual limita la posibilidad de revisión
del Tribunal Supremo.
El 5 de agosto de 1980, se presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de
amparo en el que el recurrente solicitó la suspensión de la ejecución de las
resoluciones en cuestión. Esta solicitud, sin embargo, fue rechazada. El demandado
sostiene que la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona viola su derecho
a un proceso con todas las garantías y el principio de presunción de inocencia,
mientras que el Auto del Tribunal Supremo establece principios opuestos a la
Constitución.
El Ministerio Fiscal destaca que el recurrente no invocó formalmente la violación del
artículo 24 de la Constitución en las etapas procesales anteriores y no agotó todos
los recursos judiciales disponibles. Además, señala que la falta de asistencia de un
abogado defensor solo ocurrió durante la declaración ante la policía, sin violar
ninguna ley vigente en ese momento, y que la valoración de la prueba corresponde
al Tribunal competente. Según el Fiscal General, la Sentencia de la Audiencia
